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En caso de que el embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, no se presente a comparecer presencialmente el próximo 13 de junio, ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, la Asamblea Legislativa podrá pedir a la Fuerza Pública que lo lleve en cuanto ingrese al territorio nacional. Así lo recordó el Departamento de Servicios técnicos en un criterio emitido este 6 de junio.
El diplomático rechazó venir a Costa Rica para comparecer presencialmente ante los diputados este jueves 6 de junio. En una carta enviada a la comisión, el lunes pasado, el exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) alegó que no se presentaría a la audiencia para evitar la suspensión de “compromisos agendados dentro del territorio mexicano, indeclinables y propios del ejercicio” de sus funciones.
Al conocer esta situación, la cita de Abarca fue reagendada para el próximo jueves; sin embargo, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, consultó al Departamento de Servicios Técnicos del Congreso cuál sería el procedimiento aplicable en caso de que el embajador se niegue a rendir cuentas, presencialmente, ante la comisión.
Servicios Técnicos explicó que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, “toda persona funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones se encuentra sometida al Bloque de Constitucionalidad y de Legalidad, razón por la cual está obligada a rendir cuentas de su conducta”.
Asimismo, el artículo 114 del reglamento legislativo establece: “Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo causa justa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública”.
Con base en esta norma, Servicios Técnicos afirmó que, si Abarca no se presenta a comparecer, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a solicitud de la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, podrá coordinar su presencia con la Fuerza Pública cuando esté en el país.
Abarca ya confirmó su participación presencial para la audiencia programada para el próximo jueves 13 de junio.
Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, el embajador en México ha entrado a Costa Rica en 10 ocasiones desde que asumió el cargo diplomático, en agosto del 2022. Esto quiere decir que, en promedio, viene al país cada dos meses. La última vez que entró fue el pasado 1.° de marzo del 2024; salió cinco días después.
El jueves pasado 30 de mayo, en audiencia virtual, Abarca rechazó responder preguntas relacionadas con la reunión en la que él habría revelado a la diputada socialcristiana, Vanessa Castro, que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, le solicitó contactarlo con el dueño de la televisora para la cual ella trabajaba por servicios profesionales.
Los legisladores indagan si Chaves, con ayuda de Abarca, influyó para que la compañía cesara a la congresista opositora, como una represalia por sus posiciones políticas.
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Asimismo, el embajador se negó a responder si sostuvo reuniones con representantes de la constructora mexicana Tradeco o si el mandatario le solicitó hacer alguna gestión con esta firma. Según dio a conocer La Nación, la Fiscalía General de la República investiga un posible tráfico de influencias para trasladar a esta compañía el contrato de ampliación de los 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, así como los cuatro carriles de La Angostura.
“No me voy a referir”, fue la reiterada respuesta del exdiputado.
Abarca alegó que, en la moción para convocarlo de nuevo, los diputados incluyeron el tema de Tradeco y él desconoce los hechos al respecto.
“En virtud de que ya respondí en forma debida los cuestionamientos formulados en relación con la situación personal laboral de la señora diputada, que es la razón por la que se me citó anteriormente, y por no guardar dicha denuncia relación alguna con los objetivos de esta honorable comisión, es pertinente que el suscrito justifique no presentarme en forma presencial a dicha audiencia”, respondió Abarca en una carta.
