Ante la solicitud de un criterio, requerido por los diputados de la Comisión de Infraestructura, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) se pronunció a favor del tren eléctrico metropolitano.
Los empresarios del sector recomendaron a los diputados aprobar el préstamo por $550 millones, proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), necesario para financiar parte de la construcción del sistema de transporte público sostenible.
De acuerdo con la organización, el tren eléctrico permitirá reactivar la economía a mediano o largo plazo, también mejorará la calidad de vida de los habitantes al acortarse los tiempos de viaje, así como reducir las emisiones de gases contaminantes.
“La construcción de un tren de pasajeros en la Gran Área Metropolitana (GAM) generaría amplios beneficios socioeconómicos y ambientales, y actuaría como un catalizador para transformar la realidad nacional, impactando positivamente en la calidad de vida de las personas y la competitividad del país”, señala el criterio enviado al Congreso.
En su oficio, la Cámara resaltó las condiciones del empréstito. Además señaló que, a diferencia de otros proyectos de obra pública desarrollados en el país, en este caso se cumplieron todos los estudios de preinversión.
Ese sector ha reclamado, en varias ocasiones, que la ausencia de ese tipo de investigaciones retrasan y encarecen las obras de infraestructura.
También se pronunció afirmativamente ante la opinión pública la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, en el sentido de que el proyecto se sustenta con investigaciones técnicas.
“Este proyecto cuenta con consecuencia técnica satisfactoria para dar viabilidad, continuar con una fase de mayor detalle y permitir su ejecución”, señaló esa otra agrupación empresarial.
‘No se debe politizar’
La discusión legislativa sobre el futuro del tren eléctrico dejó de lado la aprobación del préstamo y se ha centrado en los aportes estatales, que rondarían entre los $50 millones y $150 millones anuales, según el modelo de subsidio y la demanda del sistema de pasajeros.
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Algunos diputados se han pronunciado en contra del proyecto por el estado actual de las finanzas públicas.
Al respecto, el presidente de la Cámara, Esteban Acón, expresó a La Nación que esos aportes estatales deben verse como una inversión por los beneficios que generarán al tener un sistema de transporte público sostenible.
“Este tipo de proyectos no se deben politizar, se tienen que analizar desde un punto de vista meramente técnico. Nadie se cuestiona cuánto se invierte en mantenimiento de carreteras y son montos muy significativos", señaló Acón.
Entretanto, la Cámara de Consultores señaló que todavía se puede rebajar el costo de esos aportes, en las siguientes etapas del proyecto.
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“El diseño de la etapa de licitación es fundamental para promover el menor costo posible, no solo de construcción y equipamiento, sino de operación, puesto que, como es la experiencia de todos los países con sistemas de transporte muy maduros, no es posible sufragar costos solo con lo pagado por el pasaje, mucho menos de manera que la tarifa resulte socialmente aceptable”, señaló la directora ejecutiva, Marisol Castro.
No obstante, los empresarios del sector construcción también reconocieron que el gobierno debe readecuar su presupuesto, para disminuir el gasto corriente, al tiempo que pueda aumentar su inversión, para pagar los aportes estatales y continuar construyendo proyectos.
“Por supuesto que hay que acomodar el dinero, pero al igual que gastamos en mantenimiento de carreteras, deberíamos invertir en un proyecto de transporte público, y esto es una inversión, más que un gasto”, afirmó Acón.
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Recomendaciones
Los constructores también hicieron algunas sugerencias, con el fin de que el proyecto logre sus objetivos.
Entre ellas resaltan que, en la licitación pública, el gobierno no asuma todo el riesgo de la demanda de pasajeros, con el objetivo de que la empresa concesionaria también busque incentivar el uso del transporte público.
También pide una fuerte participación de empresas en la licitación pública, con el objetivo de que el país elija la mejor opción en términos operativos y financieros.
Así como la creación de un grupo técnico “que trascienda los cambios de Administración con el fin de garantizar la continuidad del proyecto” en el próximo gobierno.
El tren eléctrico se extendería por 84 kilómetros de la Gran Área Metropolitana (GAM), a través de cinco líneas distintas.
Si se llega a aprobar el préstamo para financiar el aporte a la construcción del proyecto, se tiene estimado que el tren eléctrico realice su primer viaje en el año 2025.
Según los estudios de factibilidad, en el escenario conservador, se moverían 200.000 personas cada día entre semana.
