Anualidades de lujo sobrevivieron durante el gobierno de Solís

Las anualidades de lujo sobrevivieron en 18 instituciones públicas durante la administración de Luis Guillermo Solís, tanto en el caso de las que tienen convención colectiva como en las que no.

Doce de esas entidades tienen convenciones, es decir, acuerdos en donde se fija junto a los sindicatos los derechos laborales de los empleados públicos. Estos pactos tienen rango de ley, por lo que son intocables ante los cambios que pretenda introducir la reforma fiscal.

De esas instituciones, nueve renegociaron convenciones durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. En cuatro casos, los porcentajes de anualidades se mantuvieron intactos y, en cinco casos, se logró cierto cambio aunque los porcentajes permanecen por encima de lo que paga el Gobierno central.

Los primeros cuatro casos son la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Junta de Protección Social (JPS), y el Banco Popular.

Y los segundos son el Consejo Nacional de Producción (CNP), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Cuerpo de Bomberos.

En estas convenciones colectivas, las anualidades alcanzan hasta un 10% adicional del salario base por cada año laborado.

El periodo de vigencia de las convenciones va de uno a tres años.

En otra entidad, la Universidad Nacional (UNA), la administración ni siquiera entró a renegociar el acuerdo laboral porque no denunció la convención colectiva, aunque tenía la posibilidad de negociar mejores condiciones con los gremios. Allí, se paga un 4% de anualidad.

Lo mismo ocurrió en Bancrédito y, en el Banco Nacional (BN), el acuerdo laboral se renegoció el 30 de abril del 2014, una semana antes del cambio de gobierno. La anualidad sobrevivió y, en la administración Solís, el acuerdo fue denunciado, por lo que todavía se mantiene en renegociación.

En el BN, se paga un 3% anual y un 3% adicional cada diez años hasta por tres decenios. El costo del incentivo es de ¢13.800 millones, este 2018.

Actualmente, las anualidades protegidas por convención colectiva le cuestan ¢120.000 millones a 11 entidades públicas. El incentivo lo reciben casi 27.000 funcionarios, de los cuales 9.500 perciben solo por este plus más de lo que gana un empleado promedio del sector privado.

Todas estas entidades pagan anualidades muy por encima del tope del Gobierno, en donde los profesionales reciben un 1,94% y los no profesionales un 2,56%.

La JPS, por ejemplo, paga un 6%, además de que otorga el doble del porcentaje cada cinco años.

El Banco de Costa Rica (BCR) fue el único que eliminó las anualidades de su convención colectiva al migrar a un sistema de salario único.

En el apartado de las entidades que pagan anualidades sobre el promedio, aunque no están establecidas por convención colectiva, están la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que otorga un 5%; y la Universidad Técnica Nacional (UTN), con un 3%.

Otras instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) podrían modificar la anualidad por acuerdo de junta directiva y no lo han hecho.

La Caja Costarricense de Seguro Social y la Asamblea Legislativa también mantuvieron las anualidades que no están fijadas en convención colectiva. Estas pagan hasta 5,5% por año.

Altas, pero sin convención

Mauricio Ventura, quien recién dejó el cargo como ministro de Turismo, confirmó que la anualidad es de un 5% por año, más un 10% por quinquenio (que se paga de forma adelantada con un 2% adicional cada año). En la práctica, los empleados reciben al menos 7% por cada año.

Aunque Ventura hizo un intento de negociación, los trabajadores no aceptaron rebajar el incentivo y, más bien, propusieron sellar una convención colectiva. Esa opción deberá ser valorada en la administración de Carlos Alvarado, dijo el exministro.

En Infocoop, los empleados reciben un 3% por acuerdo de la junta directiva, por lo que ese beneficio podría variar de la misma forma, pero no se ha hecho.

Las negociaciones

En Recope, aunque la convención se renegoció a la baja en el 2014 por unos ¢5.000 millones en tres años, la anualidad se mantuvo en un 5%, lo cual costará unos ¢8.500 millones solo este año.

La CNFL firmó un "pacto social" con sus empleados en el 2014 en el que las anualidades se mantuvieron en un 4,5% para todos los empleados, lo cual cuesta unos ¢16.650 millones al año.

En JPS, se mantuvo en 2016 la anualidad en 6%, más 6% adicional cada cinco años.

El INS acordó que, a partir de 2016, los empleados nuevos ingresarían bajo el régimen de salario único. Sin embargo, mantuvo anualidades de hasta 10% para sus empleados antiguos, que son el 80% de la planilla.

Esta institución paga entre un 3% y un 10% de anualidad.

Lo mismo ocurrió en Bomberos, que renegoció la convención colectiva en 2017.

La convención del CNP sí se hizo más moderada y se estableció, en 2017, que los nuevos empleados recibirían un 2% de anualidad, pero mantuvo en un 3% el porcentaje para los anteriores, que son 523 de 533 empleados.

En el caso de los bancos, la directriz presidencial 26-P les exigía revisar los acuerdos de incentivos y en eso avanzaron las entidades, aunque mantuvieron el alto incentivo para la mayoría en algunos casos.

El Banco de Costa Rica, por ejemplo, logró quitar la anualidad al migrar a la mayoría de sus empleados a salario único para evitar los pluses que mantenía la institución.

En el Banco Popular, la entidad mantiene salario más pluses al 23% de la planilla. Estas personas reciben entre 5% y 2% de anualidad, según el rango.

Por otro lado, las universidades estatales dan a sus empleados (académicos y administrativos) anualidades que doblan el promedio del sector público.

En marzo de este año, la UCR renegoció su convención colectiva y estableció el privilegio en un 3,75% por año, pero a diferencia de las demás instituciones, en esta se calcula sobre la base más componentes, en vez de sobre el salario base.

En 2017, el Tecnológico renegoció varias cláusulas de la convención, entre ellas anualidades que pasaron de ser 5,5% para todos los empleados, a establecer topes entre 4% y 6%, según el rango.