El crédito internacional para financiar la construcción del tren eléctrico metropolitano podría perderse si, en dos meses, los diputados no emiten una resolución al respecto.
Por reglamento legislativo, los diputados de la Comisión de Infraestructura tienen tiempo hasta el 1.° de noviembre para dictaminar positiva o negativamente el préstamo de $550 millones (¢346.500 millones) que cubriría el aporte estatal para la obra.
De no hacerlo, el expediente 21.958 quedará archivado y ni siquiera llegaría a discutirse en el plenario legislativo.
La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, les pidió a los diputados salvar el préstamo de un eventual archivo para discutirlo, posteriormente, fuera de la campaña política o, al menos, superada la segunda ronda electoral.
El préstamo se compone de dos partes. Un total de $250 millones los aportaría el Fondo Verde del Clima, de Naciones Unidas, con una tasa de interés del 0% a 40 años plazo y una década de gracia para comenzar a pagar.
Los restantes $300 millones los prestaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con una tasa del 3,8% anual.
Adicionalmente, el Fondo Verde dispuso de una donación de $21,3 millones para construir obras de movilidad complementarias, como ciclovías y espacios públicos para el ferrocarril.
Dichos beneficios fueron aprobados por esta oficina de Naciones Unidas, en julio anterior, al considerar que un sistema de transporte público con energía renovable traería beneficios ambientales.
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Según el Gobierno, el tren eléctrico metropolitano conectaría San José, Alajuela, Heredia y Cartago a través de una red de 84 kilómetros de vías, con capacidad para movilizar a unos 200.000 pasajeros diariamente.
La obra costaría $1.550 millones. El Estado aportaría $550 millones y un concesionario tendría que invertir $1.000 millones.
“Creo que después de pasadas las elecciones de febrero, ya sea que se tenga presidente electo o dos candidatos, va a ser muchísimo más fácil que el cuerpo político se ponga de acuerdo. Hacia allá apuntamos.
“Lo que queremos es que pase el escollo de la Comisión de Infraestructura. Creemos que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para disipar los nublados del día, es decir, todas las críticas que se hablaron fueron valoradas desde una perspectiva profesional para ver si realmente llevaban o no llevaban razón”, manifestó la jerarca del Incofer.
“Esto también es una oportunidad que tiene el próximo presidente de la República, de encontrarse con un proyecto maduro a nivel de estudios, financiado en condiciones excepcionales y que va a impactar la reactivación económica. Eso también le va a permitir a la próxima administración realizar el inicio de la construcción”, agregó.
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Briceño consideró que rechazar el financiamiento especial del Fondo Verde podría cerrarle las puertas al país y a la región para futuros proyectos de infraestructura amigables con el ambiente.
“Sería muy perjudicial. Además, iría en contra de nuestro ADN, de nuestra marca país amigable con el ambiente y de líderes defensores del plan de descarbonización”, afirmó.
Cuenta regresiva
El reglamento legislativo establece que los proyectos deben dictaminarse en un plazo máximo de 60 días hábiles, prorrogables por una única vez por el mismo periodo.
La Nación contactó desde el jueves pasado a la diputada Paola Valladares del Partido Liberación Nacional (PLN), quien preside la Comisión Especial de Infraestructura. Aunque se acordó un espacio para conversar sobre el trámite del proyecto, no se obtuvo respuesta por parte de la legisladora al momento de publicar esta nota.
Para que el empréstito avance a la siguiente etapa se requerirá, al menos, de un dictamen afirmativo de minoría por parte de ese espacio.
Además de Valladares, la comisión está integrada por los también liberacionistas Fernando Chacón y David Gourzong; María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
También lo integran los diputados independientes Dragos Dolanescu, y las fabricistas de Nueva República Carmen Chan y Marolin Azofeifa.
De llegar al plenario legislativo, el proyecto de ley deberá recibir el apoyo de 38 diputados como mínimo. De lo contrario, el préstamo será rechazado.
‘No quieren que nosotros lo hagamos’
La semana pasada, el presidente de la República, Carlos Alvarado, declaró que los diputados se oponen al proyecto del tren eléctrico porque no quieren que la obra empiece durante su administración y dijo que su intención es que el plan le quede encaminado al país.
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Congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque fabricista han criticado los estudios de factibilidad realizados con respecto al tren eléctrico.
Entretanto, los congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) se debaten entre el apoyo al proyecto con una fuerte revisión del plan, o el freno total a la propuesta debido a la situación fiscal del país.
Luego del anuncio del apoyo del Fondo Verde del Clima, la jefa liberacionista, María José Corrales, declaró que “en este momento el tren eléctrico no es una prioridad”. La sancarleña argumentó que lo que necesita en el país son iniciativas para reactivar la economía.
Un estudio elaborado por el Incae Business School contradijo a los legisladores que se oponen a la obra, por supuestamente no favorecer la recuperación económica.
Según ese análisis, la construcción del sistema de transporte público masivo ocasionaría un crecimiento de entre 0,5 y 1,6 puntos porcentuales en el producto interno bruto (PIB) de Costa Rica.
El estudio también concluye que la construcción del tren eléctrico metropolitano ayudaría a generar 4.344 empleos en el escenario de crecimiento más bajo y hasta 43.438 en el contexto más optimista.