Diego Bosque. 10 octubre
De acuerdo con estimaciones de las autoridades de Tránsito, 35.000 vehículos utilizan la radial en Lindora, Santa Ana, todos los días. Fotografía José Cordero
De acuerdo con estimaciones de las autoridades de Tránsito, 35.000 vehículos utilizan la radial en Lindora, Santa Ana, todos los días. Fotografía José Cordero

La ampliación de los 2,2 kilómetros de la radial en Lindora, Santa Ana, enfrenta una chaparrón de interrogantes de la Contraloría General de la República (CGR) que le impiden al Gobierno continuar con la obra.

El proyecto está, desde 2016, en manos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), agencia de la ONU cuestionada en los últimos años por el incremento en el precio de la infraestructura pública a su cargo, por negar el acceso a información pública y por rehusarse a inscribirse como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

En el caso de la radial en Lindora, la Contraloría objetó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por el aumento en el valor del proyecto. Entre 2016 y 2020 pasó de $8,5 millones a $19 millones.

Sobre ese punto, la Contraloría demanda al Conavi precisar las razones por las que se cambiaron los diseños de construcción originales, por qué contrató a una empresa (RQ Ingeniería de Tránsito) para la modificación de los planos si estaba previsto que esa tarea la realizara UNOPS y si los cambios se deben a omisiones o readecuaciones.

También, solicitan indicar si tienen pendiente la ejecución de expropiaciones, detallar el monto necesario para la restitución de servicios públicos y aclarar si ese rubro estaba incluido en el presupuesto original de $8,5 millones.

Además, la CGR interpeló al Consejo sobre por qué está incluido en el costo total de la construcción una partida de $53.000 (¢32 millones) para impartir talleres de perspectiva de genero.

“¿A qué se refiere con los talleres de perspectiva de género? En ese sentido, resulta necesario que indique qué relación tiene con la obra y la razón por la que tiene un valor de $53.000”, consultó la Contraloría en el oficio 14975.

“Se asocia tanto a la adecuación de los costos del plan de comunicación del proyecto como a la inclusión de talleres de perspectiva de género (...) Los talleres de perspectiva de género están dirigidos a toda la población del proyecto constructivo, con el fin de capacitar y buscar concientización y cambio en cuanto a temas como: acoso callejero, hostigamiento sexual, acoso laboral, discriminación por género, entre otros”, respondió el Conavi.

En pocas palabras, los talleres de género serían dirigidos a trabajadores que participen en la construcción.

En total, fueron 35 preguntas plasmadas en un oficio dirigido a Mario Rodríguez, director ejecutivo del Conavi, el 21 de julio del presente año.

El 7 de agosto, el Conavi respondió. Sin embargo, el 24 de agosto el ente contralor remitió un nuevo escrito con 23 dudas más.

Los nublados del día alrededor del proyecto desembocaron en el rechazo, el 28 de setiembre, a la petición hecha por el Poder Ejecutivo para modificar el contrato de la nueva vía en $10,5 millones.

El pronunciamiento de la CGR representa un freno para la modernización de la carretera.

Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, reconoció que será muy difícil comenzar los trabajos de ampliación antes de que finalice el año, como lo tenían previsto.

"Entendemos el rigor que ejerce la Contraloría General de la República en sus trámites y frente a los trámites que tenemos que realizar allí, cada vez aprendemos más y entendemos el análisis que debemos hacer para satisfacer ese rigor.

“Ahora lo que cabe es revisar cuáles fueron las posibles deficiencias en la presentación y encontrar las alternativas de solución. Entiendo que la Administración Pública nos da posibilidades de enmendar, este es un proyecto importantísimo para la movilización de toda esa zona, es una de las vías más saturadas del país”, comentó el jerarca del MOPT.

De acuerdo con estimaciones oficiales, por esa radial transitan 35.000 cada día.

Uno de los puntos más debatidos por la Contraloría gira sobre los diseños, pues el plan se basó en unos bocetos aprobados por el MOPT a través de los oficios DDV-407-13 del 29 de noviembre de 2013 y DGIT-ED9989 del 7 de noviembre de ese mismo año.

¿Por qué cambiaron los diseños originales?

“Hay que recordar que este proyecto nace como una iniciativa de los empresarios de la zona de ayudar al Estado. Entregaron estudios y diseño, pero esos estudios no respondían a las proyecciones de tránsito, por lo que fue necesario cambiarlo. Este proyecto está muy bien elaborado, no es simplemente la ampliación de una carretera entre dos puntos, es la conexión de dos rutas muy importantes”, dijo Méndez Mata.

Mario Rodríguez, director ejecutivo del Conavi, declaró que aún no puede definir cuál será la solución para continuar con las mejoras en la radial.

Afirmó que están estudiando el documento de la Contraloría para determinar cómo avanzarían.

Costos de UNOPS se disparan

Según la resolución emitida por la Contraloría General de la República, los desembolsos por los servicios de UNOPS para administrar y ejecutar la ampliación se triplicaron entre 2016 y 2020.

Por ejemplo, los costos directos de personal estaban tasados en el contrato original en $273.000 y en la autorización que pretende el Conavi pasa a $955.000.

FUENTE: CGR    || DISEÑO / LA NACIÓN.

Un agravante es que el Conavi ni siquiera cuenta con los $10,5 millones necesarios para cubrir el 100% de la construcción.

En junio, Rodríguez informó que gestionan ese dinero en un financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Otro elemento que juega en contra de la obra es que el Conavi, sin tener la totalidad de los recursos, sacó a licitación la obra y la adjudicó, en febrero anterior, a la constructora H. Solís por $13,3 millones y la supervisión técnica a la firma Ginprosa por $676.000.

“La Administración sacó a concurso la construcción de una obra que supera por mucho el monto refrendado, así como el cambio en actividades que antes asumía UNOPS”, aseveró la CGR en su pronunciamiento.

¿Qué pasa si no se ejecuta la obra? Tanto Méndez Mata como Rodríguez sostienen que en ese escenario sería UNOPS el responsable frente a los contratistas.