EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se pronunció en contra de una propuesta del Frente Amplio (FA) que pretende extender de tres a seis años los beneficios fiscales a las nuevas micro y pequeñas empresas, en cuanto al pago del impuesto sobre la renta.
En un criterio técnico entregado a los diputados, Acosta manifestó que ampliar estos beneficios fiscales puede crear una competencia desleal con otras compañías y personas físicas contribuyentes, “provocando un abuso para este tipo de empresas y un enriquecimiento ilícito de su parte”.
Agregó que el proyecto ocasionaría un hueco en la recaudación “en momentos en que el Estado se encuentra realizando un recorte sustancial en el gasto público”.
El diputado Jonathan Acuña, jefe de la bancada del Frente Amplio, respondió que “es una locura” manifestar que dar apoyo a pequeños negocios puede fomentar una competencia desleal para otros contribuyentes.
“Además, trata de delincuentes a las micro, pequeñas y medianas empresas si les llega a dar un beneficio tributario para que sobrevivan”, alegó.
La bancada del FA sostiene que el plan busca que este tipo de emprendimientos pueda sobrevivir durante sus primeros cinco años de operación de modo que puedan seguir creciendo.
Legislación vigente
Actualmente, la ley del impuesto sobre la renta establece que las micro y pequeñas empresas registradas formalmente ante el Estado, deben pagar 0% del impuesto a las utilidades en el primer año de actividades comerciales; un 25% en el segundo año y un 50% en el tercer año. A partir del cuarto año, todas comienzan a pagar la totalidad del tributo.
El proyecto impulsado por el FA propone prolongar ese beneficio, de modo que las Mipymes paguen 0% del impuesto a las utilidades los primeros dos años de operación; en 25% en los años tres y cuatro y un 50% en los años cinco y seis. A partir del sétimo año de operación, la empresa deberá comenzar a pagar la totalidad de la tasa.
En 2019, un informe del Programa Estado de la Nación (PEN) determinó que las micro y pequeñas empresas tienen menor probabilidad de sobrevivir a sus cinco primeros años, en comparación con las medianas y grandes.
La probabilidad de que una empresa costarricense sobreviva a ese periodo es del 63%. No obstante, existen importantes diferencias según el tamaño de la organización.
Las microempresas (diez trabajadores o menos) tienen una probabilidad de seguir vivas del 61%, mientras que para las medianas y grandes (más de 35 trabajadores) ese indicador supera el 88%.
Hacienda advierte sobre caída de ingresos
Según cálculos del Ministerio de Hacienda, compartidos en el criterio enviado a la Asamblea Legislativa, el Estado dejaría de percibir alrededor de ¢290 millones anuales con la aprobación de la iniciativa impulsada por el FA.
Eso representa el 0,001% del producto interno bruto (PIB). No obstante, a criterio del ministro Nogui Acosta “ese monto es por año y acumulativo, al repetir la exoneración por un periodo tan largo de tiempo”.
“A nivel de impacto en la recaudación no se podría apoyar la iniciativa, ya que esto aumentaría el gasto tributario y generaría menos recursos para cubrir las necesidades actuales del país”, señaló Hacienda.
Frente Amplio recrimina alegato de Acosta
El jefe del FA cuestionó al jerarca de Hacienda por su posición: “¿De qué lado están? Mientras pasan diciendo que están en una batalla en contra de unas élites de este país, lo cierto es que están metidos en un pleito de élites, del lado de un grupo de esas élites”.
Acuña también recriminó la oposición del Gobierno con respecto a un proyecto de ley que busca la reactivación económica. “La reactivación económica que pretenden es para esos amigotes, los que financian sus campañas; para esos sí hay reactivación económica”, aseveró.
Exoneraciones bajo análisis
El Ministerio de Hacienda informó a los diputados de que el Gobierno se encuentra en un proceso de evaluación de “eficacia, pertinencia y validez” de las exoneraciones fiscales vigentes.
De acuerdo con Acosta, ese trabajo tiene el propósito de “analizar la necesidad de mantener, modificar, reducir o eliminar, parcial o totalmente, las exoneraciones actuales”.
Con ese análisis, detalló el jerarca, se podrá determinar si existe “una relación costo-beneficio positiva del incentivo sin alterar las finanzas públicas”.
