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La arquitecta Claudia Dobles, primera dama de la República, manifestó que el criterio de la Procuraduría General de la República deja claro que su puesto no se limita a actos protocolarios. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)
Desde que llegó a Casa Presidencial, en mayo de 2018, la primera dama de la República, Claudia Dobles Camargo, adoptó el proyecto de construir un tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana (GAM). Desde entonces, expresó que asumiría la “coordinación y articulación” de la obra, protagonizó reuniones con alcaldes y diputados para promover la iniciativa, defendió e impulsó el financiamiento y desempeñó un papel clave frente a la prensa.
Incluso, para cumplir con ese rol, la oficina de la primera dama contrató varios asesores para dar seguimiento al avance de la propuesta, lo cual ha sido cuestionado por algunos diputados en varias oportunidades.
No obstante, un criterio reciente de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que Dobles no puede asumir la coordinación de ese proyecto, pues su cargo no forma parte del “funcionariado público”.
“(...). En el caso particular del tren eléctrico es previsible que requiera de una coordinación administrativa intersubjetiva a nivel intersectorial y regional, además de potestades de imperio como la contratación administrativa, exoneraciones y expropiaciones, lo que constituye una competencia vedada a la primera dama”, estableció el procurador Alonso Arnesto Moya, en el oficio PGR-C-362-2021. Ese documento fue remitido a este diario por la oficina de prensa de la PGR, la tarde de este miércoles.
En el pronunciamiento, Arnesto Moya enfatizó que la persona que ocupe el puesto de primera dama “carece de un poder de decisión en la adopción de actos administrativos”, lo cual es incompatible con las necesidades de un proyecto como el tren eléctrico en la GAM.
Además, según la resolución, “la potestad de dirigir y coordinar la Administración Pública es irrenunciable, intransmisible e imprescriptiblemente del presidente y los ministros”. Sin embargo, aclaró que la primera dama sí puede participar como asesora o facilitadora en los temas que el presidente de la República le encargue.
Las apreciaciones de la Procuraduría fueron emitidas luego de una serie de preguntas hechas por el Ministerio de la Presidencia en noviembre de 2020.
La Nación intentó conversar con Dobles sobre este asunto, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular. También se pidió una entrevista con la primera dama a través de su encargada de prensa, Diana Salas, pero al cierre de esta información no había dado respuesta.
En un video divulgado por la oficina de prensa de Casa Presidencial, Dobles dijo que “por primera vez en la historia de Costa Rica”, el pronunciamiento de la Procuraduría deja claro que el papel de la primera dama no se limita a actividades protocolarias o de acompañamiento del mandatario.
“Establece que puede tener un rol activo en las políticas públicas apegado al marco jurídico vigente y en estricto respeto de las rectorías y competencias legales correspondientes, articulando siempre con las instituciones públicas a cargo, como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta el último día, apegados a la legalidad y la transparencia”, declaró la primera dama.
