De construirse el tren eléctrico metropolitano, los viajes ya no saldrían cada cinco minutos de las estaciones durante las horas de mayor demanda, como se tenía originalmente establecido en el proyecto.
Ahora los trenes circularían cada siete minutos, lo que permitirá abaratar el costo final de la obra en unos $116 millones, al requerir de menos unidades para operar el sistema de transporte.
El cambio lo anunció la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, durante una entrevista ofrecida a La Nación el pasado miércoles.
Dicho ajuste responde a una de las recomendaciones que surgió de la revisión independiente de los estudios de factibilidad, elaborada por un panel de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La disminución de frecuencias de viajes se logró al equiparar los niveles de ocupación de los trenes, con los estándares que implementan otros sistemas ferroviarios de Latinoamérica que están en marcha.
“Una de las optimizaciones que se realizó con ayuda del equipo de expertos que el BID puso a nuestra disposición para la revisión de los estudios, es la adquisición de equipo rodante (trenes)”, dijo la jerarca.
De esa manera, en días laborales, los trenes pasarían por las estaciones cada siete minutos entre 6 a. m. y 10 a. m. durante las mañanas y de 3:30 p. m. a 7:30 p. m. en las tardes. Durante el resto del día el tren circularía cada 15 minutos.
Este y otros cambios implementados al proyecto llevarían el costo total del nuevo sistema de transporte público sostenible a $1.431 millones, cuando originalmente estaba valorado en $1.553 millones.
Para la obra, Costa Rica haría un aporte inicial a la empresa concesionaria de $550 millones provenientes del préstamo aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ese crédito ya contempla los $250 millones sin intereses a 40 años plazo, que el Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas otorgó a nuestro país para construir este proyecto ferroviario cero emisiones.
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Los congresistas volverían a discutir la aprobación del préstamo del tren eléctrico cuando se reinicie el periodo de sesiones ordinarias, a partir del 1.° de agosto.
Dicho crédito no fue convocado por el Poder Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias, cuya agenda estuvo marcada por proyectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y empleo público.
“Dejamos de conversar con los diputados hace un año, creemos que volviéndolo a conversar con ellos van a poder tener una apertura mayor a este proyecto país”, aseguró Briceño.
Subsidio anual
Los ajustes implementados al proyecto, con base en las recomendaciones del BID, también representarían una disminución en el monto que el Estado tendría que aportar para subsidiar las tarifas del tren eléctrico.
Según cálculos de la unidad ejecutora de Incofer, Costa Rica tendría que pagar anualmente unos 71,5 millones a la empresa concesionaria. Como “punto de partida”, en los estudios de factibilidad se establecieron $95 millones.
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Sin embargo, el Gobierno sigue sin definir la fuente de financiamiento de dichos aportes.
“Formalmente, hay una serie de pasos por cumplir y eso es lo que a veces nos cuesta entender con los proyectos de concesión de obra pública. Una vez que nosotros tengamos el cartel definitivo, nos presentamos ante el Ministerio de Hacienda para consultarle si las contingencias fiscales que presenta este cartel, como lo dice el reglamento de Hacienda, el país estaría dispuesto a asumir”, manifestó Briceño.
De acuerdo con el borrador del cartel licitatorio del tren eléctrico, viajar en cada una de las líneas durante las franjas horarias de mayor demanda, tendría un costo de ¢800 como tope máximo.
Durante horas de menor demanda los usuarios pagarían un tope de ¢600 por línea.
De acuerdo con el borrador del cartel licitatorio, la empresa concesionaria deberá respetar esos topes máximos en el cobro de los tiquetes. No obstante, podrá realizar descuentos e, inclusive, cobrar un menor precio por recorridos más cortos.
El subsidio es una figura que implementan los sistemas de transporte público masivos del mundo, para que el costo de los boletos o pasajes sean accesibles.
“A veces hablamos como si el sistema actual no tuviera costos. En realidad, las ineficiencias del sistema actual tienen costos elevadísimos para todos. El estudio del Estado de la Nación habla de que la pérdida de tiempo en los desplazamientos cuesta 4,3% del producto interno bruto (PIB). Eso al final es un subsidio que estamos pagando todos por ese mal sistema”, afirmó la ministra de Ambiente, Andrea Meza.
De construirse el sistema de transporte público sostenible, la primera línea que entraría en operación sería la que conecta San José, Heredia y Alajuela.
Según estimaciones realizadas, el subsidio anual de esa ruta costaría cerca de $33 millones sin la aprobación del crédito del BCIE.
“La propuesta que presentamos en reuniones precartelarias es iniciar con esa primera fase sin aporte al Capex (costo global de la obra), es decir, sin la presión del crédito que está en la Asamblea Legislativa.
“Sino que realizar esa primera fase únicamente con aporte al OPEX (costo de la operación), que estaríamos, según las estimaciones, con un subsidio de $33 millones anuales tomando en cuenta solo los ingresos por tarifa. Casi que la principal variante será el menor subsidio que se le pida al país”, dijo la jerarca de Incofer.
Según Roberto Artavia, presidente de Incae Business School, los beneficios económicos ocasionados por la obra compensan el subsidio. No obstante, añadió que también se debe valorar la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM).
“No tiene ningún sentido estar discutiendo si el subsidio es de $33 millones o $35 millones, que si Hacienda lo va a sacar del impuesto a los combustibles o del marchamo. Es una cosa mucho más grande que todo eso.
“Cuando dicen que es un proyecto país estamos hablando no solo del impacto que tiene en la estructura financiera del Gobierno, menos costos de petróleo, menos repuestos, menos importación de vehículos, sino también del beneficio que le lleva a cada familia, a cada trabajador, a cada estudiante en su calidad de vida.
“Esto no se le puede asignar un número, pero es el número de todos los más importantes que se pueden tomar acá”, destacó Artavia.
Un análisis de esa centro de estudio, contradice la posición de diputados opuestos al del tren eléctrico, según los cuales, el plan no ayuda a reactivar la economía.
El estudio de Incae afirma que la construcción de la obra ocasionaría un crecimiento de entre 0,5 y 1,6 puntos porcentuales en el PIB.