Trece diputados de seis fracciones consultaron a la Sala IV si existen vicios de inconstitucionalidad en cinco aspectos del Presupuesto Nacional del 2020.
La consulta facultativa versa, por ejemplo, sobre las partidas para las universidades públicas, el Poder Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La consulta fue enviada este viernes por José María Villala (Frente Amplio; Wálter Muñoz y Patricia Villegas (Integración Nacional); Xiomara Rodríguez, Mileydi Alvarado y Giovanny Gómez (Restauración Nacional); Mario Castillo, Paola Vega, Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos (Acción Ciudadana); Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano); y Karine Niño y Daniel Ulate (Liberación Nacional).
El proyecto de Presupuesto fue dictaminado el pasado 16 de octubre por los diputados de la Comisión de Hacendarios y está listo para su ingreso al Plenario, espacio donde es discutido por todos los legisladores.
La aprobación definitiva del presupuesto ordinario se debe producir antes del 30 de noviembre.
FEES
En el plan de gastos, el Ministerio de Hacienda incluyó ¢513.000 millones para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES), estableciendo que ¢70.000 millones debían destinarse a infraestructura y equipamiento.
Sin embargo, ante la presión de los rectores universitarios, los diputados redujeron esos ¢70.000 millones para gasto de capital a ¢35.000 millones.
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Los diputados consultaron si ese condicionamiento violenta la autonomía constitucional de las universidades públicas.
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Restricciones al Poder Judicial
Los diputados también alegan que el Poder Ejecutivo incurrió en "restricciones arbitrarias” al gasto corriente del Poder Judicial y que ello violenta la independencia de poderes y pone en peligro el funcionamiento de los tribunales.
Los consultantes alegan que el gasto corriente de la Corte solo subirá en un 0,69% y que la regla fiscal permitía aumentar hasta un 4,67%.
El Poder Judicial recibirá ¢3.075 millones más en el 2020, pero para los diputados ese gasto corriente pudo haber crecido en ¢17.650 millones. Alegan que se trata de un decrecimiento si se considera la inflación proyectada para el 2020, de un 3%.
La transferencia para la Corte será de casi ¢445.000 millones.
Días antes de presentar el presupuesto ordinario al Congreso, el Ministerio de Hacienda, bajo las riendas de la ministra Rocío Aguilar, tomó la decisión de recortar en ¢2.500 millones al Poder Judicial, luego de enterarse de que los magistrados no estaban aplicando las principales medidas de ahorro que introdujo la reforma fiscal en empleo público.
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8% del PIB a la educación
La Sala Constitucional también deberá resolver si el presupuesto del 2020 cumple con los artículos de la Constitución que se refieren a la inversión mínima en educación del 8% del producto interno bruto (PIB).
En otra ocasión, la Sala avaló que, dentro de ese 8%, se incluyan la inversiones en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Red de Cuido, pero los diputados aseguran que ni aún así se está cumpliendo.
Destinos específicos
Los consultantes también alegan que el gobierno presupuestó para el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mucho menos dinero que para el 2018 y que ello va contra el marco constitucional y de los compromisos internacionales a favor de la niñez.
Con la reforma fiscal, el Ministerio de Hacienda quedó autorizado para flexibilizar las transferencias a los destinos específicos, como el caso del PANI, pero siempre y cuando se respetara como mínimo el presupuesto asignado el año de la entrada en vigencia de la Ley, que fue en el 2018.
La misma situación fue denunciada por los trece congresistas en el caso de otras transferencias como los Cen-Cinai, universidades públicas (por otras transferencias adicionales al FEES y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Normas de ejecución
La consulta facultativa cuestiona dos normas de ejecución que integraron los diputados de la Comisión de Hacendarios para el presupuesto 2020. Obligan al Poder Ejecutivo a enviar en tiempo y en contenido modificaciones presupuestarias específicas como el ajuste a la meta de inflación y de la deuda a más tardar el 31 de julio del año en ejecución.
Consideran los diputados consultantes que tal potestad es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.