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El proyecto de ley que reduciría hasta en un 50% el impuesto a la propiedad de vehículos, en el marchamo del 2022, incluye dos concesiones adicionales para autobuseros y taxistas.
El expediente 22.519 incluiría dos rebajas en los cánones de regulación.
A autobuseros se les reduciría en un 50% el canon que deben pagar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Adicionalmente, a los autobuseros les bajaría en un 16,79% el canon del Consejo de Transporte Público (CTP).
En cuanto a los taxistas, se les bajaría a la mitad tanto el canon de la Aresep como el del CTP.
El plan lo impulsan la diputada de Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, el independiente Dragos Dolanescu y otros congresistas.
Este medio intentó consultar a la jefa de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, si su bancada también apoya el descuento en los cánones de regulación, pero no fue posible obtener una respuesta.
En tanto, la jefa del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, manifestó que el proyecto está lleno de propuestas populistas que responden a sectores de interés muy bien estipulados: taxistas y autobuseros.
Alegó que, al final, las rebajas se deben cobrar por otro lado, sea aumentando la deuda pública o reduciendo la inversión en infraestructura.
“Responde a lógicas meramente electoreras y no a criterios de responsabilidad con los que se ha cobijado la oposición durante mucho tiempo”, dijo la oficialista.
En la exposición de motivos, el proyecto solo hace referencia al descuento en los cánones de CTP y Aresep para los taxis.
El texto alega que la medida es necesaria por la competencia que han generado las plataformas como Uber y Didi, que cuyos asociados no están obligados a pagar seguros adicionales ni revisiones técnicas semestrales.
En el caso del beneficio para los autobuseros, el proyecto no justifica por qué se les incluye en el descuento.
La justificación solo dice que se rebajará el canon regulatorio “a consecuencia de la emergencia nacional declarada por la pandemia”.
En el plenario, por el momento está frenada una moción para dispensar de todos los trámites ese proyecto y darle un trámite acelerado.
Esa es una propuesta de varios legisladores, entre ellos el independiente Jonathan Prendas, el jefe de Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank; y el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca.
Este lunes 6 de setiembre, llegó al Congreso un criterio de la Aresep sobre el proyecto, donde advierte del fuerte golpe a sus ingresos si la iniciativa legal se aprueba nuevamente, este año.
El oficio, firmado por el secretario de la Junta Directiva de la Aresep, Alfredo Cordero, calcula en ¢2.318 millones el golpe para la institución por la aprobación de la rebaja en los cánones.
“El canon de regulación es la única fuente de financiamiento de la Autoridad Reguladora (...) con el fin de mantener el efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas, mantener independencia y autonomía, y evitar una posible captura del ente regulador”, dice la nota.
De hecho, la Aresep recordó que impugnó, ante la Sala Constitucional, el transitorio XI incluido en la ley aprobada para el marchamo del 2021, que también redujo los cánones de regulación.
También, la Autoridad Reguladora hizo gestiones ante el Tribunal Constitucional contra la ley 9980 que la obligó a hacer descuentos en el canon de regulación del 2020.
Ambas gestiones están aún sin resolver.
En tanto, la jefa del PAC manifestó que no hay ningún fundamento técnico para tomar esa decisión. Agregó que no se ha querido recibir las audiencias de las instituciones afectadas en una comisión dictaminadora.
De hecho, si se aprobara la dispensa de los trámites legislativos, ese paso de las audiencias no se realizaría.
“No se cuenta con ningún tipo de información que alimente ese criterio, que se constante alguna afectación, que se le ponga valor, que tenga sustento o información cierta”, apuntó Guido.
