El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa una autorización para colocar $6.000 millones de títulos de deuda pública en el exterior. Se emitirían bonos por $1.500 millones anuales en el 2019 y en el 2020, y por $1000 anuales del 2021 al 2023.
Los títulos del Gobierno sufrieron deterioro en su precio (los inversionistas exigieron mayores rendimientos) por la prolongada situación de déficits fiscales altos y crecientes desde el 2008 y la incertidumbre, que hasta la resolución de la Sala Constitucional, se dio respecto a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
De fines de noviembre del 2017 al punto de menor cotización en noviembre del 2018, antes de la resolución de la Sala IV, los bonos costarricenses con vencimientos en el 2020, 2025 y 2045 perdieron entre un 12 % y un 23 % de su precio en los mercados internacionales.
Claro, después de la resolución sobre su constitucionalidad y de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas su valor ha vuelto a aumentar aunque no ha recuperado el precio de hace un año. Pero es de esperar que, ante los avances logrados por primera vez desde el inicio de estos desequilibrios en el 2008, las condiciones para colocación en el extranjero de nuestra deuda sigan mejorando.
El fuerte desequilibrio de las finanzas públicas, el alto y creciente nivel de la deuda del Gobierno, su concentración en vencimientos inmediatos y el hueco fiscal descubierto al inicio de esta administración, dificultaron a Hacienda financiar el faltante de ingresos en el mercado doméstico e hicieron subir en exceso sus costos. Esto obligó al gobierno a endeudarse con el Banco Central mediante letras del tesoro que deberán ser canceladas este mes.
En tales condiciones resulta comprensible el deseo del gobierno de colocar deuda bonificada en los mercados internacionales, como se ha hecho en el pasado.
Esas colocaciones pueden mejorar la tasa de interés y extender el perfil de pago de la deuda. Claro, recordando que la ganancia neta directa de este tipo de colocación en el mercado externo frente al local solo consiste en la menor tasa de interés asociada al sector público frente al privado, por el diferencial de riesgo.
Una objeción. No podemos permitirnos que al aumentar el financiamiento caigamos en la complacencia y el gobierno vuelva a las andadas soltando el gasto público.
El Banco Central estima el impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en un 3,68 % del producto interno bruto (PIB) para el año 2022. El porcentaje es insuficiente para contener el crecimiento de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB. Apenas dejaría de crecer en el 2024 y habría llegado hasta un 65 % del PIB.
Para acelerar ese resultado en vez de “aflojar” en el control del gasto, el gobierno debería poner en práctica medidas adicionales de restricción y control de sus disparadores (salario único, reestructuración del sector público) y, además, propiciar de manera eficiente un crecimiento de la producción nacional mayor al raquítico de estos años.
La disminución del gasto público y el aumento de los impuestos del ajuste fiscal significan una caída en la demanda, que es recesiva sobre la producción. Eso compensa el elemento positivo para aumentar el crecimiento que produce el cambio de las expectativas de los agentes económicos por la mejora en la situación fiscal. De modo que en el 2019 el crecimiento puede incluso ser ligeramente inferior al de este año. Se requiere mantener expectativas positivas sobre la macroeconomía nacional, y esto depende de que la solución fiscal se mantenga y mejore en los años siguientes.
Además, como desde los años cincuenta vivimos con recurrentes crisis fiscales, y dado que la regla fiscal aprobada es por vía legislativa y no constitucional, por lo cual puede ser fácilmente variada, necesitamos fortalecer la institucionalidad y asegurar que el gobierno no vuelva a sus andadas. Por eso mi propuesta es “eurobonos sí, pero con condiciones”.
Condiciones. El dictamen del Banco Central sobre la aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece una base objetiva para imponer las condiciones para que Hacienda pueda colocar las emisiones solicitadas.
Para el año 2019 no habría condicionalidad, pues ya se ha cumplido con la emisión de esa ley.
Pero para cada uno de los años siguientes (2020 al 2023) se exigiría para la colocación que el déficit primario del año precedente no haya sido mayor al estimado por el Banco Central en ese dictamen, rendido una vez aprobado el primer debate del entonces proyecto de Ley 20580.
Así, para colocar la emisión del 2020, el déficit primario del 2019 deberá no haber sido mayor al 2,1 % del PIB; para la emisión del 2021, el déficit primario del 2020 deberá no haber sido mayor al 1,1 % del PIB; para ejecutar la colocación externa en el 2022, el déficit primario deberá, en el 2021, no haber sido mayor a 0; y para el último año de la autorización, 2023, deberá haberse dado en el 2022 un superávit primario del 0,9% del PIB.
Al actuar de esta manera, el gobierno reafirmará la permanencia de su compromiso con resolver el desequilibrio fiscal heredado y los diputados darán muestra de su compromiso con poner orden en la Hacienda pública.
El autor es expresidente de la República.
