La Junta de Protección Social (JPS) mantendrá vigentes, hasta diciembre de este año, las anualidades de lujo y el pago por quinquenios (cinco años de labor) pese a que la reforma fiscal ordenó reducir las primeras y eliminar el segundo.

La JPS alega que estos beneficios están definidos en convención colectiva que cubre a sus más de 400 funcionarios y que este acuerdo vence el próximo 22 de diciembre.

La Junta paga a sus empleados hasta de un 6% de su salario base por año laborado, una de las anualidades más altas del sector público.

Con la Reforma Fiscal, a partir de este año, las anualidades cambian a montos nominales fijos que se calcularán, en un principio, en un 1,94% para profesionales y en un 2,54% para no profesionales.

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En el caso de los quinquenios, cada vez que un funcionario cumple cinco años trabajo, la JPS le reconoce el doble del monto correspondiente a una anualidad.

La reforma deroga ese tipo de pagos.

En el acuerdo JD-070, del pasado 31 de enero, más de un mes después de entrada en vigencia la reforma fiscal, la Junta Directiva acordó que se pagarán las anualidades actuales y los quinquenios hasta que expire la convención.

Un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), en cambio, sostuvo que dichos acuerdos laborales no están por encima de la ley.

La Junta, presidida por Esmeralda Britton, mantendrá estas condiciones pese a que el Gobierno dio por abolidas las anualidades de lujo en todo el sector público con la entrada en vigencia de la reforma fiscal, incluidas las que están definidas por convención colectiva.

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"Es claro que la ley estatal, aún aquella sobrevenida, debe prevalecer sobre lo dispuesto en los convenios colectivos en virtud del principio de jerarquía normativa, que impone la preeminencia de la Ley sobre el convenio colectivo; máxime cuando la norma legal está dirigida a derogar y, por ende, a determinar la pérdida de vigencia de las normas convencionales anteriores en un contenido normativo específico”, señaló la Procuraduría.

La convención colectiva de la JPS tiene renovación automática y, si no se denuncia, es decir si no se inicia un proceso de negociación al término de su vencimiento, su vigencia se prorroga por tres años más.

En caso de iniciar la negociación, el Ministerio de Trabajo ha sostenido que las condiciones para los empleados se mantienen hasta que se logren nuevos acuerdos.

En lo que sí acató la JPS fue en la fecha del reconocimiento de las anualidades, pues el mismo acuerdo señala que se pagarán en junio de cada año.

También, en cuanto al pago de cesantía; se acordó reconocer hasta 12 años, que es el tope que estableció la ley para las instituciones que tienen definida la cesantía por contratos colectivos.

No convencidos sobre esos dos cambios, el sindicato de la institución presentó un recurso de revocatoria para que se siguieran reconociendo los 20 años que se pagaban antes de la reforma fiscal. Dicho reclamo no tuvo acogida en la Junta Directiva que terminó por rechazarlo.

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En el análisis del presupuesto 2019, la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria advirtió que “los reconocimientos que se realizan de acuerdo con lo establecido en convención colectiva, el monto destinado al pago de los pluses salariales duplica los recursos incorporados para el pago de salario base, específicamente por el pago de anualidades y quinquenio, que representa casi la tercera parte del presupuesto de la partida”.

Para este año, la JPS presupuestó ¢4.266 millones para el pago de reconocimiento de años de servicio, mientras que para salarios base estimó ¢3.024 millones.

Criterio contrario

Consultada la presidente ejecutiva sobre este acuerdo, confirmó que esas condiciones se mantienen y que no existe otro acuerdo que dicte lo contrario.

"Las convenciones colectivas están al nivel de la Constitución”, dijo Britton, este lunes por la tarde, cuando se le llamó a su teléfono celular para confirmar la información.

Agregó que el criterio de la Procuraduría se refiere al pago de cesantía y no a convenciones colectivas, por lo cual, en su criterio, no afecta a su institución.

Si bien el pronunciamiento es sobre el pago de cesantía en la Municipalidad de San Carlos, el análisis jurídico de la Procuraduría es contundente en cuanto a la jerarquía jurídica de las convenciones colectivas en general.

Añadió que el criterio de Procuraduría no se ha analizado en Junta Directiva y no confirmó una fecha para su posible valoración.