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El busto de García Escalante (izquierda), el primer ministro de la Caja Nacional, aparece en una emisión de billetes de ¢50 del Banco Nacional, a mediados del siglo XX. Mariano Montealegre, factor de tabacos en 1821 (derecha), también fue el primer diplomático del país. Imagen: captura de obra del autor Jorge Francisco Sáenz Carbonell, publicada por la Cancillería
Al llegar la Independencia en 1821, luego de toda una vida de obediencia a la Corona española, cuatro excobradores de impuestos del impero prometieron su lealtad al nuevo territorio independiente y se convirtieron en los primeros administradores públicos de Costa Rica.
Cuatro hombres, miembros de las élites coloniales de San José y Cartago, fueron los primeros jerarcas de las instituciones que fundaron el aparato estatal costarricense.
Tales entidades fueron la Caja Nacional, el mando central de las milicias, la Factoría de Tabacos y la Receptoría de Alcabalas.
Mariano Montealegre, Manuel de Alvarado, Manuel García de Escalante y el teniente coronel Félix Fernández Tenorio fueron designados como encargados de dichas instituciones por la primera Junta Superior Gubernativa provisional de Costa Rica, el 14 de noviembre de 1821.
Ellos eran, respectivamente, el recolector de las ganancias del monopolio del tabaco, el cobrador de impuestos sobre las ventas y el aguardiente, el ministro de la Caja Real y el encargado del mando militar.
La Junta, el primer órgano de Gobierno que se instaló en el país después de la declaración de la independencia, les confió a estas cuatro personas la administración del Estado por un asunto de practicidad.
De repente, Costa Rica, la pequeña y alejada provincia centroamericana, que ni siquiera tenía oficinas de la Corona española debía valerse por si misma, sin que nadie tuviera la menor idea de cómo hacerlo.
Otras provincias del Istmo, como Guatemala o El Salvador, eran importantes ciudades con experiencia en administración pública.
En Costa Rica, en cambio, tan solo había una caja que recogía los tributos del reino español, y para todos los demás asuntos, se recibían órdenes de León, en Nicaragua, o de Guatemala.
“Había total incertidumbre, total inseguridad jurídica. No se sabía a cuál ley había que hacerle caso, si a la Constitución de Cádiz o al Pacto de Concordia o qué. Era una cosa absolutamente confusa.
“Nadie sabía qué estaba pasando ni menos qué iba a pasar, no sabían para dónde agarrar. Había gente que iba para un lado y gente que iba para el otro, con todo tipo de conflictos. Fue terrible, fue tremendo”, explicó el historiador costarricense Eduardo Madrigal Muñoz.
En ese contexto, la Junta les solicitó, a quienes ya tenían experiencia en administración del territorio, que permanecieran en sus puestos.
“Todos manifestaron su adhesión al proceso de Independencia y su sujeción a la autoridad de la Junta Superior Gubernativa”, narra Madrigal Muñoz en su artículo Los administradores políticos de Costa Rica al momento de la Independencia: ¿Colonia o modernidad?
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Un aparato político raquítico
Al final de la colonia, Costa Rica era una provincia con un aparato político “raquítico”, en palabras de Madrigal Muñoz, quien es académico en las universidades Nacional (UNA) y de Costa Rica (UCR).
La supervisión del territorio estaba a cargo de un gobernador, enviado directamente desde España, quien ostentaba los mandos militar, político y de hacienda del territorio.
El último gobernador de Costa Rica fue Juan Manuel de Cañas, cuya renuncia fue conocida por la Junta Superior Gubernativa el 14 de noviembre de 1821.
“Se resolvió que la junta reasumen (sic.) los dichos empleos, ínterin se establece el gobierno superior que ha de permanecer”, dictó la Junta ese mismo día, según lo reseña Madrigal Muñoz.
Lo que hicieron los vocales fue informarles a Montealegre, Alvarado, García de Escalante y Fernández Tenorio sobre la autoridad de la Junta; ordenarles que continuaran con su trabajo y pedirles un informe sobre “el estado circunstanciado de las existencias de sus respectivos ramos”.
Según el historiador, la delegación de las tareas administrativas les permitió a los primeros líderes de la Costa Rica independiente concentrarse, por ejemplo, en la elaboración de las primeras constituciones políticas.
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Don Manuel García Escalante, el primer ‘ministro’ de Hacienda
Una de las principales figuras de autoridad de la época era el ministro de la Caja Real; institución que luego de la independencia se convirtió en la Caja Nacional.
Madrigal explicó que dicha oficina supervisaba la recolección de los impuestos sobre las ventas, así como el tributo que se les cobró en especie a los pueblos de indígenas durante la colonia. Fue la precursora del actual Ministerio de Hacienda.
En 1821, el cargo de ministro lo ostentaba Manuel García Escalante, un cartaginés de padres adinerados, quienes incluso poseían esclavos.
García Escalante no solo respaldó la emancipación de España, sino que incluso firmó el acta del 29 de octubre de 1821. Además, fue diputado constituyente en los dos Congresos que se realizaron en 1823, de los cuales surgieron las primeras constituciones políticas costarricenses.
El historiador Madrigal Muñoz explicó que él fue una figura clave en la apremiante tarea que enfrentaron las primeras juntas gobernativas, de buscar recursos para mantener el funcionamiento del recién nacido territorio independiente.
Posteriormente, García se mantuvo vinculado a la administración de los fondos públicos, y estuvo al frente de la Tesorería General del Estado en 1826, luego de que el territorio adoptara, por primera vez, una estructura con poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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Don Manuel de Alvarado, el recolector de impuestos
La Receptoría de Alcabalas recolectaba los impuestos que supervisaba la Caja Nacional.
De acuerdo con Madrigal, las alcabalas eran el impuesto sobre las ventas de la época.
Además, la entidad recolectaba los ingresos de la venta de aguardiente, cuyo monopolio le pertenecía a la Corona española y existe aún hoy, en la figura de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
Los archivos consultados por el investigador indican que el receptor de alcabalas fue, desde 1803 y aún después de la independencia, Manuel de Alvarado, quien al mismo tiempo mantenía lucrativos negocios.
“Tuvo importantes intereses en labores mineras. Por ejemplo, en 1807 pidió se le midieran unas minas de oro, plata, cobre y plomo en la zona de Aguacaliente de Cartago, así como de una mina de plata cerca del río Tiribí junto con su hermano Benito”; recoge Madrigal en su libro.
De acuerdo con el historiador, Alvarado tuvo a un esclavo a su servicio, a quien aparentemente liberó en 1821.
“Viva la independencia”, escribió en su primer informe a la Junta Superior Gubernativa sobre el estado de las ventas de aguardiente.
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Don Mariano Montealegre, factor de tabacos y primer diplomático
En la época colonial, el cultivo del tabaco fue un monopolio de la Corona española, cuyas ganancias iban a las arcas del rey y se utilizaban, también, para pagar una fracción de los sueldos de los administradores públicos.
El dinero de las ventas lo recolectaba la Factoría de Tabacos, creada en 1784. De acuerdo con Madrigal Muñoz, dicha oficina también administraba los ramos de la pólvora y los correos.
De todos esos asuntos, remitió un informe a la Junta el factor de turno al momento de la independencia, Mariano Montealegre Bustamante.
Montealegre fue un inmigrante, nacido en Guatemala en 1783, quien hizo carrera en distintas ciudades de Centroamérica hasta que se asentó en Costa Rica. El cargo de factor de tabacos, según Madrigal Muñoz, lo obtuvo alrededor de 1815, cuando percibía un salario “nada humilde” de 1.000 pesos anuales.
Aquí, se casó con Jerónima Fernández Chacón, hija del jefe militar Félix Fernández Tenorio, con quien procreó al futuro jefe de Estado José María Montealegre (1860-1863).
Luego de la independencia, Montealegre Bustamante escaló aún más en la jerarquía política del nuevo territorio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores lo considera el primer diplomático costarricense, pues en 1823 dejó temporalmente su cargo en la Factoría de Tabacos para representar al país ante los gobiernos de León y Granada, en Nicaragua, misión que ejecutó “con gran acierto”, según una biografía publicada por la Cancillería en el 2020.
Además, en 1824, fue electo como vicejefe de Estado, junto a Juan Mora Fernández.
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Teniente coronel don Félix Fernández de Tenorio, jefe del ejército
El jefe del ejército de la provincia en octubre de 1821, también fue el último gobernador de Costa Rica designado por la Corona de España.
Sin embargo, el teniente coronel Félix Fernández de Tenorio nunca llegó a ejercer el cargo, pues la Junta Superior Gubernativa provisional accedió antes al poder.
Según Madrigal, la emancipación de España no implicó cambios en la composición de la milicia, pues los mismos integrantes de las élites coloniales permanecieron en sus cargos y sus rangos.
A Fernández, la Junta le revocó su nombramiento durante algunos meses, inmediatamente después de la independencia, y se lo asignó nuevamente en 1822. Sin embargo, el teniente duró poco tiempo en el cargo, pues se retiró en 1823, a los 69 años.
Los archivos históricos consultados por el investigador indican que Fernández ocupó puestos de poder al menos desde 1787, como teniente de gobernador de San José.
Su descendencia también destacó en la Costa Rica del siglo XIX: su hijo, Manuel Fernández Chacón, fue jefe de Estado durante dos meses, en 1835; y dos de sus nietos fueron presidentes de la República: José María Montealegre Fernández (1860-1866) y Próspero Fernández Oreamuno (1882- 1885).
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