Josué Bravo, Aarón Sequeira. 3 agosto
El ministro de Hacienda, Elian Villegas (izquierda), comparecío este lunes en el plenario legislativo. Foto: Alonso Tenorio
El ministro de Hacienda, Elian Villegas (izquierda), comparecío este lunes en el plenario legislativo. Foto: Alonso Tenorio

El Gobierno convocará esta semana a un proceso de “escucha y diálogo” con diferentes sectores de la sociedad costarricense, de cara a la próxima negociación con el Fondo Monetario internacional (FMI) que podría iniciar a más tardar en el mes de setiembre y que duraría varios meses.

Así lo anunció, la mañana de este lunes, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, durante una comparecencia en el Congreso y lo confirmó, minutos después, la Casa Presidencial en un comunicado.

Villegas no detalló cuáles serán otros sectores que estarían incluidos en este proceso de diálogo, además de la Asamblea Legislativa, pero insistió en la urgencia de realizarlo debido a la complicada situación económica que afronta Costa Rica.

“Ante la urgencia y el poco tiempo con el que se cuenta para iniciar las negociaciones (con el FMI) y para adoptar las reformas necesarias para impulsar la recuperación ante la pandemia, el proceso deberá ser muy intenso, productivo y desarrollarse en un lapso muy breve”, aseveró el jerarca.

Casa Presidencial tampoco ha detallado la fecha precisa de inicio del diálogo, a quiénes va a convocar, la agenda a discutir y la metodología a usar, pese a las consultas de La Nación.

El titular de Hacienda informó de que el Poder Ejecutivo ya tiene, en gran medida, “diseñado” un plan que se trabajaría con el Fondo.

No obstante, aclaró que todavía está sujeto a varias “fases previas”, incluido un diálogo con los diputados y “otros sectores”.

Incluso reconoció, ante consultas del legislador fabricista Jonathan Prendas, que recientemente participó de una reunión virtual con el FMI en la que se abordaron eventuales plazos de negociación, pero no así de condiciones para una línea de crédito.

En el caso de la Asamblea Legislativa, expuso, se requiere abrir conversaciones para que, en la medida de lo posible, “manifieste su aceptación”.

Villegas indicó que el país busca una línea de financiamiento con ese organismo de hasta $2.250 millones para garantizar equilibrio fiscal y macroeconómico, a cambio de un plan de “ajuste fiscal” y de carácter “temporal y estructural”.

Entre esos dineros estaría incluido el crédito de $508 millones, suscrito en abril con el Fondo, el cual ya está en discusión en la Asamblea Legislativa.

Villegas aseguró este lunes a los diputados que la crisis económica generada por la pandemia de covid-19, con una caída de ingresos corrientes de casi ¢1,2, billones, pone al país a las puertas de otro ajuste fiscal.

Reitera venta de Bicsa y Fanal

Lo que sí dejó en claro el ministro de Hacienda es que las negociaciones con el FMI tendrían un componente de venta de activos.

Conforme a lo que adelantó el Gobierno en febrero anterior, Villegas reiteró que las empresas que estarían en venta serían el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

“Ya, en este momento, se terminaron (de elaborar) los términos de referencia para contratar una consultoría con la finalidad de que señale cuál sería el valor de Fanal”, comunicó.

El proceso de venta de activos, aseveró, podría durar entre 18 y 24 meses, lo que incluiría una valoración previa, licitación y la búsqueda de un banco de inversión, entre otras etapas.

Al insistir en la necesidad de abrir un diálogo con sectores, el funcionario enfatizó que se requiere construir acuerdos de “alto consenso” que permitan al país salir adelante.

“Este proceso es especialmente importante de cara a las decisiones necesarias para el proceso de recuperación pospandemia, así como la negociación con el FMI que Costa Rica deberá acometer en las próximas semanas para garantizar el equilibrio fiscal y macroeconómico”, insistió el jerarca.

‘Se llevará una propuesta costarricense'

En la misma comparecencia, el ministro de Hacienda aseveró a los diputados que las condiciones en las negociaciones con el FMI todavía no están dadas y sostuvo que la discusión no derivará en “recetas” que el país luego deberá cumplir.

Ese compromiso lo asumió al responder dudas del diputado Wálter Muñoz, jefe de fracción del Partido Integración Nacional (PIN).

“No somos nosotros, como ministros, simplemente tomadores de nota. Nosotros tenemos la responsabilidad con el país y, pueden estar absolutamente seguros, que no vamos a ir a sencillamente a recibir cuáles son las condiciones que tiene el Fondo para venir a trasladárselas a la Asamblea Legislativa. Esa no es la idea, eso no está sucediendo, eso no es lo que va a pasar.

Añadió que con ese fin se abrirá el espacio de diálogo, con tal de elaborar una propuesta propia del país.

“Debemos irle a decir al Fondo lo que hablamos con Costa Rica, no queremos venir a decirle a Costa Rica lo que nos dice el Fondo.

“Al final, la propuesta que se llevará ante el FMI será una propuesta costarricense, no será la propuesta del Fondo, no será sencillamente una receta que nos vayan a imponer a nosotros, eso debe estar claro”, puntualizó el ministro.

PLN y PUSC piden claridad

El jefe de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, dijo que el llamado el Ejecutivo va en la línea de lo que su fracción ha pedido desde hace semanas, de buscar un nuevo pacto social ante la crisis económica del país.

“Debe de haber mesas de todos los sectores para ver de qué manera tenemos un escenario absolutamente claro de la situación, que se aporten ideas y seguir adelante. Así como se construyó la Segunda República a medidados del siglo pasado”, pripuso el verdiblanco.

Empero, el liberacionista, lamentó que el anuncio del jerarca de Hacienda, ocurre en un momento en que el Gobierno carece de confianza.

Considera que Zapote no ha sido transparente en el manejo del acercamiento con el FMI.

“El Gobierno va pasito a pasito y no deja ver cuál es la ruta total que requiere el país. Vienen empréstitos a la Asamblea Legislativa y vienen negociaciones con el FMI. Primero dicen que no ha habido conversaciones con el Fondo y luego que han sostenido reuniones virtuales. Entonces, eso lo que genera es desconfianza”, señaló Chacón.

Silvia Hernández, diputada del PLN, se sumó a los cuestionamientos.

“Al Gobierno le urge integrar un esfuerzo técnico interpartidario y de sectores económicos para hacer política común, en lugar de intentar obtener réditos propios y encontrar pérdidas generalizadas”, afirmó Hernández.

Para Shirley Diaz, subjefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Poder Ejecutivo toma una buena decisión de convocar a un diálogo, siempre que esté dispuesto a traducir los resultados en “política publica”.

Empero, sostuvo que el Gobierno acude débil a esta nueva mesa de conversación porque, según manifestó, no ha dado “señales concretas de soluciones a problemas acordados en otras otras discusiones”.

“Pero el camino del diálogo es legítimo y es el que tradicionalmente se ha usado para resolver problemas sociales. El tema del FMI va a traer una serie de consecuencias que tiene que emanar a través de la ley o de políticas publicas específicas en cuanto al gasto o reforma del Estado”, opinó la socialcristiana.

Díaz señaló que, además de legisladores, cámaras empresariales y sectores sindicales, en esas conversaciones debería de participar la Iglesia católica.

“Si se lleva a discusión ese acuerdo, la gente tiene que saber a cambio de qué, para que luego no salga a la calle a despedazar la poca estabilidad social que se tiene”, finalizó.

Por su parte, Enrique Sánchez, jefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), calificó el eventual diálogo como “absolutamente imprescindible”.

El diputado oficialista consideró que esa conversación debe ser “amplia y efectiva”, y dentro del entendido de que un posible acuerdo con el FMI serviría para sanear las finanzas públicas.

“En esa construcción tenemos que ser partícipes diputados y deferentes sectores sociales y productivos, que tendrán mucho que aportar a la construcción de la ruta, no solo relacionada con el Fondo sino en la Costa Rica posterior al covid-19″, añadió Sáńchez.

Sostuvo que es oportuno un diálogo previo con los diputados debido a que el Congreso tramita actualmente un crédito por $508 millones del FMI y allí también se deberán aprobar, eventualmente, algunos compromisos que el país adquiera con el organismo internacional.