EscucharUna iniciativa del Partido Liberal Progresista (PLP) propone que las empresas puedan deducir de su renta bruta los gastos en que incurran por salarios y otras remuneraciones de jóvenes, mujeres embarazadas o en lactancia y de personas mayores de 40 años.
De acuerdo con el proyecto de ley, las compañías que podrían aplicar ese beneficio, que se otorgaría una vez al año, son aquellas que demuestren tener entre sus colaboradores al menos a un 20% de personas con esas características.
Dicho porcentaje debe conformarse exclusivamente por personas de un mismo grupo. Es decir, el patrono podrá deducir esos gastos si un 20% de sus colaboradores son jóvenes entre 18 y 25 años; o si un 20% son mujeres embarazadas o en etapa de lactancia; o si un 20% son mayores de 40 años.
Asimismo, en el caso de ese último grupo, se establece que no se pueden contabilizar a los colaboradores con puestos de jefatura, gerenciales o directivos.
De aprobarse el plan, esos patronos podrían deducir de su renta bruta los sueldos, sobresueldos, salarios, bonificaciones, gratificaciones, regalías, aguinaldos, obsequios y cualquier otra remuneración otorgada a las personas de esos grupos citados en la ley.
El propósito de esta iniciativa, según la exposición de motivos, es incentivar la inserción laboral de esos grupos de personas que, en los últimos años, han reportado mayores índices de desempleo en el país.
“Está más que claro que el reclutamiento y la contratación del personal es una competencia exclusiva del empleador, pero muchas veces se condiciona la contratación del trabajador por su sexo o edad, y no existe por parte del Estado una política de empleo que promueva condiciones atractivas para que las empresas contraten a madres en general y mucho menos, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia”, se puede leer en la iniciativa.
Y agrega que “tampoco existen alicientes para que los patronos se vean atraídos para contratar a personas mayores de 40 años o jóvenes sin experiencia”.
La iniciativa; sin embargo, no aporta proyecciones sobre el impacto que tendría la implementación de esta política pública sobre las tasas de desempleo de esos grupos o de las poblaciones excluidas de la propuesta.
Omite además, información básica sobre cuál sería el impacto en la recaudación del impuesto sobre la renta. Tampoco propone otra fuente de ingresos para cubrir el faltante que eventualmente provocaría esa propuesta.
Un fuerte precedente
El Ministerio de Hacienda aún no ha rendido criterio sobre la propuesta de la bancada del Liberal Progresista.
No obstante, el ministro de esa cartera, Nogui Acosta, marcó un fuerte precedente sobre su visión al frente de Hacienda, al referirse a otra iniciativa del Frente Amplio (FA) que pretende ampliar de tres a seis años las exoneraciones a las nuevas micro y pequeñas empresas costarricenses.
Acosta se opuso bajo el argumento de que esa iniciativa “aumentaría el gasto tributario y generaría menos recursos para cubrir las necesidades actuales del país”.
Insistió en que la iniciativa frenteamplista ocasionaría un hueco en la recaudación “en momentos en que el Estado se encuentra realizando un recorte sustancial en el gasto público”.
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Incluso, mediante un criterio entregado a los diputados, el jerarca manifestó que ampliar estos beneficios fiscales a las micro y pequeñas empresas podría crear una “competencia desleal” con otras compañías y personas físicas contribuyentes, “provocando un abuso para este tipo de empresas y un enriquecimiento ilícito de su parte”.
Estas palabras provocaron una polémica en la Asamblea Legislativa. El diputado Jonathan Acuña, jefe de la bancada del Frente Amplio, respondió que “es una locura” manifestar que dar apoyo a pequeños negocios puede fomentar una competencia desleal para otros contribuyentes.
La propuesta del Frente Amplio
Actualmente, la ley del impuesto sobre la renta establece que las micro y pequeñas empresas registradas formalmente ante el Estado, deben pagar un 0% del impuesto a las utilidades en el primer año de actividades comerciales; un 25% en el segundo año y un 50% en el tercer año. A partir del cuarto año, todas comienzan a pagar la totalidad del tributo.
El proyecto impulsado por el FA propone prolongar ese beneficio, de modo que las Mipymes paguen un 0% del impuesto a las utilidades los primeros dos años de operación; en 25% en los años tres y cuatro y un 50% en los años cinco y seis. A partir del sétimo año de operación, la empresa deberá comenzar a pagar la totalidad de la tasa.
La bancada del FA sostiene que el plan busca que este tipo de emprendimientos pueda sobrevivir durante sus primeros cinco años de operación de modo que puedan seguir creciendo.
