Josué Bravo. 29 julio
Marta Acosta,contralora general de la República, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Foto: CGR para LN.
Marta Acosta,contralora general de la República, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. Foto: CGR para LN.

La Contraloría General de la República (CGR) recomendó ajustar el proyecto de ley que autorizaría el crédito rápido del Fondo Monetario Internacional (FMI), de $508 millones, con el fin de dejar claro que se usará única e invariablemente para canjear deuda pública.

Marta Acosta, contralora general, les dijo a los diputados de la Comisión de Hacendarios que debe arreglarse el artículo 3 del texto, con tal de que se indique con claridad cómo el dinero proveniente de este crédito externo servirá para sustituir la obtención de recursos mediante deuda interna, que es más cara.

En ese artículo, el Gobierno pide a los diputados una autorización para que, mediante decreto ejecutivo, el Ministerio de Hacienda realice las modificaciones presupuestarias para usar los ¢295.000 millones en la sustitución de fuente de financiamiento en el Presupuesto Nacional, canjeando endeudamiento interno por externo.

Sin embargo, Acosta recomendó “ajustar el texto de modo que se explique, se indique expresamente el código de clasificador de ingresos del sector público vigente que serán susceptibles de ser sustituidos por los recursos provenientes del Instrumento de Financiamiento Rápido( IFR)”.

En su misma exposición, la contralora general aclaró que el empréstito negociado por el país con el FMI, a través del IFR, fue negociado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), pero al ser dirigidos al Ministerio de Hacienda para uso presupuestario, esa cartera debe de cumplir con obligaciones financieras.

Por lo cual, añadió la jerarca, el empréstito debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. “Consideramos que se cumple con el requisito constitucional de presentar a la Asamblea la aprobación del crédito, toda vez vez que se trata de un crédito externo”, añadió Acosta, en concordancia con los expresado por la Procuraduría General y el deparamento de Servicios Técnicos del Congreso ante dudas de los diputados.

En la misma exposición, la contralora general dijo que, si bien ese empréstito negociado en condiciones blandas constituye un alivio temporal a las presiones de financiamiento que tiene el país, sigue siendo necesario realizar reformas de ajuste estructural que garanticen el equilibrio en la operación del Gobierno con un enfoque plurianual.

“Finalmente, es de mayor importancia que tras la atención de la crisis ( de la pandemia) se procure el retorno en el mediano plazo a la sostenibilidad fiscal, para lo cual condiciones de financiamiento blando son necesarias”, añadió.

Acosta recordó que el crédito negociado por el Gobierno con el Fondo Monetario en abril pasado se da en un contexto de la caída de ingresos corrientes por casi ¢1,2 billones debido a la pandemia.

También, se gestiona en una coyuntura de aumento de 4,5% del gasto según la variación interanual, impulsado por el pago de intereses; y el crecimiento de la deuda publica hasta el 62,4% a mayo del 2020.

Por su parte, Rodrigo Cubero, presidente BCCR, les aclaró a los diputados de la comisión legislativa de Asuntos que ese empréstito no incrementa el gasto público, sino que consiste en una fuente de financiamiento externa en condiciones favorables.

“Me parece importante aclarar que no viene a generar gasto nuevo, vienen a reemplazar deuda cara por deuda barata”, respondió el jerarca ante consultas de la diputada liberacionista y presidenta de ese foro legislativo, Silvia Hernández.

Ante la solicitud de la legisladora de dejar claro que esos recursos serían para la sustitución de deuda interna, Cubero respondió: “Lo que está haciendo es proveer fuentes de financiamiento que, dentro del margen establecido, contribuyan a que el Gobierno no tenga que financiarse con su fuente de financiamiento residual”.

Cubero explicó que la tasa de interés del crédito, a un plazo de cinco años y con tres años de gracia, es de 1,55%, por lo que el país se ahorraría alrededor del 7 puntos porcentuales en pago de intereses debido a que colocar un monto similar en el mercado interno, en colones, se pagaría una tasa cercana al 8,5%.

“¿Por qué es buen negocio para el Gobierno y el país? Porque si el Gobierno logra crédito afuera, va lograr que su déficit de mañana sea menor porque está logrando que el gasto por intereses se reduzca”.

“Eso, también, permite reducir presión sobre las tasas de interés en el mercado doméstico y le hace favor a demás deudores en el mercado interno”, puntualizó, al tiempo que afirmaba que, el restarle presión a las tases de interés local, genera un efecto positivo en la producción del país.