Infraestructura

Mala calidad del pavimento y débil supervisión amenazan con reducir vida útil de obras nuevas en carretera San José-San Ramón

Contraloría señala múltiples incumplimientos en la resistencia de la base estabilizada de las obras y los parámetros de diseño; ordena a encargado cumplir los criterios técnicos fijados en el contrato para aceptar o rechazar trabajos

La Contraloría General de la República reveló defectos en la calidad del pavimento utilizado en obras relacionadas con la ampliación de la carretera entre San José y San Ramón. Advirtió de que estas fallas podrían reducir la vida útil de la nueva infraestructura construida y cuestionó la supervisión realizada por la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).

En un informe divulgado este jueves, el ente contralor sostuvo que los responsables del control de los trabajos han sido incapaces de exigir a los contratistas la corrección de múltiples incumplimientos y de rechazar los trabajos cuando lo ameritaba, lo cual genera el riesgo de aparición de deterioros prematuros.

Dicha entidad sustenta sus señalamientos en un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el que se puntualiza una lista extensa de fallos de la unidad administradora en cuanto a su responsabilidad de vigilar la calidad del Programa de Obras Impostergables (OBIS).

“El accionar de la UAP ha permitido pagar y dar por recibidas obras que no se ajustan a los requerimientos de calidad pactados en el contrato, desconociendo el procedimiento acordado e impactando negativamente la vida útil de las obras construidas con la respectiva consecuencia en el erario”, señala el informe.

Los trabajos del denominado primer lote de OBIS incluyen el diseño y ampliación de los puentes sobre el río Alajuela, río Ciruelas, río Segundo, y del paso a desnivel ubicado por la empresa Firestone, así como la construcción del nuevo conector Barreal-Castella.

Todo el proyecto está a cargo del Fideicomiso Ruta Uno, el cual es conformado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Banco de Costa Rica (BCR). El plan contempla realizar una serie de mejoras en el corredor San José-San Ramón, previo a que arranque su ampliación, con el fin de reducir el costo de los futuros peajes.

Mediante un comunicado de prensa, la Unidad Administradora de Proyecto (UAP), del Banco de Costa Rica (BCR), manifestó que estos trabajos aún no han sido aprobados al contratista y tampoco han sido recibidos a satisfacción. El informe del Lanamme no fue remitido al Fideicomiso, aseguran. El documento fue solicitado al laboratorio para su análisis.

Aseguró que el administrador del contrato todavía está llevando a cabo las evaluaciones y coordinaciones con el contratista para determinar las medidas correctivas que correspondan para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

“El Fideicomiso Ruta Uno dará seguimiento oportuno, tal y como lo ha venido haciendo, a las recomendaciones y sugerencias técnicas emitidas por el órgano contralor, de modo que pueda asegurar a la ciudadanía que, cuando se haga efectiva la recepción a satisfacción de las obras, lo sea porque cumplen con todos los requerimientos técnicos y las buenas prácticas de ingeniería”, afirmó.

Hallazgos

El informe de Lanamme sobre el primer lote de OBIS detalla, al menos, 30 incumplimientos relacionados con los valores de resistencia de la base estabilizada de las obras (cinco por falta de resistencia y 25 más bien por exceso), así como al menos 102 desatenciones relacionadas con los parámetros de diseño.

Señala, entre otras cosas, múltiples tramos de carretera con “deflexiones con una clasificación ‘regular o ‘severa’”, lo cual la Contraloría señala que no responde a la calidad esperada en una obra nueva. Al respecto, Josúe Calderón, de la Contraloría, señala haber encontrado “una débil gestión” para asegurar que las obras cumplan con las especificaciones técnicas del contrato.

Los parámetros de calidad y aceptación de los trabajos están en las regulaciones del contrato, las cuales, advierte la Contraloría, deben ser vigiladas por cada uno de los actores que componen el Fideicomiso. Esta obligación compete a la Administración Pública, representada por la UESR (por parte del fideicomitente) y la UAP (por parte del fiduciario).

La Contraloría señala que la UAP validó tramos que presentaban “no conformidades” y restó relevancia a las pruebas de calidad realizadas. Agrega que la Unidad dio por aceptada una base estabilizada con resistencia menor a la especificada por el diseño, lo que implica un módulo de capa menor y compromete la protección de las capas inferiores del pavimento.

“Además, la respuesta del pavimento ante la aplicación de cargas de tránsito será distinta a la supuesta en el diseño, lo cual puede repercutir en una menor vida útil del proyecto al tener una capacidad estructural menor, lo que implica intervenciones prematuras al estimado por el diseño”, indica el informe.

Debido a lo anterior, el ente contralor giró una orden para que apliquen los criterios de aceptación de las obras en función de su calidad, para obligar a cumplir las especificaciones técnicas acordadas sin incurrir en gastos adicionales para el Estado. El MOPT y el Conavi, como fideicomitentes, deberán presionar al BCR a cumplir las obligaciones contractuales relacionadas con la calidad.

La orden va dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata; a Hadda Muñoz Sibaja, encargada de la UAP; a Pablo Camacho Salazar gerente de la Unidad Ejecutora Fideicomiso por el Conavi; a Néstor Solís Bonilla, presidente de la Junta Directiva del BCR; y a Roy Benamburg, representante legal del Fiduciario del Fideicomiso por el BCR.

* Nota actualizada a la 1:22 p.m. del 18 de noviembre, con declaración de la UAP.

Ángela Ávalos

Ángela Ávalos

Periodista de Salud. Máster en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Especializada en temas de salud.