Esteban Oviedo. 2 octubre, 2019
La última huelga en la CCSS, que terminó con un acuerdo con los sindicatos, versó sobre el pago de pluses. En la imagen, el presidente de la institución, Román Macaya, muestra el acerdo. Foto: Rafael Pacheco
La última huelga en la CCSS, que terminó con un acuerdo con los sindicatos, versó sobre el pago de pluses. En la imagen, el presidente de la institución, Román Macaya, muestra el acerdo. Foto: Rafael Pacheco

Un criterio de la Procuraduría General de la República, emitido este 1.° de octubre, confirma que los incentivos médicos que la CCSS paga a sus funcionarios deben adecuarse a las medidas de ahorro establecidas por la reforma fiscal.

Es decir, con la entrada en vigencia de la ley, en diciembre del 2018, estos pluses ya no deben otorgarse como porcentajes del salario, sino como montos nominales fijos. La medida fue introducida en el artículo 54 con el fin de evitar el crecimiento exponencial del gasto en estos rubros.

Así se lo expuso el procurador Julio César Mesén Montoya en el oficio C-281-2019 ante una consulta enviada por la ministra de Planificación, Pilar Garrido Gonzalo, desde el 24 de julio.

La disputa sobre la forma de pago de estos pluses fue el meollo de la huelga que los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) efectuaron en agosto pasado.

Los gremios demandaban que los pluses se siguieran pagando como porcentajes alegando que así lo acordaron con el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, en un documento firmado en febrero de este año.

Para terminar la huelga, el 12 de agosto, las autoridades de la Caja y del gobierno aceptaron seguir pagando los incentivos con la fórmula anterior mientras iniciaban un proceso para solicitar la lesividad del acuerdo de febrero ante los tribunales de justicia.

Un estudio de la propia CCSS estimó que ese acuerdo le costaría unos ¢3.500 millones solo en el primer año.

No obstante, el 5 de setiembre la Contraloría General de la República le ordenó a la Junta Directiva de la CCSS ajustar el pago de pluses conforme a la reforma fiscal e ignorar los acuerdos firmados con los sindicatos, al considerar que estos no son actos administrativos.

El 10 de setiembre, los directivos decidieron acatar la orden de la Contraloría.

La Procuraduría explicó que las últimas reformas efectuadas a la Ley de Salarios de la Administración Pública “privan sobre cualquier otra disposición de rango legal (o interior) preexistente que regule la materia, incluida la Ley de Incentivos Médicos”.

“Por ello, la remuneración de los funcionarios a los que se refiere la última de las leyes citadas (la de Incentivos Médicos) debe adecuarse a los parámetros generales establecidos” en la reforma fiscal.

Sobre la base

Adicionalmente, la Procuraduría señaló que esos incentivos porcentuales deben transformarse en montos fijos con base en el salario base que cada funcionario tenía en enero del 2018.

Esta aclaración es importante en la CCSS porque varios de los incentivos salariales de esta institución se calculaban sobre el salario más pluses, no sobre el salario base.

Por ejemplo, más de 7.000 funcionarios reciben un 22% extra sobre el sueldo base más incentivos por carrera hospitalaria, mientras 2.500 reciben otro 22% en las mismas condiciones por laborar en consulta externa.

Actualmente, la CCSS distribuye ¢541.000 millones en pluses entre sus 57.000 funcionarios. Entre el 2010 y el 2018, el costo de los incentivos creció un 25% por encima de la inflación, mientras que los salarios base solo subieron un 15,6%.

El crecimiento de los pluses se explica, en buena parte, porque 19 de estos incentivos se pagan como porcentajes del salario, sin necesidad de una evaluación de desempeño.

Unos 7.650 profesionales en ciencias médicas reciben un 17% adicional sobre el salario base por trabajar en la CCSS, mientras 11.000 enfermeros reciben otro complemento salarial equivalente a un 15%.

Una ley sobre otra

El procurador Mesén explicó que, cuando dos leyes regulan lo mismo de manera diferente, priva la que fue emitida de último.

Ahora, si una de las dos es una ley especial, la regla es que esta prive sobre la general, pero existen excepciones y una de estas ocurre cuando la intención del legislador es que una norma general posterior se imponga sobre una especial anterior.

Y, en el caso de la reforma fiscal, dice el criterio, la intención del legislador “fue la de establecer parámetros generales aplicables a la totalidad de las relaciones de empleo del sector público, sector que incluye tanto la Administración Central, como la descentralizada, con independencia del grado de autonomía de cada institución, o del tipo de servicios que se prestan al Estado”.