Marvin Torres Labardini, subdirector jurídico de la Municipalidad de San José, respondió a las declaraciones del alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, sobre una supuesta renuncia de la Dirección de Asuntos Jurídicos a brindar criterios legales.
El abogado rechazó las afirmaciones que hizo Miranda semanas atrás, en una entrevista con La Nación, sobre la aparente resistencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos “a posiciones políticas y líneas de acción” que él quiere promover. Por ejemplo, dijo, pidió un criterio sobre “el tema de los parquímetros”, pero rechazaron asesorarlo.
“La primera respuesta que me da el subdirector de Asuntos Jurídicos es que no puede responder, porque estaría dando un criterio adelantado. Entonces, ¿cómo me asesoro con una Dirección que se supone, tiene que darme asesoría y se niega a dármela? Ese es el tipo de resistencia que hemos enfrentado”, comentó el alcalde en la entrevista con este diario.
El subdirector de Asuntos Jurídicos negó que eso ocurra y denunció presiones del jerarca y su equipo de asesores para que se recomendara declarar desierta la licitación para adquirir un sistema para el cobro de parquímetros.
Todas las declaraciones de Torres fueron respaldadas por Mariano Rodríguez Solís, director de Asuntos Jurídicos.
- En una entrevista con La Nación, el alcalde, Diego Miranda Méndez, expresó que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha presentado resistencia para brindarle asesoría legal. Se refirió a una asesoría relacionada con el tema de parquímetros ¿Recuerda un episodio de este tipo?
- Sí, pero primero quiero decir que las declaraciones del alcalde son lamentables, son infundadas y falsas. La Dirección de Asuntos Jurídicos, en lo que se nos ha pedido, hemos brindado la asesoría que nos corresponde. Es importante decir que el alcalde está manejando muchos temas con sus asesores personales, dejando de lado a esta dirección. En lo que nos ha pedido, hemos sido eficientes, proactivos y céleres. Es importante dejar claro que yo hablo en representación de los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
- ¿Pero recuerda ese hecho al que se refiere el alcalde en el que supuestamente no quisieron asesorarlo?
- Eso es incorrecto y falso. Primero que no soy yo el que le dijo que no podíamos adelantar criterio; éramos un equipo de cinco abogados que consideramos que los requerimientos hechos por la Proveeduría eran solicitudes expresas sobre una empresa y sobre una licitación que se mantiene activa.
- Nada más para precisar el asunto ¿Es el alcalde quien les pide un criterio relacionado con la licitación del sistema de parquímetros?
- No, es el director de la Proveeduría, quien hace una serie de preguntas que él como funcionario debe conocer; pregunta aspectos que son exclusivos de la Proveeduría, que son inherentes a su labor. Sin embargo, cuando entramos a ver la solicitud de la Proveeduría vemos que pregunta aspectos específicos de una licitación que está en desarrollo.
“¿Cómo nos vamos a referir a un proceso, a una empresa o a un requisito de una licitación en desarrollo y que, eventualmente, tendríamos que dar refrendo interno a esa licitación? Eso no nos parece correcto”.
- ¿Usted en algún momento recibió mensajes del alcalde en el que le pedía un criterio para declarar la insubsistencia de la licitación adjudicada al Consorcio Setex-Alpha-San José?
- Recibo un mensaje del alcalde Miranda, el viernes 18 de octubre a las 5:54 p. m. en el que me indica: ‘Me dice Luis Vega (asesor del alcalde) que el criterio de Jurídicos sobre la insubsistencia del contrato de parquímetros se retrasó a pesar de que estaba muy avanzado’.
“No sé quién le dijo eso a Luis Vega, no sé quién le dijo eso al alcalde, pero eso no es cierto”.
- ¿Entonces, la resistencia que señala el alcalde a brindarle asesoría está relacionada con la contratación por diez años para el sistema de parquímetros?
- Exactamente.
- ¿Qué le contesta al alcalde después de ese mensaje?
- Que el criterio de insubsistencia se conoció en una mesa de trabajo de cinco abogados con la intención de no caer en error y que esperábamos entregarle la posición final el día lunes 21 de octubre; lo que había para ese momento era un borrador.
“Posteriormente, le digo que somos conscientes de la urgencia e importancia del tema, que por eso conformamos un equipo de trabajo. Luego, él me pide los nombres de los profesionales en Derecho que están en ese equipo y me pide que convoque una reunión para el lunes 21 de octubre a las once de la mañana”.
- ¿Qué pasó en esa reunión?
- Llegamos a la reunión y empieza a debatir. Le indicamos que, de momento, había una imposibilidad de referirnos puntualmente a la licitación de parquímetros para no adelantar criterio de eventuales procesos futuros. Ahí nos responde que para qué estamos si no lo asesoramos, cosa que nos extraña porque quien pidió el criterio fue la Proveeduría. Además, la ley establece un plazo de diez días para dar criterios de forma responsable; el plazo no se había cumplido y el jerarca no está por encima de ese plazo. Finalmente, sí le respondimos al alcalde y le respondimos a través del oficio DAJ-2084, del 22 de octubre.
“Además, en esa reunión él dice que no le gustan los grupos de trabajo, que va a prohibir los equipos de trabajo y que va a emitir una directriz para prohibirlos. Seguimos esperando que nos llegue esa directriz”.
- ¿Considera que hay presiones de parte del alcalde hacia la Dirección de Asuntos Jurídicos?
- Es muy sencillo salir a decir algo en la prensa que es falso y que solo obedece a presiones. Es mi obligación decir que leyendo lo que él dijo, sobre una supuesta resistencia a asesorarlo, es lamentable que el alcalde vea un criterio jurídico negativo como una resistencia.
- ¿Cuál cree que va a ser la dinámica de la relación con el alcalde a partir de ahora?
- Vamos a mantener nuestro criterio en lo que corresponda; a la administración pasada infinidad de veces le dijimos que no (...). Lamentablemente, las vías de comunicación con el alcalde están rotas.
- ¿En qué dijeron que no?
- Por ejemplo, no dimos la aprobación interna en primera instancia al consorcio Setex-Alpha-San José, estando al frente la administración pasada. También dimos un criterio negativo para la ampliación del redondel de Zapote.
- ¿Ustedes han recibido presiones para recomendar la insubsistencia del contrato con ese consorcio y traerse abajo esa licitación?
- Sí, en este tema ha habido presiones. Usted lo puede ver en la Comisión de Hacienda del mes de setiembre; yo participo allí llevando el criterio de esta dirección y se puede ver un altercado que hay en esa comisión, porque no dijimos lo que querían que dijéramos (...). Hay criterios de la Procuraduría General de la República que indican que los criterios de la Dirección de Asuntos Jurídicos no son vinculantes. Si don Diego tiene problemas con los criterios jurídicos que emitimos, que se aparte y que los sostenga, pero no lo hace.
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- ¿Intentaron dictarle alguna línea en el criterio jurídico relacionado con ese contrato de parquímetros?
- Los asesores de confianza del alcalde intentaron que yo expusiera ante la Comisión de Hacienda, un criterio que no elaboramos, para recomendar que se declara desierta esa licitación. Me mandaron un correo electrónico con un documento diciendo que ese era el criterio legal y que hiciéramos nuestros aportes en amarillo y debo ser claro al decir que esta Dirección elabora criterios, no los transcribe, menos de un asesor de confianza que ni siquiera los firma (...). Nosotros no nos vamos a doblegar ni por presiones del alcalde ni por requerimientos ni por absolutamente nada que no sea la interpretación normativa. Los criterios que salgan de esta oficina van a respetar la norma.
El 21 de noviembre, La Nación hizo intentos para conversar con el alcalde sobre el trámite de la licitación para el sistema de cobro de parquímetros y el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Con ese fin, se le acercó luego de una actividad en el parque Morazán, no obstante, el alcalde usó la Policía Municipal para evitar hablar con la prensa.