EscucharSeis meses han pasado desde que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ordenó quitarle a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) el proyecto de ampliación de la radial de Lindora, en Santa Ana. Sin embargo, esa organización sigue sin reintegrar los fondos públicos depositados para esa obra.
¿Cuánto dinero debe devolver? ¿Cuándo lo devolverán? No hay respuesta para esas preguntas. Por medio de su oficina de prensa, UNOPS dijo que el plan de cierre fue aprobado el pasado 13 de setiembre y que está pendiente el visto bueno del informe financiero por parte del Conavi.
De acuerdo con UNOPS, hasta que se avale ese informe darán a conocer el monto que reembolsarán al Estado.
La agencia de las Naciones Unidas tiene en sus manos fondos de la ampliación de la vía porque, antes de iniciar labores, exige la transferencia de los recursos públicos a una cuenta a su nombre en un banco en Nueva York, Estados Unidos.
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Mauricio Batalla Otárola, director ejecutivo de Conavi, manifestó en una entrevista realizada la semana anterior, que desconoce el tema, pues se incorporó a la institución en agosto y, aseguró, ha dedicado la mayoría del tiempo a sacar adelanta los procesos de licitación de mantenimiento vial.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo sigue sin definir una ruta clara para retomar la ampliación y solucionar los congestionamientos viales en esa zona.
Largo camino
El plan para la ampliación de los 2,2 kilómetros de la radial de Lindora está en manos de UNOPS desde 2016. En ese entonces, el costo del proyecto se fijó en $8,5 millones, pero retrasos, problemas en el diseño y debilidad en la planificación lo elevaron a $19 millones.
El aumento en el precio y la falta de financiamiento fueron las razones principales que llevaron a Conavi a no continuar.
“No puede quedarse activo un proyecto que no tiene financiamiento, no puede quedarse así por tiempo indefinido sin saber de dónde van a salir los recursos para ejecutarse (...) Esta es una de las obras que enfrenta daños colaterales por la pandemia; los problemas fiscales hicieron imposible financiarla, eso fue algo imprevisto y, por lo tanto, no se pudo ejecutar”, expresó en abril pasado el entonces ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata.
Según dijo en aquel momento, estaba en trámite un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $400 millones para varias obras. Méndez esperaba que continuara en la siguiente administración.
El desarrollo del proyecto, sin embargo, ya había enfrentado dudas de la Contraloría General de la República (CGR). Por ejemplo, en 2020, el órgano contralor solicitó precisar las razones por las que se cambiaron los diseños de construcción originales, por qué se contrató a una empresa (RQ Ingeniería de Tránsito) para la modificación de los planos si estaba previsto que esa tarea la realizara UNOPS y si los cambios se deben a omisiones o a readecuaciones.
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También se solicitó indicar si había expropiaciones pendientes, así como el detalle del monto necesario para la restitución de servicios públicos y que se aclarara si ese rubro estaba incluido en el presupuesto original de $8,5 millones.
Además, la CGR interpeló al Consejo sobre por qué está incluido en el costo total de la construcción una partida de $53.000 (¢32 millones) para impartir talleres de perspectiva de género.
En otras obras, UNOPS ha encarado cuestionamientos en torno a transparencia, eficacia y costos en la ejecución.
