Un aval se genera por un tercero que responde ante la entidad financiera cuando el deudor no puede pagar.

Los avales son para respaldar a empresas o personas con proyectos productivos, que requieran crédito en las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Los préstamos pueden ser en colones o dólares.

“Se pueden usar (los avales) para reestructurar deudas existentes, para inversión o para capital de trabajo y las empresas por su lado, las beneficiarias de estos avales, cubrirían hasta 80% del total del crédito y tienen que comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de adquirir ese aval y hacer su mejor esfuerzo para recuperar lo antes posible los empleados perdidos por la pandemia y restituir, o incluso ampliar, el empleo en el menor plazo posible”, explicó Garrido.

El proyecto supone, además, que las empresas productivas tengan una pérdida esperada de 10% por efecto de la pandemia, entonces, con esos $300 millones, se pueden avalar $3.000 millones en créditos y con eso, suponiendo que un crédito promedio productivo ronda los $166.000 (unos ¢98 millones), alcanzaría para atender a 18.000 empresas, la quinta parte de las firmas del país, según Garrido.

Este proyecto se hizo con la colaboración del Banco Central, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Asociación Bancaria Costarricense y los economistas Gerardo Corrales y José Luis Arce.

En un comunicado conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el de Planificación se detalla que el Fondo funcionará con un fideicomiso. El Ministerio de Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros será el fiduciario.

“Un consejo rector determinará los criterios de selección de los avales y personas físicas o jurídicas que se beneficien, los porcentajes de pérdida esperada por actividad económica, el monto máximo de avales y garantías por cliente, así como por actividad económica”, señala el comunicado.

El plan se complementa con una propuesta que puso en consulta el Banco Central, el martes 4 de julio, para crear una línea de crédito especial por ¢700.000 millones para prestar a los hogares y empresas más golpeados por la pandemia sanitaria.

Los recursos se prestarían a los intermediarios financieros (bancos y cooperativas, por ejemplo) a un plazo de cuatro años con un interés de tasa de política monetaria, actualmente en 0,75%, más una prima de cinco puntos base (0,05%). En total, la tasa sería de 0,80% al día de hoy.

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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios emitieron un comunicado en el cual señalaron algunos lineamientos para este fondo de avales.

Entre esos lineamientos, los diputados propusieron financiar el fondo con recursos externos ya contratados para que el Gobierno no adquiera nuevos créditos y que los avales cubran hasta el 80% del saldo expuesto por operación de crédito individual.

Además, que el compromiso de las empresas beneficiarias del aval sea mantener el nivel de empleo que en ese momento sostengan, e incrementen el nivel de empleo futuro conforme sus flujos de caja se recuperen, y que el fondo permita reorganizar las obligaciones de crédito o préstamos financieros a plazos superiores a cinco años para pequeñas, medianas y grandes empresas.

La Ministra indicó que las propuestas están alineadas y están felices de que los diputados estén de acuerdo porque eso asegura que se pueda aprobar en el menor tiempo posible.

La expectativa del Banco Central es tener los recursos disponibles a finales de este mes y Garrido espera que también el proyecto de avales pueda ser aprobado en ese mismo lapso.

Con estas iniciativas se espera frenar el cierre de empresas por la pandemia, así como el creciente desempleo el cual, en el segundo trimestre del año, ya alcanzó a casi uno de cada cuatro trabajadores.

Entrevista

Pilar Garrido: “La prioridad ahora es poder proteger el empleo”

La ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, respondió algunas consultas sobre la propuesta del fondo de avales.

–¿Cuáles son los riesgos de la propuesta?

– Dentro de los riesgos que estamos observando es la posibilidad –aquí es un llamado que les hacemos a los intermediarios financieros– de poder asumir la entrega más ágil de los avales y las garantías.

“Lo que hemos venido observando es que, con esta línea de crédito del MIL (Mercado Integrado de Liquidez) y también los recursos que ya tenía la banca pública para apoyar en capital de trabajo, en la mayoría de los casos, al hacer el análisis de la capacidad de pago de las empresas, como hay tanta incertidumbre en los flujos futuros de las mismas, entonces no había sido posible el otorgamiento ágil de esos recursos”.

– ¿Qué pasa si una empresa no paga?

– Si la empresa no paga entonces el fideicomiso asume el riesgo, se hace primero con los intermediarios financieros una gestión en términos judiciales, como corresponde siempre, y en caso de no poder cumplirse entonces el aval comienza a cubrirle al intermediario financiero y se asume la operación.

– Como el Gobierno es el que está contratando el crédito, ¿es el Gobierno el que asume el riesgo?

– Los recursos son del Gobierno, pero el fideicomiso que se va a crear es el que asume el riesgo.

– ¿No sería peligroso para un Gobierno que ya está demasiado endeudado?

– No, porque con la estructuración de la Conassif y la Sugef y la participación de Banco Central y el propio Ministerio de Hacienda se hacen todas las precauciones para que esto no llegue a afectarnos.

”Igualmente hay otras fuentes que estamos trabajando para garantizar cubrir con repagos esos recursos adicionales, pero eso será posterior”.

– Estos recursos ya estaban contratados y destinados a algo, ¿qué se dejó de hacer para dedicarlos al fondo?

– Es apoyo presupuestario, era para aliviar la situación por la pandemia y de lo que se trata es también que el fondo se pueda ir recapitalizando y poder asumir los recursos de una manera adecuada.

“La prioridad ahora es poder proteger el empleo, garantizar de que no hayan cicatrices profundas en la economía. Hoy (jueves 6 de agosto) se anunció que estamos con un desempleo del 24% y hay una gran aceleración en las quiebras de las empresas y eso es lo que como Gobierno y como Estado, porque también vemos a la Asamblea Legislativa en esa voluntad, de proteger el tejido (empresarial) y garantizar recuperarnos más fácilemente.

“El Ministerio de Hacienda también ya tiene una propuesta de cómo cubrir algunas de éstas expectativas de recursos que tenían para este apoyo presupuestario”.