El proyecto de eurobonos es un plan que presentó el Gobierno a la Asamblea Legislativa mediante el cual pide autorización para vender bonos en el exterior hasta por $6.000 millones, en seis años, con ventas de $1.500 millones en cada uno de los primeros dos años.

El Gobierno se autocondicionó en el plan para no poder hacer más allá de la primera emisión si no cumple con la regla fiscal, que es un instrumento incluido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mediante el cual se limita el crecimiento del gasto público al aumento de la producción de Costa Rica y a la relación de deuda del Gobierno Central con la producción.

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Eurobonos con condiciones

El proyecto ha generado dudas entre analistas, empresarios y diputados quienes, en general, reconocen que el país haría bien con buscar financiamiento externo para no ejercer presión sobre los recursos y las tasas de interés internas, pero temen que también sea un freno a la reforma fiscal, por tener resuelto el financiamiento de estos seis años con dichas colocaciones.

“No podemos permitirnos que al aumentar el financiamiento caigamos en la complacencia y el Gobierno vuelva a las andadas soltando el gasto público”, escribió el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en un artículo de opinión publicado el 9 de diciembre pasado, en La Nación.

En otro artículo, publicado el 1°. de febrero, el analista José Luis Arce señaló que financiar parte del desequilibrio en las finanzas gubernamentales mediante recursos externos reduciría la presión sobre los tipos de interés y la disponibilidad de crédito, pero un riesgo evidente es la peligrosa tentación para posponer nuevamente el ajuste fiscal y no comprometerse firmemente con el objetivo de la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales.

Costa Rica ya tuvo la experiencia de aprobar una emisión de eurobonos por $4.000 millones, en el 2012, que se colocó entre el 2012 y el 2015, sin aprovechar la oportunidad para sanear las finanzas públicas.

La Ministra de Hacienda reconoce que dicha oportunidad se desaprovechó, pero argumenta que ahora es diferente porque el mismo proyecto de ley contiene en su texto la regla fiscal y además la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas les dio las herramientas para que ésta se pueda cumplir.

“Nosotros somos a los que más nos interesa que esto no se convierta, como fue en el pasado, en nada más una autorización que permite patear la bola hacia adelante, esa preocupación la compartimos”, añadió Camacho.

Entrevistado por este diario el exvicepresidente y economista Luis Liberman explicó que $6.000 millones es un monto alto que prácticamente duplicaría la deuda externa del Gobierno Central.

“A mí me parece que duplicar en cuatro años la deuda externa del Gobierno para pagar sueldos, no para construir carreteras, escuelas y hospitales no es lo más conveniente; sin embargo, en este año, que es un año de transición, sí me parece razonable”, manifestó Liberman.

Los cuestionamientos al proyecto de ley expediente N.° 21.201 han generado dudas en la Asamblea Legislativa donde todavía persisten fracciones definiendo su posición.

Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, expresó que no hay resistencia al primer tracto, por $1.500 millones para este año, pero tienen duda de si la Asamblea Legislativa debe, desde ya, aprobar todo el financiamiento sin haber visto el desarrollo de las medidas que estructuralmente afectan la condición fiscal del país.

Eduardo Cruickshank, diputado del Partido Restauración Nacional, explicó que valoran votar a favor el proyecto, pero piden que se aclare el tema de los $800 millones anuales adicionales que el plan establece que se podrían solicitar como líneas de crédito a organismo multilaterales por los mismos seis años en los cuales se emitirían los eurobonos, pues la redacción actual parece indicar que serían extraordinarios a los $6.000 millones, lo que llevaría a la autorización total a $10.800 millones.

Las dos ministras aclararon que los $800 millones no son adicionales, son un crédito puente en caso de que no se pueda salir al mercado internacional, pero que si se venden los bonos se pagarían esos $800 millones. Aguilar está de acuerdo con una moción para aclarar más este punto.

Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, expresó que el proyecto está en construcción y que a corto plazo tendrán su planteamiento. No fue posible conversar con Jonathan Prendas, del bloque Nueva República.

Desde el sector empresarial también se piden condiciones para el plan.

“Nos parece que es una herramienta importante para renegociar deuda, pero se requiere asegurar que será para conversión de deuda”, expresó el presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), Gonzalo Delgado.

Por su parte, la Cámara de Exportadores envió un comunicado de prensa, en el cual manifestó su temor de que el financiamiento externo se utilice de nuevo para fondear con deuda el gasto corriente, posponiendo las nuevas leyes y acciones requeridas para continuar con la ruta de la reforma fiscal.

También los exportadores piden que las autoridades indiquen cómo van a evitar que el mercado cambiario se distorsione con el ingreso de los $1.500 millones.

Aguilar explicó que los dólares ingresarían al Banco Central y van a calzar con el pago de préstamos también en dólares, por lo que no prevé fuerte efectos en el mercado cambiario.

Tanto Aguilar como Camacho consideran que existe una respuesta satisfactoria a cada uno de los cuestionamientos, como se sintetiza en la matriz Dudas y respuestas del proyecto de eurobonos, y además defendieron que no es necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que garantice la continuación de la reforma fiscal.

“Me parece que antes de un acuerdo con el Fondo podemos gravar a las cooperativas, que se salieron del canasto, y podríamos hacer otras cosas”, expresó Aguilar.

La jerarca de Hacienda enfatizó en que hay suficientes garantías de que se puede, se quiere y hay voluntad para cumplir la regla fiscal, concluyó.

Colaboró el periodista Óscar Rodríguez.

Entrevista:

Rocío Aguilar: “Nadie quiere que le restrinjan los gastos, pero hay una ley”

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó cómo planean financiar los gastos del Gobierno en el 2019 y enfatizó en su determinación de cumplir la regla fiscal para todo el sector público.

– En la exposición de motivos del proyecto de eurobonos se explica que para este año las necesidades de financiamiento son de 13,3% de la producción; la mitad, 6,6% del PIB, es financiamiento nuevo (unos $4.000 millones), lo otro es deuda para pagar deuda. Que tomando en cuenta lo que pueda crecer el capital de operadoras, aseguradas y otros intermediarios no se llega al 5% del PIB. ¿Implica que no se pueden satisfacer las necesidades de financiamiento nuevo dentro del país?

-Del momento en que escribimos la exposición de motivos de ese proyecto al día de hoy las cosas han cambiado positivamente, ya una buena parte del financiamiento que se requería para el primer semestre, que era de ¢1,4 billones, ya lo tenemos satisfecho en un poco más de la mitad.

“¿Por qué lo hemos logrado? Por dos razones: porque la amnistía (tributaria) nos generó ingresos extraordinarios en este año, y segundo, porque la aprobación de la reforma generó confianza realmente en el mercado. Entonces hoy día estamos logrando captar los fondos sin tener que presionar mucho el mercado, y si bien no hemos logrado bajar las tasas de interés, hemos logrado captar a plazos mucho más largos.

“Las proyecciones que están planteadas evidentemente siempre van a asumir que hay una parte que tiene que colocarse en el mercado local, la cual, sin eurobonos, implicaría un 87% de cubrir de necesidades en el mercado local y con eurobonos eso podría bajar al 70%”.

-¿En el 87%, el otro 13% de dónde se obtendría?

-Es básicamente el que vendría en parte de las multilaterales. Finalmente uno podría decir que lo puede captar en el mercado local, pero lo que va a hacer es aumentar la tasa de interés y metemos en el círculo vicioso de tasas más altas, de plazos más cortos y le generamos al mercado, con ese estrujamiento, menores posibilidades de financiar al sector privado o las personas en mejores condiciones de tasas.

“Para ponerle un ejemplo, cuando Costa Rica ha hecho emisiones en mercados internacionales no solo lo hace a tasas más bajas y plazos más largos, sino que el efecto en el mercado local en cuanto al costo de recursos ha llegado a bajar hasta 400 puntos base (cuatro puntos porcentuales)”.

– Ustedes tiene la voluntad de cumplir la regla fiscal, pero la gente se pregunta, ¿y cómo la van a cumplir? ¿cuáles son los gastos que van a recortar? ¿cuándo va a salir el plan para cumplirla?

– El Reglamento de Regla Fiscal está en revisión en la Presidencia y debería estar publicado antes de acabar el mes de marzo.

“En ese reglamento viene además la creación de un consejo fiscal que me parece que, además, es otra garantía interesante, que es una especie de órgano no burocrático.

“¿Cuánto es el crecimiento del presupuesto para el 2020? Es el 75% del PIB (producto interno bruto) de los últimos cuatro años. Yo ya tengo el cálculo, lo que se puede crecer es como un 4%, pero como es en gasto corriente, cuando quita los intereses, lo que va a poder crecer es muy poco.

“La regla aplica no solo para el Gobierno Central, sino para todo el sector público.

“Además, la Asamblea Legislativa no debería aprobar un presupuesto que sea ilegal porque no cumple con la regla, ni el Gobierno va a plantear uno ilegal, y en el resto del sector público la que lo aprueba es la Contraloría General de la República y no podría aprobar un gasto mayor del que la ley le permite”.

– ¿Pero es políticamente viable?

-Antes era: yo quiero que crezca tanto (el presupuesto), ahora tengo una regla, una ley que es lo que dice la ley.

– En el caso de las universidades estatales ya dijeron: no quiero estar.

Nadie quiere estar ¿quién quiere estar? ¿quién quiere que le restrinjan los gastos? Nadie, pero hay una ley.