Rebeca Madrigal Q.. 7 enero
A las 5:21 p. m. del 5 de octubre fue aprobado, con 35 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de reforma fiscal. Foto: Rafael Pacheco.
A las 5:21 p. m. del 5 de octubre fue aprobado, con 35 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de reforma fiscal. Foto: Rafael Pacheco.

Pasado el capítulo de la reforma fiscal, las tres mayores bancadas del Congreso coinciden en apoyar seis proyectos de ley para el 2019.

El PLN, el PAC y el PUSC confluyen en impulsar una reforma al empleo público para ordenar las condiciones laborales en el Estado, así como un cambio a la Reforma Procesal Laboral, con el objetivo de eliminar los abusos en las huelgas.

También, apoyan proyectos para promover el teletrabajo, la educación dual y el cobro del impuesto de renta a las grandes cooperativas.

Por último, estas tres bancadas respaldan la eliminación del privilegio conocido como enganche salarial, el cual exige aumentar los salarios de los médicos en el Estado cada vez que cualquier otro profesional reciba un aumento, incluso por un plus salarial.

Así se desprende de un recuento de las listas de proyectos de interés expuestas por cada partido en las reuniones que sostuvieron con el presidente Carlos Alvarado, por separado, a finales del año pasado, así como de los votos emitidos en el Congreso.

Los proyectos que más apoyo recaudan son los de teletrabajo y educación dual, pues también son respaldados por los diputados de Restauración Nacional y por los independientes de Nueva República.

La agenda post reforma fiscal.
La agenda post reforma fiscal.

Juntos, el PLN, el PAC y el PUSC suman 36 votos en el Congreso. Estas mismas bancadas fueron vitales para la aprobación de la reforma fiscal.

Cinco de los seis proyectos están presentados en la corriente legislativa y están entre las prioridades del Poder Ejecutivo.

El único que no ha sido presentado es la reforma al empleo público, que se plantearía en el primer trimestre de este año, según Casa Presidencial.

Para Víctor Morales Mora, jefe de fracción del PAC, el apoyo común a estos proyectos se trata de una coincidencia, aunque derivada de la “alianza fiscal", según sus palabras.

Si bien las iniciativas cuentan con respaldo entre la mayoría de los diputados de cada bancada mayoritaria, existen reservas internas y, además, algunas iniciativas fueron objetadas en el pasado por ciertas fracciones.

En el PLN, por ejemplo, el excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, se había comprometido a no gravar con impuesto de renta a las cooperativas. No obstante, el jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides, firmó un compromiso multipartidario para darle un trámite expedito a este proyecto.

En cuanto al PAC, la pasada administración tampoco se interesó en una reforma al empleo público. El gobierno de Luis Guillermo Solís más bien saboteó la propuesta de la entonces diputada liberacionista Sandra Piszk.

Por otro lado, las fracciones también mostraron interés en reformar las pensiones, aunque en este punto cada fracción tiene una propuesta, por lo cual el PAC busca consolidar un solo proyecto de ley.

De momento, estos son los proyectos en que existe un mayor consenso:

En junio de este año, el Ministerio de Hacienda se autoimpuso el plazo de un año para presentar al Congreso un reforma al empleo público que corrija las disparidades salariales del sector público y que incentive la eficiencia.

El borrador del proyecto está listo, según el Mideplán, pero el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, sostiene que el Poder Ejecutivo primero lo discutirá en Casa Presidencial y luego lo presentará al Congreso al término del primer trimestre de este año.

Aunque aún no existe el expediente legislativo, Liberación Nacional está ansioso por conocerlo, mientras que la Unidad prepara sus aportes, como la posibilidad de introducir la modalidad de salario único. El proyecto también cuenta con el respaldo de la fracción de gobierno.

En noviembre, diputados de cinco partidos presentaron un proyecto de ley cuyo fin es regular el teletrabajo en los sectores público y privado.

La iniciativa plantea, en ocho artículos, las normas generales para que se habilite esta modalidad laboral, entre ellas, que el empleador le asegure al trabajador las condiciones necesarias para cumplir a cabalidad con sus labores.

Además, se establece que la modalidad es voluntaria y que no se limita a un solo sitio físico.

La iniciativa tiene el apoyo del PLN, del PUSC, del PAC, de Restauración y de Nueva República. Además, cuenta con el beneplácito de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según la Uccaep, por cada empleado en teletrabajo, una empresa se ahorra ¢270.000 anuales, además de que la persona se ahorra ¢120.000 en vestimenta, ¢264.000 en transporte y ¢151.000 en alimentación.

Se trata de un proyecto para regular los programas educativos en los cuales los alumnos combinarán las clases teóricas con prácticas profesionales asistidas en empresas privadas e instituciones públicas.

La intención es combatir el desempleo juvenil que afecta al 27% de los costarricenses entre 15 y 24 años.

Podrán acceder al sistema los alumnos de colegios técnicos, institutos comunitarios y universidades, así como del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que tengan como mínimo la primaria aprobada.

Deben ser mayores de 15 años, excepto cuando por los riesgos laborales de la carrera requieran que los alumnos sean mayores de edad.

Todos los interesados deberán pagar un seguro estudiantil obligatorio, que rondaría entre ¢5.500 y ¢19.000 mensuales. A la vez, los estudiantes recibirían una beca económica de ¢96.000 mensuales.

Esta iniciativa está para discutirse en el plenario legislativo, luego de tener un paso favorable por la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.

El proyecto pretende eliminar la obligatoriedad de aumentar el salario a los profesionales en ciencias médicas cada vez que cualquier otro empleado del Gobierno central reciba un ajuste salarial.

El privilegio que el plan pretende eliminar está contenido en la Ley de Incentivos Médicos.

La reforma fue dictaminada positivamente por la Comisión de Asuntos Jurídicos a finales de noviembre.

De palabra, hay un compromiso de las fracciones legislativas para cobrar impuesto sobre la renta a las empresas cooperativas que reporten ganancias superiores a los ¢250 millones anuales.

El proyecto crea un tributo específico para las cooperativas, con dos tramos de cobro para las que tengan ganancias superiores a los ¢250 millones anuales.

En la primera grada, Hacienda cobraría un 10% sobre los excedentes entre los ¢250 millones y los ¢750 millones. La segunda, permitiría al Gobierno cobrar un 20% de tributo sobre las ganancias superiores a los ¢750 millones.

En el caso de las cooperativas que tengan ganancias menores a ¢250 millones quedarían exentas.

El impuesto a las utilidades de las cooperativas fue una propuesta del Ministerio de Hacienda en la reforma fiscal; sin embargo, en una segunda versión, el Ejecutivo eliminó la posibilidad alegando que no había voluntad política.

Por esa razón, la diputada María Inés Solís de la Unidad presentó la iniciativa de ley que gravaría según el nivel de ganancias.

El 11 de diciembre, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, pidió a los diputados gravar una mayor cantidad de cooperativas al estimar que este proyecto solo tocaría a unas 15 y generaría apenas ¢6.500 millones anuales.

Actualmente, la propuesta tiene el respaldo del PUSC, del PAC y de Liberación, según el jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides, aunque en su partido se nieguen a avanzar de forma más rápida con la propuesta.

El 17 de diciembre, 47 diputados aprobaron la creación de una vía rápida para tramitar un proyecto de ley destinado a frenar los abusos con las huelgas.

El plan permitiría rebajarles los salarios a quienes participen en huelgas declaradas ilegales, al tiempo que restringiría la posibilidad de hacer estos movimientos en servicios esenciales.

La reforma se haría a partir del proyecto de ley 21.049, presentado por el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides.

Una comisión especial tendrá un plazo de cuatro meses para dictaminarlo a partir del día en que la moción quede en firme.

La moción de vía rápida abre la puerta para que se le introduzcan cambios provenientes de los proyectos de ley de otros diputados, entre ellos el de la liberacionista Yorleny León, sobre servicios esenciales; el de Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y el de la independiente Floria Segreda, de Nueva República.

Los cuatro proyectos giran en torno a los rebajos por huelgas ilegales y la definición de servicios esenciales, en los cuales no puede haber huelgas.