Los abogados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) levantaron actas notariales, como ordena la ley, para registrar la afectación en los servicios de salud de la huelga de este jueves.
La protesta dejó como saldo, al menos 23 cirugías suspendidas y 612 funcionarios que abandonaron sus labores en servicios críticos como quirófanos, aseo, Nutrición y ropería.
Wady Vega Solís, jefe del área de Gestión Notarial de la Caja, confirmó la visita a diferentes hospitales para levantar actas, que serán remitidas a instancias judiciales para ordenar a los huelguistas reincorporarse a sus labores.
Datos preliminares revelan afectación de diferentes servicios en los hospitales Calderón Guardia, Nacional de Niños, y San Juan de Dios, que fueron los que registraron más empleados en la protesta convocada por los sindicatos.
También paralizaron labores en el área de salud Desamparados 1 y 2, el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), el área de salud Tibás-Uruca-Merced, el Hospital Nacional Psiquiátrico y el área de salud de Alajuelita.
Solo en el Hospital Nacional de Niños se dejaron de hacer 20 operaciones de las 26 programadas, informó la directora médica, Olga Arguedas Arguedas. Las cirugías canceladas se reprogramarán a partir de este viernes.
En el hospital Calderón Guardia se sumaron a la suspensión de labores personal de Aseo, Vigilancia, Ropería, Nutrición y salas de cirugía.
Sin embargo, según Taciano Lemos Pires, director general, los pacientes no fueron afectados ni en consulta externa, con sus citas con especialistas, ni en el área quirúrgica, porque las cirugías electivas se suspendieron por trabajos de mantenimiento en los ductos de aire, programados con anticipación.
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La alimentación de pacientes internados y la entrega de medicamentos en la farmacia central se mantuvo, aunque con un tiempo de espera mayor. Estos retrasos también se registraron en el servicio de ropería.
Por su parte, en el Hospital San Juan de Dios suspendieron labores en Enfermería y Radiología.
María Eugenia Villalta Bonilla, directora del San Juan, aseguró que, a pesar de lo anterior, se laboró con normalidad. Solo fue necesario suspender tres cirugías.
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En los otros servicios se aplicaron diversos planes de contingencia para garantizar la continuidad, como ordenaron las autoridades de la Gerencia Médica de la Caja, la tarde del miércoles.
Cumplimiento con retraso
Wady Vega asegura que la institución garantizó este jueves el respeto de lo dispuesto en la ley No. 9808, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, para que, en el caso de servicios esenciales, se proceda con las acciones administrativas y judiciales que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 375 bis del Código de Trabajo.
En dos protestas similares, en julio anterior, la CCSS omitió hacer lo que le manda la ley: solicitar a jueces de Trabajo que ordenaran la reincorporación de los funcionarios a sus tareas.
A pesar de la afectación demostrada en los servicios de salud, el proceso nunca se cumplió, según denunció un reportaje de La Nación.
También ignoró gestionar el rebajo salarial por las horas no trabajadas, como lo exige esa legislación aprobada en enero del 2020.
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Las omisiones fueron aceptadas este 17 de agosto por Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, ante una consulta del diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides.
“No hubo un ejercicio de solicitud ante la jurisdicción laboral, tendiente a procurar una orden de reincorporación a labores de los funcionarios partícipes de los movimientos de los días 7 y 14 de julio, conforme corresponde a la norma vigente”, reconoció el jerarca en el oficio PE-2754-2021.
La legislación establece que, en el caso de los servicios esenciales, el patrono debe solicitar al Juzgado de Trabajo, en un plazo de 24 horas, la emisión de una orden a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus tareas.
En los servicios esenciales, como son los hospitales y donde están prohibidas las huelgas, el patrono no debe pagar el tiempo no laborado.
La Gerencia General de la CCSS le pidió a la Auditoría Interna indagar si los funcionarios a cargo de los departamentos afectados por las huelgas incumplieron sus deberes.