Los programas educativos en los cuales los alumnos combinarán las clases teóricas con prácticas profesionales asistidas en empresas privadas e instituciones públicas están cada vez más cerca.
Implementar este sistema denominado educación dual es el objetivo de un proyecto de ley incluido por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en la lista de prioridades para el próximo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, comprendido entre los meses de diciembre y abril.
La intención es que sea una herramienta para combatir el desempleo juvenil que afecta al 27% de los costarricenses entre 15 y 24 años; la tasa nacional está cercana al 9%.
El plan recibió el dictamen unánime en la Comisión de Ciencia y Tecnología, ahora deberá ser discutido y votado por los 57 legisladores en el plenario.
“Yo estoy convencido de que la educación dual beneficia a la juventud costarricense. Es un modelo que rompe el paradigma tradicional, que además de formar a nuestros estudiantes actuales, incentiva el regreso de jóvenes que desertaron del sistema educativo, uno de los grandes problemas que enfrenta el Ministerio de Educación Pública”, dijo el diputado liberacionista Wagner Jiménez, quien presidió la Comisión.
¿Quiénes pueden ingresar?
Podrán ingresar al sistema de educación dual, los alumnos de colegios técnicos, institutos comunitarios y universidades, así como del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que tengan como mínimo primaria aprobada.
Deben ser mayores de 15 años, excepto cuando por los riesgos laborales de la carrera requieran que los alumnos sean mayores de edad.
Todos los interesados deberán pagar un seguro estudiantil obligatorio, que rondaría entre ₡5.500 y ₡19.000 mensuales.
Aparte, tendrían que completar requisitos acordados entre centro educativo y empresa formadora de talento.
¿Qué beneficio tendrán los estudiantes?
Además del desarrollo de conocimiento y habilidades blandas, todos los estudiantes que integren un plan de educación dual, tendrán una beca económica de ₡96.000 mensuales, equivalente al 30% del monto vigente de un salario base para un trabajador semicalificado.
Si así lo acuerdan el estudiante y la empresa, a este monto podría sumársele otro reconocimientos económicos, sin que este pago signifique algún costo patronal para la empresa formadora, es decir, no tendrá que cotizar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por ese incentivo entregado al estudiante en formación.
Esta iniciativa también busca derribar la principal barrera que impide a los jóvenes encontrar su primer trabajo: inexperiencia
Al finalizar el programa dual, los jóvenes recibirán un título de práctica profesional, que por acuerdo con el sector empresarial privado, será tomado en cuenta como experiencia profesional en los procesos de reclutamiento para nuevos trabajadores.
¿Qué beneficios tienen las empresas formadoras?
El hecho de poder convertirse en un semillero de talento podría generar que muchas empresas busquen integrarse a los programas de educación dual.
De acuerdo con una encuesta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), 72 de cada 100 empresas privadas están interesadas en apoyar este programa educativo.
Además de formar jóvenes con identidad empresarial, las organizaciones podrían agilizar sus procesos de reclutamiento, así como mejorar su producción.
¿Qué restricciones tienen las empresas formadoras?
Las empresas formadoras de capital humano no podrán recibir una cifra de estudiantes superior al equivalente del 10% de su planilla. Con esta medida, el proyecto de ley busca cerrar portillos a compañías que pretendan sustituir plazas de trabajo con practicantes profesionales, o bien evitar la apertura de nuevas plazas por este motivo.
Las organizaciones privadas también están obligadas a asignar un mentor empresarial, es decir, un trabajador con experiencia para que acompañe al profesor de educación dual, así como a los alumnos, en su proceso de aprendizaje.
La cantidad de horas laboradas por el estudiante en formación dual, dependerá exclusivamente del programa y no de la empresa. La duración mínima en la práctica profesional será del 30% del plan de estudios y máxima de 70%.
Todas las empresas que desean adherirse a este esquema de formación deberán estar al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.
Defensores y detractores
Los sindicatos de educadores se han opuesto a los programas duales, por considerar que este sistema provocaría que muchos estudiantes dejaran sus estudios para entrar al mercado laboral a corta edad y se conviertan en ‘mano de obra barata’.
Reclamaron también que el plan utilizará fondos del presupuesto público cuando, consideran ellos, el sector empresarial debería financiarlo, por ser “las empresas las más beneficiadas”.
“Este programa lo que va a hacer es precarizar la educación de nuestro país. Siempre hemos estado en contra de la educación dual porque nos preocupa las condiciones en las cuales los jóvenes llegarán a la empresa privada apenas a los 15 años, esa no es la edad correcta”, mencionó el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante.
Para diputado Wagner Jiménez, las críticas de los sindicatos de educadores contra esta iniciativa nunca han sido constructivas.
“Los gremios se oponen a esta iniciativa sin un solo argumento veraz. La educación dual es una verdadera oportunidad para los jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo y del mercado laboral”, respondió el legislador.
Mientras tanto el sector empresarial respalda la educación dual, asegurando que esta herramienta facilitaría la reactivación económica del país, además de mejorar la formación de capital humano, atractivo para empresas nacionales y extranjeras.
“La educación y formación dual debe verse como parte de un conjunto más amplio de medidas de política pública dirigidas a garantizar educación de calidad, la formación para el trabajo de la población joven y una transición exitosa hacia el mundo laboral”, aseguró el presidente de la UCCAEP, Gonzalo Delgado.
Además de contar con el apoyo del Gobierno de Carlos Alvarado, las bancadas legislativas de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) anunciaron que buscarán la aprobación definitiva de este proyecto de ley antes del segundo trimestre del año 2019.