Luego de que las autoridades de las universidades públicas lanzaran amenazas de recorte de becas, lo cual desató protestas de estudiantes, toma de edificios y obstrucción de vías, los rectores dieron a conocer, junto al Gobierno, que sí contaban con ¢41.000 millones para invertir en edificios y equipos en el 2020.

¿De dónde apareció el dinero súbitamente que resolvía todo? ¿Por qué no lo anunciaron antes para evitar protestas de estudiantes? ¿Por qué convencieron a los jóvenes de que se pondrían en peligro becas si se destinaban a obras ¢70.000 millones, primero, y ¢35.000 millones como quedó después?

El acuerdo firmado por el Gobierno y los rectores es confuso. No da mayores explicaciones, salvo que se dio un acuerdo de paz entre las partes tras cinco días de tensión y disturbios por el uso del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

Algo claro: el Gobierno dio marcha atrás y firmó un documento donde se compromete a no volver a girar órdenes sobre cómo las universidades deben invertir el FEES: “No debe ser creada ninguna reclasificación de partidas del FEES”, salvo si las universidades lo acuerdan, dice el documento.

En este caso, el pacto ignora lo que sostenía el Ministerio de Hacienda: que los rectores debían invertir en construcciones y equipos, ¢70.000 millones del fondo.

Algo menos claro del acuerdo: ¿por qué los rectores llamaron a “defender la autonomía”, dieron permisos para protestas, pero cuando llegan a reunión con el Gobierno en la Casa Presidencial se percatan de que sí tenían dinero destinado a infraestructura y equipos (incluso más que lo dispuesto por diputados)? ¿Por qué no lo detectaron antes de las trifulcas?

En el texto firmado este martes no aparecen los detalles, pero los rectores explicaron a La Nación que al hacer una nueva revisión de sus gastos, se percataron de que tenían más gastos de capital, que los señalados en su presupuesto original.

Luis Paulino Méndez, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), dijo que originalmente, en el FEES para el 2020, habían acordado destinar a gastos de capital ¢12.000 millones de los ¢512.781 millones que les da Hacienda.

Dado que los diputados les habían recortado de ¢70.000 millones a ¢35.000 millones la obligación de invertir en gastos de capital, solo les faltaba por conseguir ¢23.000 millones.

La solución estuvo al hacer la revisión de sus presupuestos, pues se dieron cuenta de que muchos rubros que tenían que estar metidos como gastos de capital, estaban en gastos corrientes. Por ejemplo: pagos por fideicomisos y licencias de software.

Al reclasificarlos, en total los gastos de capital del FEES del próximo año, llegarán a ¢41.000 millones. Es decir, ¢6.000 millones más de lo exigido por los diputados.

¿Quiénes vieron la solución mientras muchos universitarios protestaban? La reclasificación de ese gasto la hicieron especialistas de las universidades y también asesores de Casa Presidencial, según contó el rector del Tec. Tal hallazgo lo hicieron desde días atrás y lo llevaron al diálogo este martes.

De nuevo las dudas: ¿Por qué esperaron los rectores? ¿Por qué se permitieron las protestas de los estudiantes, la toma de facultades y el bloque de vías? ¿Por qué estaba mal clafisicado el gasto? ¿Por qué se le dijo a los estudiantes que estaban en peligros las becas?

“Había gastos de capital que estaban como gastos corrientes. Eso se llevó a la mesa del Ejecutivo. La marcha de este martes tenía ese tema técnico como uno de los puntos, pero no era el mas importante. El más importante, el más importante, era establecer a nivel de Gobierno el compromiso del respeto de la autonomía”.

Sin embargo, el mismo Consejo Nacional de Rectores (Conare), había dicho otra cosa el 17 de octubre en un comunicado que dice textualmente: “Becas, regionalización, investigación, proyectos en comunidades y oferta académica son parte de los procesos que se verán afectados en las universidades públicas ante el desvío de ¢70.000 millones que realiza de forma unilateral el Ministerio de Hacienda y que pone en riesgo la operacionalidad de las universidades estatales para el año 2020”.

Logrado el acuerdo confuso de este martes, ahora, serán las universidades las que decidan si pasan dinero para gastos corrientes a capital o a la inversa.

“Con el fin de asegurar la operación normal de las universidades públicas en todos sus aspectos y en todas sus sedes y recintos, sus compromisos con la población estudiantil, fundamentalmente las becas y oferta de cursos, las universidades estatales realizaron una revisión conjunta de su presupuesto la cual permite reclasificar las diferentes partidas de gastos que actualmente están considerados como gastos corrientes para contabilizarlas como gastos de capital”, señala el pacto de este martes.

Esta decisión frustra entonces el intento de Hacienda de lograr que las universidades aumenten más inversiones en edificios y equipos como lo anunció a inicios de setiembre, cuando la ministra Rocío Aguilar informó de que el aumento en el gasto corriente sería el menor en 10 años, principalmente porque ¢70.000 millones del FEES serían transferidos a gastos de capital.

El gasto de capital incluye la formación de capital (por ejemplo, edificaciones y vías de comunicación); adquisición de activos (por ejemplo, maquinaria, equipo y terrenos) y transferencias de capital, que son giros a otras entidades para que realicen obras o compren equipos.

La ministra en este momento se encuentra fuera del país.

Según el acuerdo de este martes, con esta reclasificación "se garantiza la operación normal de las universidades públicas en todos sus aspectos” sin “perjudicar la planificación de su acción sustantiva, sin afectación algunas a las becas, sedes y recintos, docencia, accion social, contratación de docentes e investigación y respetando los presupuestos aprobados por los consejos universitarios e institucionales”, añadió el documento.

También se ratificó que de ahora en adelante habrá representación estudiantil en la negociación del FEES.

Así lo confirmó Andrea Chacón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), quien justificó además las manifestaciones de los alumnos.

Chacón se comprometió a que serán “críticos” sobre la forma en cómo se invierten los recursos.

La protesta

El acuerdo pone fin a las de varios días que incluyeron toma de facultades, bloqueo de vías y una marcha este martes.

En el encuentro además de Jensen, participaron Alberto Salom, rector de la UNA; Luis Paulino Méndez, del Tec; Rodrigo Arias, de la UNED; y Marcelo Prieto, de la UTN.

“El acuerdo al que hemos llegado está fundado en nuestra creencia no solo porque así lo diga la Constitución Política y en nuestra convicción de Gobierno de que la autonomía universitaria es un valor esencial”, manifestó Víctor Morales, ministro de la Presidencia.

También estuvieron representantes de las federaciones estudiantiles.

No participó en el encuentro ningún representante del Ministerio de Hacienda. Según informó la oficina de prensa de Casa Presidencial, la decisión obedece a que esta instancia ya no puede modificar lo acordado inicialmente con los rectores, pues el Presupuesto Nacional ya fue entregado a la Asamblea Legislativa.

“La reunión es entre los actores que tienen la solución a este tema”, señaló la oficina de Presidencia.

Sí participaron los diputados Karine Niño y Paola Valladares del Partido Liberación Nacional (PLN) y Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Ninguno de ellos conforma la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se acordó reducir de ¢70.000 millones a ¢35.000 millones el traslado del gasto corriente del FEES a la casilla de inversión en infraestructura. La rebaja se dio ante la presión de los rectores.

La transferencia de ¢70.000 millones fue acordada en la Comisión del FEES por los propios rectores, quienes reclamaron que el pacto con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, era dedicar ese dinero de los fondos totales de las 'U' públicas, no del FEES del próximo año.

Este fondo se distribuye entre la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA) Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), y Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Peso salarial

Ocho de cada 10 millones que el Estado transferirá a las universidades públicas en 2020, serán consumidos en salarios, anualidades y otros pluses de los trabajadores de las casas de enseñanza.

La Contraloría de la República y el Ministerio de Hacienda han advertido que de continuar esta tendencia de gasto, las universidades públicas entrarán en problemas financieros en no menos de 10 años.

Para el año entrante, las instituciones de educación superior destinarán ¢16.000 millones más en salarios; esto pese a que el FEES crecerá ¢11.600 millones.

Es decir, crecen de forma más acelerada los salarios de docentes, administrativos y trabajadores de las universidades, que sus mismos ingresos.

Para el año entrante, las cuatro instituciones de educación superior que se financian con este fondo, destinarán ¢412.900 millones en remuneraciones. Apenas dejarán ¢100.000 millones para becas, infraestructura, investigación y extensión social.

Frente a estas cifras, Henning Jensen, dijo este martes, que las universidades tienen todavía “márgenes de maniobra todavía suficientemente amplios como para que el impacto” de sus presupuestos puedan con medidas que tomarán.

“Hemos tomado una decisión que establece que si hay aumentos salariales, estos no serán a la inflación, con eso se garantiza una estabilidad salarial”, citó como ejemplo.

La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió en febrero pasado, que si la UNED y el Tecnológico no revierten su tendencia al gasto, se quedarán sin recursos suficientes para cubrir todos sus gastos antes de 2025.

Lo mismo ocurrirá con la Universidad Técnica Nacional (UTN), que recibe una transferencia directa del Ministerio de Educación Pública (MEP, no del FEES.

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Las advertencias también vinieron de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. La jerarca afirmó que las universidades públicas destinarán todos sus ingresos provenientes del FEES exclusivamente para el pago de salarios antes de 2030.

Esas declaraciones las brindaron las jerarcas en la Comisión del FEES de la Asamblea Legislativa, que investiga el uso que las casas de enseñanza le dan a los fondos públicos.

En ese mismo foro legislativo, el rector de la UNA, Alberto Salom, reveló que un estudio actuarial de la institución proyecta que para 2028, los salarios y pluses se comerán toda la porción del FEES que le corresponde a esta casa de enseñanza.

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Tanto Salom, como Marcelo Prieto, rector de la UTN, reconocieron ante los diputados, que el crecimiento de las anualidades ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de sus centros de educación superior.

Colaboraron las periodistas Patricia Recio e Irene Vizcaíno