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El exministro de Hacienda, Fernando Naranjo, estimó que Costa Rica superará sin mayor problema la primera revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que los proyectos fiscales acordados con el organismo se encuentran atascados en el Congreso y empezaron a entrar en la guillotina legislativa.
La empresa Consejeros y Económicos Financieros S.A. (CEFSA), de la cual Naranjo es presidente, elaboró un análisis sobre el avance de las metas comprometidas por el país con el Fondo.
“Nosotros no vemos mayores complicaciones para pasar esta primera revisión del convenio con el FMI, porque la situación fiscal está mejor de lo que se había previsto meses atrás. Los niveles de déficit están bien, el crecimiento de la deuda pública está dentro de los márgenes razonables y el gasto público se ha contenido por la regla fiscal que aprobó la Asamblea Legislativa. Ahí no veo mayores problemas”, afirmó Naranjo.
El economista, sin embargo, recalcó que existen dos aspectos que podrían provocar un llamado atención por parte del Fondo, en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno para obtener una ayuda financiera en seis tractos por $1.778 millones.
Uno de ellos es que el Gobierno se comprometió a que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) dispusiera de reservas monetarias por $3.660 millones en julio pasado. Sin embargo, según las estimaciones de CEFSA, la entidad quedó $50 millones por debajo de esa meta.
“Aquí el FMI puede llamar la atención al Banco Central porque sigue perdiendo reservas internacionales para mantener un tipo de cambio relativamente estable o para que no se vaya a devaluar más. El convenio habla de un tipo de cambio más libre, que debe fijarse por las condiciones de mercado y habla de una recuperación de las reservas internacionales y eso no lo estamos logrando”, afirmó.
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El otro factor de riesgo es que la reforma al empleo público todavía no ha sido aprobada en el Congreso, aunque el acuerdo previó que estuviera firmada en mayo de 2021.
Recién, la semana pasada, la Sala IV envió a la Asamblea Legislativa su resolución sobre el proyecto y la aprobación se podría postergar para noviembre, mientras los diputados corrigen las inconstitucionalidades, consultan los cambios con instituciones y someten el texto a primer y segundo debate.
No obstante, Naranjo estimó que esa reforma no es prioritaria en este momento para el Fondo: “Yo sé que preocupa mucho a toda la gente, a mí me preocupa menos. Yo creo que el Fondo está muy consciente que la ley de empleo público no tendría impacto este año ni el año entrante. Creo que efectivamente la Asamblea Legislativa la va a aprobar. A partir de que se conozca la sentencia final de la Corte Constitucional, esperaría que haya una mayoría de diputados que la aprueben”.
La revisión del FMI empezó el 22 de setiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre. De la aprobación de este primer filtro depende el desembolso del segundo tracto del préstamo por $1.778 millones.
El chequeo ocurre en momentos en que una mayoría de diputados impulsa una rebaja en el marchamo 2022, la cual provocaría un hueco en las finanzas por ¢60.000 millones, el equivalente al 13% de los nuevos recursos que el Gobierno pretende recaudar con cinco proyectos de la agenda con el FMI.
Se presenta también en medio del rechazo del candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, a eliminar la exoneración que libra a los funcionarios públicos de pagar impuesto de renta sobre el salario escolar, propuesta planteada por el Gobierno dentro de la agenda.
En contraparte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se pronunció a favor de la iniciativa, pero modificando otros contenidos del proyecto de eliminación de exoneraciones fiscales, en donde está contenida esta propuesta.
El próximo Gobierno requerirá ¢9,6 billones para pagar deuda pública entre el 2022 y el 2026, el monto más alto en la historia reciente del país. El actual ministro de Hacienda, Elian Villegas, sostiene que cubrir ese compromiso no será posible sin el acuerdo con el FMI.
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¿Consecuencias por el rezago de la agenda?
Las reformas presentadas por el Poder Ejecutivo, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se encuentran atascadas en el Congreso. Tres de los siete proyectos entraron en la guillotina legislativa y el resto de iniciativas seguirán el mismo camino entre octubre y noviembre. Ello complica aún más el panorama político en la Asamblea Legislativa.
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Para Fernando Naranjo esto no será un problema, al menos, en la primera revisión del organismo internacional.
“No creo, porque realmente la recaudación de impuestos ha sido bastante más elevada de lo que se había contemplado. Tampoco el Fondo estaba esperando que todos estos paquetes fueran a rendir algo en el año 2021 o principios de 2022.
“Lo que el Gobierno puede hacer es replantearle al FMI: ‘Bueno, no vamos a poder aprobar estas leyes, pero bueno, yo sugiero que en lugar de eso, aprobemos esto otro’, pero eso es lógico en todo convenio con el FMI.
“Estos convenios no están escritos en piedra. Al Fondo lo que le interesa son los resultados. Si el Gobierno quiere el impuesto a las viviendas de lujo, un ajuste del IVA o un aumento en los combustibles, para el Fondo realmente eso es intrascendente, porque es soberanía del país.
“Lo que le interesa son los límites en el gasto, ingresos que crezcan a cierto monto, niveles de déficit y limitaciones en el crecimiento de la deuda pública. Esas son las metas que realmente interesan al Fondo. Cómo se haga eso ya no es problema suyo, sino básicamente del Gobierno”, afirmó.
¿Qué está revisando el FMI?
La misión del organismo internacional tiene el propósito de conocer los niveles de cumplimiento de las metas cuantitativas acordadas con el Gobierno, así como el nivel de avance de las medidas políticas y reformas estructurales convenidas.
En cuanto a las metas cuantitativas, el Ministerio de Hacienda sostiene que el país no tendrá problemas de cumplimiento. También se hará un análisis de las perspectivas económicas para el país y una actualización de las proyecciones para las principales variables.
La primera de la meta estaba relacionada con los niveles del déficit primario, es decir, el exceso de gastos (excluyendo los intereses) sobre los ingresos del Gobierno.
Costa Rica más bien reportó un superávit primario (los ingresos sobrepasaron los gastos, excluyendo el gasto en intereses) de ¢170.370 millones al término del primer semestre.
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El segundo desafío macroeconómico del país era no sobrepasar un endeudamiento por ¢26,6 billones (69,7% del PIB) a julio anterior. El Gobierno reportó un endeudamiento por ¢26,3 billones (69,1% del PIB).
La deuda del Gobierno, básicamente, es garantizar un mínimo de reservas monetarias del Banco Central por $3.660 millones. El nivel de cumplimiento fue de 98,5%, según CEFSA.
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