El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) extenderá una vez más el permiso de uso en precario mediante el cual la empresa alemana Dekra, brinda el servicio de inspección técnica vehicular en el país desde el 2022.
La última prórroga otorgada a Dekra vence el próximo 27 de julio, no obstante a la fecha no se ha resuelto el proceso legal que desencadenó del trámite de contratación con el que se buscaba otorgar la operación a dos empresas por un plazo de 10 años.
Ahora, la intención del MOPT es precisamente retomar esa idea y “dividir el país en dos”, pero siguiendo la figura del permiso provisional (mientras se resuelve la contratación mayor); de modo que la mitad de las estaciones existentes sigan a cargo de Dekra y la otra mitad se asignen mediante un concurso interno a una segunda empresa.
De acuerdo con el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, ese cambio no llegaría en la extensión que están próximos a otorgar, sino que se incluiría en una siguiente etapa, de ahí que la próxima prórroga se otorgaría a Dekra únicamente por año.
Según Zeledón, la idea es que una vez que se abra el servicio ambas empresas mantengan las mismas tarifas, pero cada una tendría libertad de ofrecer beneficios relacionados por ejemplo con horarios de operación o más líneas de atención.
Además, el MOPT también exigiría a Dekra como parte de esta próxima extensión, realizar mejoras, entre las que se contemplan renovación de equipos, estaciones móviles o más líneas.
Proceso de contratación varado
Inicialmente Dekra había sido seleccionada de manera provisional y a discreción en el 2022, para brindar el servicio mediante un permiso de uso en precario, mientras se llevaba a cabo una licitación internacional que cumpliera con las condiciones ordenadas por la Contraloría General de la República.
El proceso de contratación comenzó desde abril del 2023, y desde sus etapas iniciales enfrentó apelaciones y reclamos de las empresas interesadas, entre estas la misma Dekra que había quedado descalificada en la primera fase por incumplir requisitos financieros, dejando en competencia solo a dos firmas: el consorcio Applus (en el cual participa Riteve SyC) y la empresa alemana Tüv Rheinland.
Esos reclamos que incluso fueron elevados a instancias como la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso mantuvieron el proceso paralizado prácticamente todo el 2024.
En junio del 2025, luego de que se había acordado dejar en firme la precalificación de las dos firmas, el Gobierno anunció que el proceso se anularía y se haría una licitación desde cero con el argumento de que el trámite no había dado “los frutos esperados”, pues esperaban una mayor cantidad de oferentes para adjudicar el servicio a los que dieran las mejores condiciones en cuanto a precio y servicio.
Ese anuncio generó una advertencia y solicitud de inhibitoria contra el ministro de Obras Públicas, por adelantar criterio, ya que al momento de las declaraciones, la decisión de anular la precalificación no había sido vista en la junta directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Posteriormente, el jerarca explicó que tras un análisis exhaustivo de los documentos presentados por las dos empresas durante el proceso, se encontró que uno de los consorcios incumplía con un requisito legal, debido a que la Ley de Tránsito establece que las empresas encargadas de brindar el servicio de revisión técnica no deben estar relacionadas con prestatarios de un servicio público. Esa es la situación de en una de las firmas que forman parte del consorcio Applus, la cual forma parte de un grupo autobusero.
Esto dejaba solo a una firma en el proceso e impedía continuar el concurso ya que este tenía como condición asignar el servicio a dos compañías, para evitar prácticas monopólicas.
Las empresas que ya habían sido precalificadas presentaron reclamos y la Contraloría determinó que si el Cosevi consideraba que habían vicios de nulidad en el proceso, lo procedente era que el Consejo instruyera el procedimiento para la respectiva declaratoria de nulidad.
El Consejo determinó que el acto de lesividad debía ser declarado por el ministro; no obstante, las dudas sobre la recusación en su contra también atrasaron esa parte del trámite.
Posteriormente, el mismo jerarca dijo haber superado esa etapa, debido a que nunca había formado parte de la junta directiva del Cosevi, por lo que inició el proceso para que la Procuraduría General de la República interponga la solicitud para la declaratoria de lesividad.
La semana anterior, Zeledón aseguró a este diario que la acción por parte de la Procuraduría fue presentada recientemente, de ahí que no existe una previsión sobre cuándo podría resolverse dicha gestión legal.
Una vez que esto se resuelva, el MOPT debería iniciar de cero el proceso de contratación, por lo que se estima que el servicio continuaría brindándose mediante la figura de permiso por al menos dos años más.