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El salario base de un chofer en el sector público puede variar hasta en un 75% según la institución para la que se trabaje.
Mientras un conductor del Ministerio de Salud empieza con un sueldo de ¢299.000, en la Universidad Nacional (UNA) su salario inicial sería de ¢522.000.
En el caso de un cargo secretarial, una persona en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) empieza ganando ¢343.000, pero en el mismo puesto, en el Poder Judicial, devengaría ¢475.800, casi un 40% más.
Asimismo, un policía del Ministerio de Seguridad entra a laborar con un salario de poco más de ¢342.000, mientras que uno de la Municipalidad de San José comienza con ¢500.000. Esto representa una disparidad del 46%.
Así lo exponen datos recabados por el Ministerio de Planificación (Mideplán), los cuales fueron mostrados a los diputados por la ministra de esa cartera, Pilar Garrido.
FUENTE: MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN E INFORME DE OCDE EXPUESTO POR MIDEPLÁN A DIPUTADOSI || INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.
Esas disparidades, afirmó Garrido, forman parte de lo que se intenta corregir con el proyecto de ley de reforma al empleo público, el se discute en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa
Esa iniciativa pretende equiparar salarios en el sector público bajo el concepto de “a igual trabajo, igual salario”.
Para ello, el plan plantea la creación de ocho familias de puestos: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del servicio exterior y de confianza.
La idea es que mediante una reforma legal, el Estado les otorgue a los futuros funcionarios públicos salarios competitivos y equitativos entre instituciones, sin necesidad de los pluses que hoy aumentan exponencialmente el gasto público conforme pasan los años, como ocurre con el pago por anualidades.
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La ministra Garrido sostuvo que si a esas comparaciones se agregara el efecto de los pluses sobre los salarios base, las brechas actuales “podrían ser incluso más dramáticas”.
"El propósito de mostrar salarios base es para que ustedes puedan observar que desde la raíz, desde esta base salarial, hay diferencias importantes en puestos similares”, expresó.
Garrido también citó el estudio de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad a la que Costa Rica ingresó recientemente, el cual señala que en el sector público costarricense existen 260 incentivos que agravan esas diferencias.
De esos incentivos, 60 obedecen a recargos de funciones, 41 fueron colocados en la categoría de “otros”, 38 se otorgan por especialidad profesional, 18 por ampliación de jornada y 17 por peligrosidad.
Asimismo, 13 incentivos corresponden a la profesionalización académica, 12 a los años de servicio, 12 se brindan por desempeño, 10 por incentivos médicos, ocho por tener puesto de jefatura, cinco por ajuste de salario, cinco por disponibilidad, cinco por restricción al ejercicio liberal de la profesión, cinco por riesgo administrativo, cinco por zonaje-desarraigo, cuatro por carrera profesional y dos por arraigo.
Dicho informe de la OCDE, citado por la jerarca, expone que “la determinación del salario en Costa Rica es un asunto complejo".
En Costa Rica, los salarios públicos consumían el 50% de los ingresos corrientes del gobierno en el 2018, mientras que en entre los países integrantes de la OCDE, el promedio está cerca del 25%.
Así ocurre pese a que el empleo público representa menos de un 15% de la fuerza laboral.
La alta remuneración del sector público se origina en un régimen salarial sumamente fragmentado, dice la Organización.
“Para muchos de los puestos de responsabilidad, el salario base representa tan solo 20% del salario total. El sistema de pluses, bonificaciones y asignaciones agregado al salario base permite a las organizaciones aumentar el pago a través de medios que son menos transparentes y controlables”, añade el informe del organismo.
Ante la misma Comisión de Gobierno y Administración, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República consideraron que el sistema de ocho familias, propuesto por el Mideplán, no contribuye a eliminar las disparidades.
No obstante, Garrido insistió en defender la idea.
La Contraloría pidió que la eventual reforma legal sea más agresiva e, incluso, cubra a instituciones que hoy están en competencia como el ICE, el INS y los bancos.
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