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La ministra de Planificación, Pilar Garrido, argumentó que la reforma al empleo público, que se discute en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, carece de vicios de constitucionalidad.
En audiencia en este foro, Garrido mantuvo esa postura ante la constante preocupación de los diputados de que el proyecto se desplome en la Sala IV por posibles violaciones de autonomías.
David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN), mencionó que “por esta comisión han venido expertos versados, respetados en este país y nos han dicho que este proyecto reiteradamente tiene roces de constitucionalidad en diferentes artículos”.
Frente a esto, la ministra aseguró que “ha quedado claro que las autonomías están en función de las competencias esencialmente que les fueron asignadas por el constituyente; aquí no existen dentro de esas (competencias) las que se referencian al empleo público”.
Garrido rescató que el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, quien compareció en la comisión el 4 de agosto, señaló que no existían riesgos de choques contra autonomías de las instituciones, contrario a lo que han afirmado, por ejemplo, los rectores de las universidades públicas.
La jerarca añadió que las competencias que se le brindarían al Ministerio de Planificación (Mideplán) en la rectoría de empleo público tampoco son inconstitucionales, pues los magistrados ya habían dado el visto bueno en el 2018 a la reforma fiscal, la cual otorgaba esta facultad.
“Esta es una discusión que ya se dio durante el trámite del expediente legislativo 20.580, y por ende está superada”, dijo Garrido.
Otro de los elementos del texto cuestionados por los comparecientes es el de las ocho familias en las que se clasificarían los funcionarios públicos, para pagarles con base en el principio de a igual trabajo, igual salario.
Bajo el nuevo modelo, los trabajadores se dividirían en profesionales y no profesionales; ciencias de la salud; policías; educadores; universitarios; judiciales; del Servicio Exterior y los que ejercen puestos de confianza.
Este sistema fue criticado por la Contraloría General de la República (CGR), la cual afirmó que, en lugar de eliminar las desigualdades actuales, más bien las reforzaría.
Al respecto, Garrido aseguró que dichas clasificaciones se elaboraron con base en los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad a la cual Costa Rica accedió recientemente y que, según la ministra, tiene un buen criterio sobre el expediente en discusión.
La jerarca de Planificación detalló que “en el caso de los servicios que se brindan, pensemos en esto: por ejemplo, un policía que está sometido a un riesgo extremo al poner al servicio de la sociedad su propia vida para la seguridad y la vida de todos nosotros, eso no sucede en ninguna otra familia”.
“En el caso del personal de ciencias de la salud, más aún en pandemia, se requiere de personas con una formación altamente especializada porque lo que está en juego es la vida y la salud de de la población, de igual forma los educadores están dirigidos hacia una población diferente, como son los niños y adolescentes (...), estas diferencias parecen muy obvias, pero es necesario rescatarlas aquí para que haya certeza de la necesidad de las familias”, agregó.
La ministra también expuso las disparidades que existen actualmente en el sector público y que este texto pretende eliminar. En puestos no profesionales en los ministerios, Garrido aseguró que se han identificado diferencias de ¢450.000 entre el salario más alto y el más bajo.
En plazas profesionales, esas distancias pueden alcanzar ¢1,8 millones. Asimismo, una secretaria iniciaría trabajando en un ministerio con un sueldo de ¢343.050, mientras que, en el Poder Judicial, la misma recibiría ¢475.800.
“Si quisiéramos incorporar los pluses, que por supuesto varían de una persona a otra, las brechas podrían ser incluso más dramáticas. El propósito de mostrar salarios base es para que ustedes puedan observar que, desde la raíz, desde esta base salarial, hay diferencias importantes en puestos similares”, declaró la ministra.
Con la comparecencia de Garrido, culminó el periodo de audiencias a expertos y jerarcas de instituciones. Ahora, los diputados iniciarán con la discusión de mociones antes de dictaminar el expediente 21.336 y llevarlo al plenario.
El texto original fue presentado a la Asamblea Legislativa por el Gobierno desde el 8 de abril del 2019, pero una versión nueva propuesta por el Poder Ejecutivo fue aprobada por los diputados el 16 de junio.
