EscucharEl presidente de la República, Rodrigo Chaves, dejó en suspenso el uso del fondo de avales aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre para auxiliar a 18.000 empresas afectadas por la pandemia.
El proyecto, respaldado con un crédito de $270 millones concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), consiste en que el Estado otorgue garantías bancarias a compañías o personas que requieran de créditos para reactivar su producción, con el compromiso de que sostengan el nivel de empleo al momento de solicitar el crédito.
La mitad del programa debe destinarse a productores que tengan menos de 100 empleados.
Los avales equivaldrían hasta un 75% del monto de cada crédito y, para acceder a estas, las compañías deberán tener una calificación buena o aceptable en el récord crediticio antes de la pandemia y una morosidad inferior a los 60 días. Además, tienen que demostrar haber afrontado problemas de liquidez debido a los efectos económicos de la pandemia.
Las garantías estatales responderían ante el banco en caso de impago por parte del deudor.
La oposición del presidente
No obstante, el presidente de la República sostiene que “se debe evitar esa consecuencia de que el Estado le pase al sector bancario los recursos públicos que le pertenecen a quien paga los impuestos en este país”.
“Yo no voy a permitir eso. Entonces, estamos estudiando si, a través de la reglamentación, podemos cerrar esos portillos. Si no, actuaremos obviamente con la Asamblea Legislativa para llevar y exponer los problemas que no se puedan corregir. Si el reglamento no cierra el portillo, vamos a tener que revisar eso de manera muy cercana, pero, mientras yo sea presidente, creo que sería una irresponsabilidad regalar plata del pueblo a los bancos”, insistió Chaves.
El reglamento para poner en funcionamiento el fondo de avales aún no se ha aprobado, por lo que el Estado sigue sin colocar las garantías en las empresas que arrastran una afectación financiera por la crisis.
El 19 de enero, en campaña electoral, Chaves también cuestionó el fondo de avales. Prometió quitarle el 72% de los recursos a ese fondo para destinarlo a viviendas, principalmente, de interés social. “Hay que renegociar ese acuerdo vergonzoso de rescate al sector bancario que hicieron la Asamblea Legislativa y el Gobierno, que se llama fondo de avales”, señaló el entonces candidato presidencial.
El nuevo presidente del Banco Central, Róger Madrigal López, declaró que, si entra en funcionamiento el fondo de avales, antes “es necesario un diseño adecuado de los criterios de otorgamiento de avales crediticios para evitar que el Estado incurra en pérdidas por errores en la evaluación de la calidad de los deudores”. Así lo afirmó en una entrevista, el 11 de mayo, con el Semanario Universidad, donde agregó: “Ha de tenerse presente que el aval permite que el riesgo que enfrenta un prestamista sea trasladado hacia el que otorga el aval, en este caso el Estado”.
Pago de comisiones al BCIE
Antes de la formulación de la ley del fondo de avales, el Congreso y la administración anterior también aprobaron el crédito del BCIE para financiar el programa. Lo hicieron desde junio del 2021 con 46 votos a favor.
Se trata de un financiamiento de $300 millones, de los cuales $30 millones ya fueron dirigidos a pagar las deudas del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y $270 millones al fondo de avales.
Por no retirar los recursos del préstamo por $270 millones, facilitado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para nutrir ese fondo, el Estado pagó cerca de ¢244 millones en multas. Finalmente Costa Rica retiró los fondos en abril, pero siguen sin ejecutarse.
Así se repartirían los avales
El fondo de avales fue ideado por el gobierno de Carlos Alvarado en agosto de 2020, en medio de la severa crisis ocasionada por las medidas para contener la pandemia de coronavirus. No obstante, el Congreso aprobó la creación del fondo de avales hasta diciembre de 2021, 19 meses después del inicio de la emergencia nacional.
De acuerdo con la legislación, un informe técnico elaborado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinará la distribución de los avales entre los sectores económicos más afectados.
Posteriormente, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) suministraría información del saldo de crédito otorgado por cada entidad financiera al sector privado, según actividad económica y segmento de riesgo.
Con base en estos datos, un consejo rector del fondo de avales, encabezado por el Ministerio de Hacienda, asignará los recursos proporcionalmente entre los intermediarios financieros, de acuerdo con la participación de cada entidad en la cartera empresarial o comercial más afectada por la pandemia.
Luego, “la entidad financiera fijará los montos máximos de avales por actividad económica, debiendo priorizar todas las actividades económicas empresariales según su nivel de afectación. A partir de esta fijación, el intermediario financiero distribuirá al menos 50% para las personas físicas o jurídicas que empleen 100 o menos personas trabajadoras”, dice el texto.
Finalmente, si un banco no logra colocar los recursos a través de préstamos, el Consejo Rector, liderado por el Ministerio de Hacienda, debe redistribuir los recursos entre los otros intermediarios financieros interesados en colocar más recursos.
El fondo de avales permanecerá con vida mientras se mantenga vigente la declaratoria de emergencia por la pandemia de covid-19, o bien, hasta julio de 2023, cuando se cumplan 18 meses de la promulgación de la ley.
Aun en ese escenario, el Consejo Rector del fondo de avales podría extender el plazo por seis meses más, por una única vez.
