La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expresó su oposición al proyecto para construir un tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Así lo comunicaron los empresarios a los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, mediante un criterio sobre el proyecto de este sistema de transporte público.

La Unión de Cámaras pidió a los congresistas no aprobar el préstamo por $550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que financiará el aporte estatal para la obra, hasta que no se atiendan algunos planteamientos.

“Debe estar bien condicionado, si para hacerlo se requiere posponerlo, que así se haga”, recomiendan los empresarios a los diputados.

Entre esos planteamientos que piden atender está presentar un monto más preciso de los subsidios anuales que tendrían que dar el Estado para la operación del tren de pasajeros. Ese mismo llamado hizo la Contraloría General de la República (CGR).

También piden recalcular la demanda que tendría el sistema en la vida poscovid, debido a los efectos que tendría el teletrabajo sobre la movilidad de las personas.

“Definitivamente, no estamos de acuerdo con la aprobación del préstamo del BCIE en las condiciones en que está planteado el proyecto (...) pues si se aprueba el préstamo, el proyecto seguirá adelante sin las evaluaciones integrales que la Contraloría está solicitando y la Uccaep recomendando”, señala el documento.

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La demanda es uno de los puntos medulares de un sistema ferroviario, pues una menor cantidad de pasajeros a la estimada originalmente, haría que los aportes estatales incrementen, debido a que la entrada de recursos por el cobro de tiquetes también disminuirá, por lo que al Estado le correspondería cubrir una mayor proporción del costo operativo.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) reconoció que esa tarea se tendrá que realizar. Al tiempo que trabajan en una propuesta para reducir los aportes estatales, que actualmente están estimados en unos $95 millones anuales.

Debido a la falta de consenso para avanzar con el plan y ante la priorización de proyectos de ley para mitigar los impactos de la pandemia, el gobierno decidió no convocar el préstamo para el tren eléctrico en las sesiones extraordinarias de agosto.

Los empresarios también señalan la necesidad de que los estudios de factibilidad sean sometidos a una revisión de pares, por parte de expertos internacionales.

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No obstante, reconocen que eso demoraría mucho tiempo y se tendrían que invertir más fondos públicos en un proyecto, que ningún gobierno ha logrado concluir debido a la oposición política o por su lento avance.

“La mejor alternativa sería gastar esos recursos en confeccionar un cartel bien elaborado por verdaderos expertos con experiencia en operación de ferrocarriles de pasajeros, quienes determinen los parámetros de operación del sistema, tales como el nivel del servicio, puntualidad, comodidad, así como los requerimientos de sostenibilidad en un marco de transparencia absoluta para todos los temas involucrados”, reclaman en el documento.

La Unión de Cámaras concluye que los diputados deben aprobar el préstamo, solo si se atienden las condiciones expresadas por los empresarios en el criterio.

De acuerdo con los estudios de factibilidad elaborados por la firma ferroviaria española IDOM, el tren eléctrico movería 200.000 pasajeros diarios a lo largo de 84 kilómetros de vía férrea, distribuida en cinco líneas operativas.

El proyecto tendría un costo de $1.550 millones, de los cuales el Estado aportaría $550 millones para la etapa de construcción.

Contraste de opiniones entre cámaras

Los empresarios afirman que los estudios de factibilidad ‘condicionan’ en demasía el cartel de licitación que sería expuesto a las empresas interesadas en concursar para la construcción y operación del sistema de transporte público, que sería dado en concesión.

En la etapa cartelaria quedarían definidos todos los requerimientos que el gobierno pedirá para el desarrollo del proyecto.

“Aunque se haya indicado que el estudio de factibilidad es apenas una base para confeccionar el cartel posteriormente, lo cierto es que se tienen condiciones de diseño e incluso unos muy claros y bastante finales como para prever que ya se está condicionando un cartel de licitación, bastante cerrado y orientado hacia parámetros que se han definido, lo que podría inhibir al país de recibir las mejores alternativas y condiciones ―especialmente financieras― de forma directa”, señalan.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) se desmarcó del criterio de la Uccaep, órgano del que forma parte.

En junio pasado, los empresarios que representan el sector construcción pidieron a los diputados aprobar el préstamo, evitar politizar su discusión y permitir que el proyecto avance a su etapa de definición.

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El presidente de la CCC, Esteban Acón, afirmó que mantienen la posición enviada a los congresistas en junio. Incluso, señaló que el debate técnico se ha opacado por el cálculo electoral de actores políticos.

“No ha cambiado. Costa Rica requiere un tren que permita modernizar el transporte público del país. Los estudios realizados a la fecha cumplen con todas las etapas de preingeniería necesarias para poder proceder a elaborar un cartel que enmiende las falencias que se han criticado de los estudios previos.

“Sin embargo, en el momento que el análisis técnico se empieza a ver opacado por el cálculo electoral (en varios bandos) los proyectos se estancan tal y como está pasando en este caso”, afirmó Acón.

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El criterio firmado por esta cámara empresarial y enviado a los congresistas, resaltaba que a diferencia de otros proyectos de obra pública desarrollados en el país, en este caso se cumplieron con cada una de las etapas de preinversión.

Ese sector ha reclamado con insistencia, que la ausencia de ese tipo de investigaciones retrasan y encarecen las obras de infraestructura.

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