Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron este miércoles reducir de ¢70.000 millones a ¢35.000 millones una partida del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que el Ministerio de Hacienda ordenó dirigir a infraestructura universitaria y equipamiento.
La decisión se tomó a eso de las 6 p. m., horas después de que dicho panel rechazara, en presencia de los rectores de las cinco universidades públicas, tres mociones que pretendían eliminar o reducir el monto asignado para mejoras en los recintos de enseñanza superior.
Sin embargo, la comisión aprobó luego una moción del diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para retomar una de las propuestas que fueron descartadas en la tarde, la cual había sido presentada por el propio legislador oficialista.
Dicha moción proponía recortar a la mitad la partida de ¢70.000 millones que Hacienda dispuso redireccionar de gasto corriente hacia infraestructura.
“Ahora esto da un mayor aire a las universidades para que los gastos operativos del 2020 no se vean tan restringidos. Lo que logramos hoy es reclasificar ¢35.000 millones de esos ¢70.000 millones para gasto operativo y esto es un buen mensaje para las casas de enseñanza”, alegó Sánchez.
Primeros intentos
Los diputados de la Comisión de Haciendarios cambiaron de criterio luego de que los rectores universitarios fracasaran, en un primer intento, en convencer a ese foro de que modificara la reasignación de recursos del FEES.
Allí estuvieron Henning Jensen, de la Universidad de Costa Rica (UCR); Luis Paulino Méndez, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec); Alberto Salom, de la Universidad Nacional; Rodrigo Arias, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); y Marcelo Prieto, de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
La primera moción que se votó pasado el mediodía fue una enmienda presentada el martes por Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional, con el argumento de que la medida contenida en el Presupuesto Nacional de la República, recortaba drásticamente las posibilidades de las universidades para investigar, impartir cursos y realizar actividades de acción social.
También se manifestó en ese sentido el legislador Wélmer Ramos, del PAC.
“Cuando llevamos al extremo reglas fiscales y restricciones de asignación de presupuesto, lo que hacemos es quitar grados de libertad para la eficiencia y la buena administración del Estado y, en este caso, de las universidades” expresó Ramos.
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Sin embargo, luego de las justificaciones de otros legisladores para oponerse, hasta la misma proponente rechazó la moción.
En este segundo grupo estuvo Yorlenny León, también verdiblanca, para quien las universidades disponen de fondos suficientes para subsanar el faltante de ¢70.000 millones en la partida de gastos corrientes (salarios, becas, pago de servicios).
“Los señores rectores tienen perfectamente herramientas a las cuales pueden acudir para maximizar sus recursos y estas consisten en acomodarse en la propia reforma fiscal mediante herramientas como rebajarse sus propias anualidades y ajustar sus pluses”, señaló.
Esta discusión llegó al Congreso luego de que el Ministerio de Hacienda anunció días atrás de que ¢70.000 millones del FEES se habían traslado de gastos corrientes a gastos de capital, que básicamente es infraestructura y equipamiento.
Así quedó estipulado en el Acuerdo del FEES que firmó la Comisión de Enlace, en julio pasado.
Fue hasta esta semana que el rector de la UCR mostró su descontento; molestia también respaldada por el jerarca de la UNA, Alberto Salom.
La segunda moción planteada este miércoles vino del propio Ramos y se rechazó por unanimidad.
Esta última obtuvo seis votos en contra y cuatro a favor, por lo cual también se rechazó por mayoría.
“Hago un llamado para que tratemos de coincidir en posiciones para que no sean tan abiertamente contradictorias una vez más en el Gobierno. No solo llama mi atención, sino que coloca en una situación muy compleja a quien que lleva la cartera de Hacienda Pública. Incluso hablé con el diputado-ministro de la presidencia, Víctor Morales, a quien hice ver esta situación tan contradictoria que refleja dos realidades”, lanzó por su parte Ana Lucía Delgado Orozco, diputada del PLN y presidenta de la Comisión de Hacendarios.
‘Drásticos recortes’
Los rectores en conjunto acudieron ante los legisladores al consideran que la decisión de Hacienda pone a las universidades estatales en un “estado de emergencia” general por supuestos “drásticos recortes” que tendrían que realizar en 2020.
Aseguran que lo acordado era tomar los ¢70.000 millones para infraestructura de la totalidad de los recursos de las universidades, no del FEES.
Incluso, según Jensen, la previsión de esos gastos consta en los presupuestos de las universidades remitidos para revisión a la Contraloría General de la República.
“Con tan buena fortuna que, en conjunto, suman en inversión de capital ¢104.000 millones, o sea, mucho más que lo acordado. Sin embargo, al remitirse el proyecto de presupuesto nacional a la Asamblea Legislativa, esos ¢70.000 millones van clasificados como parte del FEES y como inversión de capital (separado del FEES)”, aseguró.
Insistió en que se han destinado así ¢70.000 millones del propio FEES cuando el acuerdo original era que el dinero saldría de los propios presupuestos de las universidades.
“Eso significa una reducción sustantiva de nuestra capacidad operativa y un impacto tan grande que nuestras universidades encontrarían enormes dificultades, dificultades mayúsculas para operar normalmente, podrían verse impactadas partidas de becas, contrataciones especiales y, solo en la UCR, nuestra capacidad de contratar a unas 1.600 personas”, afirmó.
Un acuerdo
Rodolfo Cordero, ministro de Hacienda a.i.. refutó al rector e insistió en que la medida da cumplimiento a lo acordado por los mismo jerarcas de las casas de enseñanza.
“La cifra acordada es el resultado de una revisión histórica del gasto de capital que han venido realizando las universidades. Los ¢70.000 millones a los que se hace referencia representan el 13,6% del total de los recursos del FEES, cifra relativamente baja en relación con los ¢512.781,51 millones que conforman este Fondo”, añadió.
El proyecto de Presupuesto de la República que presentó Hacienda a la Asamblea Legislativa, a finales de agosto, indica que los ¢70.000 millones del FEES son una “transferencia de capital”, lo cual significa que estos recursos solo se pueden utilizar en infraestructura y equipamiento y no en gastos corrientes como salarios, becas o proyectos de investigación.
El FEES se distribuye entre cuatro universidades públicas, pues la UTN no recibe. A la Universidad de Costa Rica le corresponde el 59% de los recursos.
En febrero, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, advirtió además en una comparecencia en el Congreso, que las universidades consumirán todos sus ingresos corrientes en salarios para el 2030. Actualmente, casi 80% del FEES se destina a remuneraciones.