El futuro del servicio de la revisión técnica sigue siendo incierto, tras un año de casi nulo avance en el proceso para concretar una nueva contratación.
Ese proceso, que inició desde abril del 2023, enfrentó una serie de apelaciones y reclamos de las empresas interesadas, inicialmente porque el actual operador, Dekra, había quedado descalificado de la primera fase por incumplir requisitos financieros, dejando en competencia solo a dos firmas: el consorcio Applus (en el cual participa Riteve SyC) y la empresa alemana Tüv Rheinland.
Posteriormente, en junio anterior, luego de que se había acordado dejar en firme la precalificación de las dos firmas, el Gobierno anunció que el proceso se anularía y se haría una licitación desde cero, argumentando que el trámite no había dado “los frutos esperados”, pues esperaban una mayor cantidad de oferentes para adjudicar el servicio a los que dieran las mejores condiciones en cuanto a precio y servicio.
Ese anuncio generó una advertencia y solicitud de inhibitoria contra el ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, por adelantar criterio, ya que al momento de las declaraciones, la decisión de anular la precalificación no había sido vista en la junta directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Posteriormente, el jerarca explicó que tras un análisis exhaustivo de los documentos presentados por las dos empresas durante el proceso, se encontró que uno de los consorcios incumplía con un requisito legal, debido a que Ley de Tránsito establece que las empresas encargadas de brindar el servicio de revisión técnica no deben estar relacionadas con prestatarios del servicio público, situación que se presentaba en una de las firmas que forman parte del consorcio Applus, la cual forma parte de un grupo autobusero.
Esa acción dejaba solo a una firma en el proceso, lo que impedía continuar pues el concurso tenía como condición asignar el servicio a dos compañías, para evitar prácticas monopólicas.
Esa acción generó el reclamo de las empresas que habían sido precalificadas, al tiempo que un pronunciamiento de la Contraloría determinó que si el Cosevi consideraba que habían vicios de nulidad en el proceso, lo procedente era que el Consejo instruyera el procedimiento para la declaratoria de ese vicio.
Ese órgano determinó que el acto de lesividad debía ser declarado por el ministro; no obstante, las dudas sobre la recusación en su contra también atrasaron esa parte del trámite.
Consultado al respecto, el jerarca aseguró el mes anterior que el tema de la recusación ya había sido superado, debido a que nunca había formado parte de la junta directiva del Cosevi. Según dijo, luego de esto se tramitó ante la Procuraduría General de la República la solicitud para la declaratoria de lesividad.
El ministro aseguró que mientras se avanza en esa fase, se comenzó a trabajar en el nuevo pliego de condiciones.
“Lo que en su momento la Sala Constitucional dijo es que no estaban de acuerdo en que se de a perpetuidad el uso en precario (con el que opera Dekra actualmente), entonces podíamos entregar el uso en precario a la empresa que está actualmente dando el servicio, pero hay que demostrar que en paralelo se está trabajando en el concurso y eso es lo que estamos haciendo, con los ajustes al cartel de licitación, el cual vamos a tener listo para cuando los tribunales resuelvan el tema de la lesividad, que esperaría que fuera pronto”, aseguró el jerarca sin detallar los nuevos plazos.
En una respuesta brindada previamente por el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, se había indicado que en ese nuevo cartel buscarían incorporar las observaciones de la Contraloría General de la República que se han recibido en las distintas resoluciones emitidas durante el proceso anterior.
El actual operador, la empresa alemana Dekra, brinda el servicio mediante un permiso que se le otorgó a discreción desde finales del 2022. Originalmente, dicha habilitación tenía un plazo de dos años, mientras se completaba el nuevo concurso con el que se seleccionaría a dos empresas que operarían por zonas en todo el país.
Sin embargo, debido a los atrasos en el proceso de licitación, la empresa ha recibido ya dos prórrogas a fin de garantizar la continuidad del servicio. La última de esas extensiones vence en julio de este 2026; empero, no se descarta una tercera ampliación en el plazo si para esa fecha no se ha completado la nueva gestión de contratación.