Luego de la moción aprobada el miércoles, en la que los diputados aprobaron eximir los productos de la canasta básica del impuesto al valor agregado (IVA), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) dirigió sus quejas a los diputados en una carta.
Alega que el esquema genera un enorme incentivo a la importación de bienes finales y de materias primas que hoy se producen en el país y aseguró que eso también amenazaría el empleo.
En la nota, los industriales alimentarios aseguran que la decisión conlleva una “fuerte afectación” a los productores nacionales, sobre todo porque la moción “no incluyó todas las correcciones que el texto requiere integralmente, para que los precios no tengan afectación”.
La propuesta de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN) logró, en segunda instancia, su aprobación por el voto decisivo de un diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales.
Con el, votaron a favor de la exención de los bienes de canasta básica los dos restauracionistas, Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank; Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN), y José María Villalta, del Frente Amplio.
La carta de la Cacia, firmada por su vicepresidente ejecutivo, Mario Montero, les dice a los legisladores que no se consideraron las implicaciones para el productor al aprobarse la exención total de la canasta básica, tanto la tasa del 1% para los productos agropecuarios como la del 2% para los demás.
Parte del problema radica en que los insumos para la producción estarán gravados, no así los productos, de manera que el productor pagará impuestos a sus proveedores pero no los podrá trasladar a los consumidores.
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“No se han considerado elementos como la posibilidad de aplicar créditos fiscales ni compras autorizadas en las compras de materias primas, insumos, maquinaria, equipo, servicios, empaques o embalajes, entre muchas otras compras de bienes y servicios”, dijo Montero.
Añadió que esa imposibilidad hace que la “exención presente en el artículo 8 aprobada el 22 de agosto no tenga ningún sentido para productores ni consumidores”.
Montero explica, en la carta, que esa exención sin beneficio para la cadena de producción encarecerá automáticamente la estructura de costos de los productores nacionales, y tendría dos consecuencias inmediatas.
La primera es el traslado de los costos de la cadena de producción al consumidor final y, la segunda, la “pérdida de competitividad del producto nacional frente al importado”.
Según el criterio del vocero de la Industria Alimentaria, las importaciones de bienes de canasta básica no arrastran la “distorsión generada por el esquema tributario interno”.
“Debemos llamar la atención de que la moción aprobada dejó activo el impuesto al 1% a un grupo de insumos altamente necesarios en procesos agroalimentarios de alimentación animal y procesamiento industrial, como es el caso del trigo, maíz, soya y fruta de palma, los cuales pesan muchísimo en la cadena de costos", destaca el reclamo de Cacia.
Según la cámara alimentaria, el proceso de trámite del plan fiscal ha sido atropellado y sin consulta por las afectaciones que una decisión como la de eximir la canasta básica del IVA genera en la producción nacional.
“Por el tipo de proceso legislativo que se sigue, las posibilidades de corrección son mínimas”, advirtió.
El proyecto de reforma fiscal del Gobierno se tramita por la vía rápida, lo que implica que después de discutir las 873 mociones de fondo solo quedaría oportunidad, en plenario, para reiterar las mociones que hayan sido rechazadas en el seno de la comisión especial.