“He escuchado diputados insinuando, sin ninguna prueba, que mi persona o la primera dama tenemos un negocio o algo relacionado con eso. Primero, si van a lanzar una acusación así, que me muestren la prueba, porque lanzar una acusación así sin tener pruebas es una canallada, eso es lo que es, manchar el nombre de mi esposa y el mío”, afirmó Alvarado luego de celebrar la sesión del Consejo de Gobierno en Puntarenas.
Agregó que los diputados preguntan cuál es la urgencia del tren eléctrico. En su criterio, la urgencia es está en las presas que “nos hacen incurrir en más gastos y en menos competitividad” en la gran área metropolitana, para los habitantes de localidades como Heredia, San José y Cartago.
El presidente se refirió a la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el proyecto ferroviario, la cual determinó que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) incurrió en riesgos importantes al brincarse etapas para apurar el plan de concesión del tren eléctrico.
El documento concluye que el Instituto inició la contratación de los estudios de factibilidad sin haber finalizado la totalidad de análisis que sustentaban la prefactibilidad del proyecto, lo que llevó a que no se contara con todos los resultados de una etapa como insumo para la toma de decisiones de la siguiente.
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“No hay ninguna parte del informe que diga que el proyecto no va; al contrario, lo que la Contraloría emite son recomendaciones que, como ha dicho Incofer, son sujeto de estudio e incluso de incorporación. Creo que es la primera vez que se hace una auditoría en una etapa tan previa como esta; es para mejorar el proyecto y eso es lo que vamos a hacer, tomar las recomendaciones y mejorar el proyecto, pero en ningún lado de este informe se dice que no va; eso es lo que dicen los opositores del proyecto. Nosotros tomamos observaciones y seguimos adelante”, declaró Alvarado.
Alvarado cree que algunos diputados han utilizado el informe de la Contraloría para descartar el proyecto e insistió en que está en las manos del Congreso aprobar o rechazar el crédito de $550 millones (¢346.500 millones) que cubriría el aporte estatal para la obra.
Un total de $250 millones los aportaría el Fondo Verde del Clima, de Naciones Unidas, con una tasa de interés del 0% a 40 años plazo y una década de gracia para comenzar a pagar. Los restantes $300 millones los prestaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con una tasa del 3,8% anual.
El plazo para discutir este financiamiento en la Asamblea Legislativa vence el 1.° de noviembre. Si para esa fecha no existe voluntad política, el préstamo será archivado.
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“Yo creo que quienes se oponen al proyecto lo que han hecho es tomarlo (el informe de la Contraloría) como una narrativa para enterrarlo, pero hay que ver lo que dice la Contraloría en su justa dimensión. Eso está en manos de los diputados”, dijo el presidente, quien insistió en que la ejecución de la obra empezaría en el 2025 y, para esa época, ya habría espacio fiscal para que el Estado ayude a financiar el tren rápido de pasajeros.
En defensa del plan, Alvarado dijo que el aporte estatal se financiaría con un “crédito prácticamente regalado y con una donación de más de $20 millones”, además de que ayudaría a la reactivación económica. “El ánimo es perfeccionarlo”, dijo sobre el plan ferroviario.
