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El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) brindó versiones contradictorias sobre una supuesta asesoría relacionada con la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa) para la instalación de escáneres en Puerto Caldera.
En diciembre pasado, a raíz de consultas de La Nación, el Incop confirmó que funcionarios suyos ingresaron a Caldera el 20 de setiembre del 2023, en un vehículo de la institución portuaria, en “acompañamiento de personal de la empresa Racsa” para realizar un recorrido en la terminal “para asesoría de futura instalación de escáneres”.
No obstante, al requerírsele a la entidad detallar a cuál asesoría se refería y quién se le daba a quién, así como cuáles son los términos y costos del contrato, el Incop cambió la versión.
En enero de este año, la institución contestó reiteradamente que al Incop no se le está dando ninguna asesoría sobre escáneres. Alegó que no existe ninguna contratación ni erogación, además de que el Incop no tiene, entre sus proyectos de corto o mediano plazo, la contratación de alguna consultoría para la instalación de escáneres.
Añadió que la visita fue solicitada por Racsa y lo único que se hizo fue una coordinación para el ingreso al puerto de Caldera, el cual es operado por el concesionario Sociedad Portuaria de Caldera.
En el recorrido, participaron dos funcionarios de la Unidad Técnica de Supervisión y Control del Incop, según señaló la misma institución: Harold Trigueros, supervisor de Seguridad y Protección, así como Juan José Granja, supervisor de Operaciones Portuarias de Concesión.
La polémica de los escáneres
El 20 de setiembre, el día en que se efectuó la visita de Racsa, el Incop era presidido por el abogado Braulio Venegas Dijeres, quien debió renunciar el pasado 27 de noviembre al trascender que gestionó una reunión, en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), en favor de uno de los sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero del Caso Corona. Se trata del abogado Francisco Montes Fonseca.
Intervenciones telefónicas efectuadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) captaron a Montes hablando con otro sospechoso del Caso Corona sobre la posibilidad de entrar en el negocio de los escáneres, alquilando predios para el depósito de los contenedores.
Posteriormente, La Nación dio a conocer que el expresidente del Incop, antes de ocupar la presidencia ejecutiva del Instituto, enlazó a Racsa con el representante de la empresa Corp Low Risk Costa Rica S. A, integrante del consorcio que se convirtió en el socio estratégico de Racsa para el negocio de los escáneres.
El representante es el también abogado Carlo Magno Burgos Vargas.
El exjerarca del Incop conoció tanto a Burgos como a Montes desde que los tres coincidieron en la carrera de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Igualmente, trascendió que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), publicó un concurso público hecho a la medida de Radiográfica, con el fin de adjudicarle el contrato para instalar los escáneres antidroga para puertos marítimos y fronteras.
Finalmente, la polémica compra fue frenada el 20 de diciembre por la Contraloría General de la República (CGR), al identificar “yerros graves” en los que incurrió el Poder Ejecutivo durante el proceso de contratación.
Por su parte, la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) negó a este medio haberse reunido con Racsa o el socio estratégico de Radiográfica, Corp Low Risk Costa Rica S. A.
