El 14 de julio, 210 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se unieron a una huelga contra la ley de empleo público, pese a que una ley prohíbe estos movimientos en servicios públicos esenciales, como los hospitales. La ausencia de personal paralizó 20 quirófanos, obligó a reprogramar 35 cirugías y afectó servicios esenciales en hospitales y laboratorios.

Una semana antes, el 7 de julio, 130 huelguistas forzaron la suspensión de 21 cirugías de pacientes de ginecología, ortopedia, cirugía de tórax, cirugía vascular, oftalmología y cirugía cardíaca en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. También obstaculizaron funciones en el Hospital de Niños y dos clínicas de San José.

En ambos casos, la CCSS contabilizó a los huelguistas y envió comunicados de prensa sobre la interrupción de labores, pero omitió hacer lo que le manda la ley: solicitarles a jueces de trabajo que ordenaran la reincorporación de los funcionarios a sus tareas.

También ignoró gestionar el rebajo salarial por las horas no trabajadas, como se lo exige la Ley Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, de enero del 2020.

Las omisiones fueron aceptadas este 17 de agosto por Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, ante una consulta del diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides.

“No hubo un ejercicio de solicitud ante la jurisdicción laboral, tendiente a procurar una orden de reincorporación a labores de los funcionarios partícipes de los movimientos de los días 7 y 14 de julio, conforme corresponde a la norma vigente”, reconoció Macaya en el oficio PE-2754-2021.

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El diputado, quien fue uno de los principales impulsores de la ley, solicitó, desde el 15 de julio, el detalle de las acciones tomadas por la Caja ante los juzgados para obligar a la reincorporación de funcionarios y el estado de los rebajos salariales. Sin embargo, no obtuvo una respuesta concreta.

Ante esa situación, Benavides presentó, el 11 de agosto, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para obtener la información requerida. La oficina de prensa de la Sala Constitucional confirmó la recepción del recurso y aseguró que está en trámite.

Finalmente, este martes 17 de agosto, el jerarca de la CCSS aceptó por escrito el descuido.

¿Qué dice la ley?

Copiado!

La legislación establece que, en el caso de los servicios esenciales, el patrono debe solicitar, en un plazo de 24 horas, al juzgado de trabajo, la emisión de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores.

También indica que en los servicios esenciales, como son los hospitales y donde están prohibidas las huelgas, el patrono debe proceder al no pago del tiempo no laborado.

Ante la omisión, la Gerencia General de la CCSS le pidió a la Auditoría Interna indagar si los funcionarios a cargo de los departamentos afectados por las huelgas incumplieron sus deberes.

De acuerdo con el oficio enviado por Macaya a Benavides, los gerentes a cargo de las áreas afectadas son Mario Ruiz Cubillo, gerente médico, y Esteban Vega de la O, gerente de Logística.

Además, según Macaya, el martes 17 de agosto realizó una reunión virtual con gerentes y el director jurídico para reiterar “la relevancia de cumplir con el principio de legalidad”, es decir, cumplir con la ley.

La Nación envió, el lunes pasado, consultas a la CCSS sobre este tema, pero no han sido contestadas.

‘Dejarlos sin servicios es inhumano’

“Mi preocupación fundamental es la salud de la gente. Las personas que acuden a los hospitales públicos, a los hospitales de la Caja, son personas que no pueden pagar servicios en la medicina privada. Dejarlos sin servicios es inhumano”, declaró Benavides.

Añadió que no se puede permitir que las autoridades de la Caja incumplan con sus obligaciones y toleren la paralización de servicios vitales.

“El fin primordial de la ley de regulación de las huelgas al prohibir ese tipo de movimiento en los servicios esenciales era proteger la vida y la salud de los costarricenses. Por eso, es que no podemos permitir que las autoridades que están obligadas a evitarlo, se desvinculen de sus responsabilidades”-

‘La legislación es clarísima’

Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional y coimpulsora de la ley, también se mostró molesta.

“A todas luces hay un incumplimiento por parte de los funcionarios a cargo de seguir los procedimientos establecidos en la ley. La legislación es clarísima en los pasos que cada jerarca debe seguir en caso de una huelga en servicios esenciales, como lo son los servicios hospitalarios.

“Yo lamento que se tenga que recurrir a presentar recursos de amparo para que los jerarcas se vean obligados a cumplir con una ley vigente, es un mandato claro y bajo ninguna circunstancia se debería incumplir”, agregó.

La congresista calificó como sorprendente el hecho de que la CCSS contabilice los huelguistas y emita comunicados de prensa al respecto, pero ignore cumplir con lo que le ordena la ley.

“Sorprendente es un término que se queda corto. No es posible que se haga recolección de datos a lo interno para ver qué servicios están suspendidos, cuántas cirugías fueron afectadas, cuántos trabajadores están en huelga y que olviden hacer el trámite respectivo para hacer valer los rebajos de salario”, enfatizó León.

La diputada por la provincia de Limón dijo que, a partir de estos hechos, analizarán si presentan una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de incumplimiento de deberes por parte de los gerentes de la CCSS que debían gestionar lo que manda la ley.

Benavides agregó que informará a la Contraloría General de la República sobre las omisiones en la CCSS porque se trata de ejecución de recursos públicos.

Las justificaciones

Copiado!

¿Por qué el gerente Médico, Mario Ruiz Cubillo, y el gerente de Logística, Esteban Vega de la O, no solicitaron a los juzgados de trabajo la reincorporación de los trabajadores a sus funciones y procedieron al rebajo de las horas no laboradas?

El oficio GG-2687-2021, firmado el 16 de agosto por el gerente general, Roberto Cervantes, permite ver algunas de las justificaciones expuestas.

En el caso de Ruiz, manifestó que los centros médicos tomaron previsiones para asegurar la continuidad de los servicios y que su despacho se enteró, a través de “información de medios y redes sociales”, que la huelga tardó menos de 24 horas.

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Argumentó, además, que mientras transcurría el plazo de ley para presentar la solicitud a los jueces el movimiento de protesta finalizó y los trabajadores regresaron a sus puestos el día siguiente.

Por último, alegó que para proceder con el rebajo de salarios primero se debe hacer una consulta ante la Dirección Jurídica y que la ley para la regulación de huelgas está impugnada por medio de una acción de inconstitucionalidad presentada en abril por dirigentes sindicales.

No obstante, Macaya admitió en su respuesta al diputado liberacionista que ese hecho no es un obstáculo para cumplir con la ley, pues la misma Sala IV, dijo, “también reconoce que ello no obsta para que la Administración actúe a través de los mecanismos legales vigentes”.

Por su parte, Vega afirmó que cumplió con remitir los reportes sobre la afectación de la huelga.

“(...) Se considera que esta Gerencia de manera oportuna gestionó según el alcance que tiene, ante la instancia competente en materia de diligencias judiciales en la Institución lo relativo al cumplimiento de la normativa apuntada por el legislador”, expresó Vega en un escrito dirigido a la Gerencia General.

Ahora, será la Auditoría Interna la que deberá definir si los funcionarios involucrados cometieron faltas a sus deberes y determinar si procede la apertura de procedimientos disciplinarios y eventuales sanciones.