El Ministerio de Hacienda calculó que el pago de la deuda pública podría reducirse en ¢700.000 millones, durante los años 2019 y 2020, con el proyecto de ley que le permitiría al Gobierno endeudarse en el exterior.
Dicha iniciativa, conocida como eurobonos, consiste en una autorización legislativa para que Hacienda coloque bonos de deuda costarricense entre inversionistas extranjeros, con la ventaja de que estos cobran tasas de interés más bajas en comparación con las que piden los inversionistas locales por prestarle dinero al Ejecutivo.
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Además, los acreedores externos le pueden conceder al Gobierno de Costa Rica plazos más largos para devolver el monto prestado, lo que le reduce presión a la necesidad de financiamiento para amortizar deuda pública en el corto plazo, es decir, para pagar el principal.
Así se desprende de un documento que las autoridades de Hacienda compartieron con los diputados de Liberación Nacional (PLN) el lunes pasado, en medio de negociaciones por el proyecto.
El documento solo estima el ahorro para los dos primeros años en que se podrían colocar eurobonos, aunque el proyecto busca una autorización para colocarlos a lo largo de seis años de la siguiente manera: $1.500 millones en cada uno de los primeros dos años y $3.000 millones durante los siguientes cuatro.
Según la estimación de Hacienda, para el 2020, el monto que el Gobierno podría ahorrarse por esta vía sería superior a los ingresos adicionales que se prevén recaudar con los nuevos impuestos aprobados en la reforma fiscal.
Mientras los tributos adicionales generarían unos ¢543.000 millones ese año, el plan de eurobonos reduciría en ¢582.000 millones el gasto en intereses y amortizaciones de la deuda pública.
Para finales del 2018, el Estado mantenía una deuda de ¢18,57 billones (millones de millones), la cual equivalía a un 53% del producto interno bruto (PIB).
Un 80% de la deuda se le debe a acreedores locales y un 20% a acreedores externos.
Hacienda sostiene que, en este momento, hay condiciones más favorables en el extranjero para endeudarse. No obstante, para hacerlo depende de la aprobación de la Asamblea Legislativa. De lo contrario, tendrá que seguir pidiendo prestado dentro del país.
Según la institución, si los diputados no aprueban la venta de títulos en el extranjero, el costo de pagar intereses y amortizaciones este 2019 será de ¢4,72 billones, equivalentes a un 12,63% del PIB. Con eurobonos, la cifra bajaría a ¢4,61 billones, un 12,32% del PIB.
El ahorro en colones sería de ¢116.000 millones.
En el 2019, el ahorro sería mucho mayor, pues el costo de pagar la deuda bajaría de ¢4,81 billones a ¢4,23 billones, pasando de un 12,24% a un 10,76% del PIB. En este caso, el ahorro sería de más de medio billón de colones (¢582.000 millones).
En la presentación que expusieron Rocío Aguilar y Nogui Acosta, ministra y viceministro de Hacienda, respectivamente, se señala que el ahorro iniciaría desde este mismo año, si los diputados se apuran a aprobar la emisión de los títulos.
En la presentación de Hacienda se señala que el plazo promedio de los bonos de deuda interna es de 5,74 años, mientras que para la externa el promedio es de 14,79 años.
Hoy, la deuda interna se paga a una tasa promedio del 9,59%, y la externa a 5,29%.
‘Es exactamente lo que hacemos todos cuando la tarjeta nos está ahorcando’
“Para poner un ejemplo: los contratos de colocación (en el mercado interno) se colocaron a tres años plazo y a una tasa de 9,25%. En el mercado internacional, la tasa que a hoy podríamos tener ronda el 7%. Y eso representa una disminución muy importante en el costo de fondeo”, dijo el viceministro Nogui Acosta a La Nación.
“Entre más disminuya la tasa de interés, mis nuevos endeudamientos van a ser más baratos”, agregó el viceministro.
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Entre el 2012 y el 2017, el pago de intereses del gobierno se duplicó y pasó de unos ¢538.000 millones a aproximadamente ¢1 billón. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en el 2018 el gobierno presupuestó ¢1,38 billones para pagar intereses, el equivalente a un 3,97% de la producción en ese momento.
“Es exactamente lo que hacemos todos cuando la tarjeta nos está ahorcando, vamos y pedimos una refundición de deudas, mejoramos nuestro flujo y liberamos un poco de recursos para poder afrontar los gastos normales”, señaló Acosta.
El viceministro dijo que permitir que el gobierno se financie en el exterior también es necesario para que los recursos del mercado nacional los utilice el sector productivo, el cual requiere crédito a tasas accesibles para poder desarrollarse y mover la economía. Si el Estado compite en el mercado por el dinero disponible, presiona las tasas al alza.
De acuerdo con Acosta, la emisión de eurobonos también le daría al país mayor estabilidad al fiscal y, a la vez, un contexto más propicio para proceder con las reformas al empleo público y al aparato gubernamental que el gobierno quiere poner a discusión en los próximos meses.
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Afirmó, además, que la regla fiscal que se aprobó en la reforma fiscal es la garantía que tiene el país contra la posibilidad de que el gobierno use los nuevos recursos para gastar más de lo que puede.
“Asegura que no volvamos a usar la tarjeta para irnos de fiesta”, dijo.
Contra el tiempo
El viceministro afirmó que para poder generar los ahorros por colocación de eurobonos durante el 2019, el Ejecutivo requeriría de la aprobación de la Asamblea Legislativa a más tardar a finales del primer semestre; pero lo óptimo sería que fuera antes de mayo.
“Sería muy importante para los efectos de lo que sigue, porque después de la aprobación hay que hacer todo un proceso de hacer una licitación para poder contratar un banco de primer orden que nos pueda hacer la gestión de la inversión de los títulos, de la colocación”, explicó Acosta.
El gobierno presentó el proyecto de ley de eurobonos a la Asamblea Legislativa a finales del año pasado. Por el momento, el texto se encuentra en análisis en la Comisión de Asuntos Económicos.
Según el funcionario, los bonos costarricenses son de interés principalmente para fondos de inversión, operadoras de pensiones internacionales y bancos de inversión.
“Los títulos de Costa Rica tienen una buena aceptación no solamente porque hemos honrado nuestras deudas desde los 80, si no también porque es un país que tiene una estabilidad política y económica importante, y puede asegurarle al inversionista tener un rendimiento alto con bastante seguridad", afirmó.