El Gobierno propone una reforma para que inversionistas extranjeros puedan comprar bonos de bonos de deuda interna, como parte de la estrategia para contener y reducir el peso de la deuda pública.
La idea es dejar de depender exclusivamente de los acreedores locales, principalmente instituciones públicas y operadoras de pensiones, los cuales le cobran al Ejecutivo intereses altos por prestarle dinero a plazos cortos.
Ese fenómeno, además, presionan al alza las tasas de interés de los créditos.
La propuesta de incluir a inversionistas extranjeros en el mercado de deuda interna es una de las que se discutirán, este miércoles, en la sétima sesión del diálogo multisectorial convocado por el Gobierno.
La reunión se realizará en el Centro de Convenciones. La meta del día es que las autoridades y los sectores sociales lleguen a acuerdos sobre cómo gestionar la deuda pública, la cual alcanzará el 70% del producto interno bruto al cierre del 2020, y escalaría hasta el 80% en el 2021.
Sobre ese tema, los participantes presentaron 117 propuestas en total. Las que llevan la firma del Poder Ejecutivo son tres.
En el documento que resume la propuesta, el Gobierno indica que el proyecto de colocación transfronteriza se plantea de conformidad con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dicha organización, a la que recién ingresó Costa Rica, detectó que el país necesita aumentar la base de inversionistas de la deuda pública costarricense, en particular de los bonos en colones.
“La propuesta consiste en revisar el marco legal vigente con la finalidad de facilitar la llegada de inversionistas transfronterizos a los mercados de deuda local, de forma que se pueda contar con la participación de inversionistas foráneos en los mecanismos de colocación de valores de deuda interna”, dice el planteamiento del Ejecutivo.
En específico, la reforma se haría a la Ley Reguladora del Mercado de Valores y sus reglamentos. Según las proyecciones del Gobierno, los inversionistas foráneos podrían aportar un financiamiento equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), unos ¢700.000 millones.
Solo en el segundo semestre de este año, el Gobierno ha colocado deuda interna por ¢1.450.860 millones.
A finales del 2018, con la normativa vigente, se colocaron $600 millones con una figura que Rocío Aguilar, entonces ministra de Hacienda, llamó “contratos de colocación”.
Esa estrategia de captación de recursos consistió en una venta de bonos en el mercado interno, en la que participaron puestos de bolsa y bancos locales. Las reglas fueron las del mercado de valores local, pero se permitió que los inversionistas finales fueran tanto locales como extranjeros.
Un año antes de esa colocación, el mecanismo fue cuestionado porque es deuda que se coloca en el exterior que no pasa por la aprobación de la Asamblea Legislativa.
El propósito de la reforma legal, según el Gobierno, es que la llegada de inversionistas extranjeros sea más fácil.
Las otras dos propuestas que llevará el Ejecutivo al diálogo son la aprobación del proyecto de ley Pagar e incluir en el Presupuesto Nacional a las juntas educativas de escuelas y colegios y todas las entidades que reciban más de ¢10 millones anuales.
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Otras propuestas: ceder propiedad de Kolbi, pedir ayuda en la ONU y renegociar deuda
También, presentaron propuestas para el manejo de la deuda varios sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones de mujeres, la Iglesia católica y los cooperativistas, entre otros.
Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal plantea traspasar un porcentaje de la titularidad de Kölbi, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR) a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las operadoras de pensiones complementarias, las cuales poseen el 54% del saldo de la deuda interna colocada por Hacienda.
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“Podemos pagar parte importante de esa deuda tanto en capital como en ahorros de intereses (hasta un 8% del PIB), traspasando por ley y en dación de pago la titularidad de no menos de un 50% de la propiedad del INS, Kolbi y el BCR a cambio de saldar parte de la deuda interna con ciertas entidades nacionales”, dice la propuesta del Observatorio.
Para ejecutar el plan, según la organización, primero se tendría que hacer un avalúo de las tres instituciones, para precisar cuánto valen y qué porcentaje mantendría el Estado.
“Estimamos que la población sí estaría a favor de dar en dación de pago estos activos, dado que no se van a vender para que terminen en las manos privadas, sino en el mismo pueblo, y es un mecanismo para aliviar en mucho la pesada deuda que tenemos con recursos (activos) propios”, dice la propuesta del Observatorio.
Varias cámaras empresariales piden que se aplique una “reingeniería” de la deuda con los acreedores del sector público, para que disminuyan las tasas de interés y amplíen los plazos de pago.
En tanto, varios sindicatos y organizaciones de mujeres promueven que el Banco Central invierta una porción de sus reservas en bonos del Gobierno Central, así como que el país gestione mediante la Organización de Naciones Unidas una moratoria en el pago de deudas.
Utilizar las reservas monetarias del Banco Central para atender la crisis provocada por la pandemia debilitaría una de las principales funciones de este fondo: la posibilidad de utilizarlas para afrontar ataques al tipo de cambio.