Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) acordaron, este lunes, apoyar el proyecto de ley que reduciría el marchamo del 2022 (expediente 22.519), pese a que incrementaría el déficit fiscal en unos ¢60.000 millones.
El texto lo impulsan la verdiblanca Franggi Nicolás, el independiente Dragos Dolanescu y otros congresistas.
El respaldo liberacionista lo anunciaron, por separado, la jefa de fracción del PLN, María José Corrales, y la diputada Nicolás.
“Liberación Nacional apoya la rebaja del marchamo y va a buscar una ruta que sea equilibrada con nuestras finanzas públicas y que venga a tender la mano a tantas personas que se han visto afectadas con esta pandemia, con tantas limitaciones de tránsito que hemos visto a lo largo de estos meses”, dijo la jefa del PLN.
Corrales no confirmó si su bancada dará los votos necesarios para dispensar este proyecto de trámites.
Sin embargo, Nicolás dijo que Liberación sí dará los votos para tramitar el proyecto por una ruta expedita.
“Ya somos seis las fracciones que hemos decidido apoyar la vía rápida, conscientes todos de la importancia de darle este alivio económico a miles de costarricenses al cierre de este año”, declaró la puntarenense.
El 19 de agosto, el Ministerio de Hacienda hizo un “vehemente llamado” a los diputados para que no aprobaran la iniciativa, al advertir de que implica una disminución en la recaudación de impuestos “en contra del esfuerzo de consolidación fiscal que realiza el país para estabilizar las finanzas públicas”.
El ministro, Elian Villegas, explicó que ese tipo de medidas impacta la disponibilidad de recursos para programas prioritarios hacia la población y “afectaría negativamente la meta de recaudación incluida en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional”.
Hacienda estimó que el golpe a las finanzas públicas sería de ¢60.200 millones y que eso iría directamente al déficit, lo que obligará al Ejecutivo a buscar nuevas fuentes de ingresos para compensar el faltante.
En la moción que plantea la dispensa de los trámites parlamentarios del proyecto, según lo permite el artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, aún no hay ninguna firma de algún legislador verdiblanco, según lo confirmó el independiente Jonathan Prendas.
La dispensa de trámites implica que un proyecto queda eximido de su estudio en una comisión dictaminadora y se conoce directamente en el plenario del Congreso, donde se le pueden presentar mociones de fondo, antes de que se discuta y vote en el primer debate.
Específicamente, el proyecto de “alivio en el pago del marchamo 2022″ plantea una rebaja del 50% en el impuesto sobre la propiedad de vehículos para los autos particulares con un valor fiscal de hasta ¢7 millones y los de carga liviana de hasta ¢15 millones (vehículos de trabajo), así como los de carga pesada, busetas y autobuses, de turismo, maquinaria agrícola, los de renta car y servicio público.
En el caso de los vehículos particulares con valor fiscal entre los ¢7 millones y los ¢15 millones, la reducción del pago será de hasta un 25%, mientras que a los automotores entre los ¢10 millones y los ¢15 millones se les aplicará una reducción del 15%.
La propuesta implica que los propietarios de naves, buques y aeronaves tengan que cancelar el total del impuesto sobre la propiedad de los vehículos para el 2022.
A las motocicletas con un valor fiscal menor a ¢1 millón, les aplicarán una exoneración del impuesto al valor agregado en el cobro del marchamo.
Al igual que el año pasado, se incluye una prohibición para aplicar ese beneficio a ciertos funcionarios públicos, sus cónyuges o convivientes, así como los vehículos registrados a nombre de personas jurídicas en que participen esos funcionarios.
Se trata del presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros, viceministros, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones; contralora general y subcontralor, la defensora y defensor adjunto, los jerarcas de las diferentes superintendencias, miembros de juntas directivas de los bancos del Estado y de instituciones públicas, alcaldes, vicealcaldes e intendentes.
La moción para acelerar el trámite del proyecto tiene firmas de varios legisladores independientes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN) y de Restauración Nacional (PRN).