La rebeldía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Junta de Protección Social (JPS) para acatar lo que dispone la reforma fiscal en empleo público pone en aprietos al Gobierno con su proyecto de eurobonos en el Congreso.
Los diputados que se aliaron para aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dudan de la capacidad del gobierno para aplicar medidas de contención del gasto, previo a un mayor endeudamiento.
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Aunque las universidades y el Poder Judicial también se apartan de las disposiciones de la reforma fiscal, el caso es distinto con los jerarcas de la CCSS y de la JPS, porque fueron designados y reportan al presidente de la República, Carlos Alvarado.
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Por un lado, la CCSS todavía no aplica el rebajo a anualidades a la comunidad médica, y por otro lado, la JPS se escuda en su convención colectiva para no rebajar anualidades ni quitar los quinquenios.
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“Consideramos, y yo en lo particular, inaceptable que jerarcas del Gobierno, personas designadas por el presidente y de libre remoción vayan en contra del plan fiscal que aprobamos para sanear las finanzas públicas”, dijo Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) que aportó 14 de los 34 votos al plan fiscal.
“Esto no abona en ningún sentido a acuerdos importantes en el Parlamento, es imposible pensar que un gobierno vaya a tener vocación para sostener el gasto público. Entorpece el proyecto de eurobonos y entre muchas otras cosas. Dentro de la lógica política del proyecto de eurobonos está un comportamiento coherente con respecto al gasto público y la regla fiscal", agregó el congresista.
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Continuó: “Si los jerarcas de instituciones importantes hacen como les viene en gana sin cumplir con la ley recién aprobada, podemos estar seguros de que es un gobierno que no va a cumplir ni con la regla fiscal ni la contención del gasto”.
“Si el gobierno pide confianza tiene que empezar por darla”
Erwen Masís, jefe de fracción de la Unidad, partido que aportó ocho votos a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, indicó que con este comportamiento el Gobierno no envía los mensajes correctos para avanzar en la discusión de proyectos como este.
“Esperamos que los mensajes sean los correctos para el país, seguiremos en un momento en que el Gobierno nos está pidiendo avanzar en eurobonos, pero no se dan los mensajes correctos. Los mensajes son importantes y las formas también, no se están estableciendo los mensajes adecuados y si el Gobierno pide confianza tiene que empezar por dar confianza”, dijo el socialcristiano.
El congresista independiente, Erick Rodríguez, siguió la línea de las señales que debe enviar el Ejecutivo e indicó que un proyecto como eurobonos, el cual apoya, tiene que venir acompañado con medidas de contención del gasto y de reactivación económica.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, se comprometió con los diputados a aplicar la regla fiscal, obligación legal del Gobierno, para presionar la autorización del Congreso para colocar en el exterior deuda por $6.000 millones.
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Sobre las decisiones de los jerarcas, el presidente de la República no se ha pronunciado.
"Los que se salieron del saco”
Algunos diputados, aunque convencidos de los beneficios técnicos que traería la colocación de los eurobonos, quieren más del Poder Ejecutivo en cuanto a contención del gasto.
El lunes, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó a los diputados el proyecto de eurobonos, desde el punto de vista técnico.
Sobre este encuentro, la diputada de Liberación, Silvia Hernández, aseguró que dicha presentación se abocó a una discusión técnica del proyecto, “sin entrar a consideración elementos políticos que son válidos en este momento”.
“Yo creo que la fracción del PLN no tienen duda de la parte técnica de los eurobonos, la duda está en la regla fiscal como el único condicionante”, dijo Hernández.
“Me parece que se debería abocar (el Poder Ejecutivo) por escuchar a la Asamblea en el clamor o dudas prudentes de condicionantes para ayudarle al Gobierno a que la regla fiscal se aplique”, argumentó.
Hernández sostuvo que por el momento se inclinan por una primera autorización por $1.500 millones.
El diputado Pedro Muñoz es más pesimista y señaló que augura un mal futuro al proyecto.
“La ministra está inmersa en el tema técnico, está viendo solo un pedacito, y eso era antes de que la CCSS se saliera del saco, que la JPS se saliera del saco, que las universidades se salieran del saco; yo creo que la ministra está viendo solo un pedacito chiquitito, y así yo le auguro un mal futuro a los eurobonos”, dijo el diputado de la Unidad.