En el Programa Macroeconómico para el bienio 2019-2020 divulgado hace unos días, el Banco Central de Costa Rica plantea un escenario realista sobre la ruta que transitará la economía costarricense en los próximos meses.
En contraste con el excesivo optimismo que tomó el discurso oficial una vez aprobada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la autoridad monetaria – en un tono más ecuánime – advierte que éste será un año complejo.
Por un lado, será el primer año de ajuste. En 2019 empezarán a entrar en vigor las principales medidas de reducción del déficit público. La combinación de más impuestos y menor gasto gubernamental tiene siempre un sesgo recesivo que se reflejará en un menor crecimiento de la demanda y de la actividad económica.
Por otro, las condiciones crediticias, es decir, el espacio para el crecimiento del crédito al sector privado y para que se observe una reducción en las tasas de interés luce limitado.
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La gradualidad con la que fue diseñado el ajuste y la dinámica perversa que sigue la deuda pública – el explosivo cóctel de elevado y creciente endeudamiento y de alza significativa de los costos de financiamiento – implicarán que, a pesar del ajuste, la reducción en el déficit gubernamental sea lenta, debido al crecimiento casi inercial de los pagos por concepto de intereses.
Altos déficit durante, por lo menos, dos años más y amortizaciones importantes de deuda significarán requerimientos de financiamiento elevados – se estiman superiores al 12,0% del PIB anualmente – y, por lo tanto, riesgos elevados de que el Gobierno termine de estrujar al sector privado en los mercados crediticios.
¿Qué proponen las autoridades económicas para hacer menos doloroso el ajuste y tratar de que mejoren las condiciones crediticias más rápidamente mientras rinden frutos las medidas adoptadas?
Sugieren recurrir al endeudamiento externo. Financiar parte del desequilibrio en las finanzas gubernamentales mediante recursos externos sin duda reduciría la presión sobre los tipos de interés y la disponibilidad de crédito en el sistema bancario local. Pero tiene sus riesgos, uno evidente es que puede ser una peligrosa tentación para posponer – por razones políticas, por ejemplo – nuevamente el ajuste y no comprometerse firmemente con el objetivo de sostenibilidad de las finanzas gubernamentales.
Endeudamiento abundante sin compromiso político con el ajuste conduciría no sólo a que retornen, en corto tiempo, situaciones límite como las experimentadas a finales del 2018; sino que, además, a que se presenten distorsiones en precios fundamentales en la economía, con consecuencias negativas sobre la asignación de recursos y en términos de mayores vulnerabilidades macroeconómicas y financieras.
