Seis años después de que se firmó el contrato de concesión para la nueva Terminal de Contenedores de Moín, de la cual Japdeva recibe un canon mensual, esa institución no solo no ha establecido el plan de inversión para ese dinero, sino que tampoco formalizó el fideicomiso para manejarlo.
Ante esa inacción de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Gobierno creó una comisión que trabaja en el portafolio de proyectos. Además determinó que mientras se crea el fideicomiso, los recursos llegarán al Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Así lo confirmaron la ministra de Planificación Pilar Garrido y la secretaria técnica del CNC, Paola Benavides.
El primer giro de esos fondos fue de $26.000 y la estimación de la concesionaria del megapuerto es que para final de este año, habrá pagado $1 millón.
Según Benavides, el Consejo colabora en la estructura para que Japdeva finalmente formalice el fideicomiso que gestionaría los recursos.
En tanto, el CNC recibirá los recursos de la concesión en un “fideicomiso puente”, para posteriormente redireccionarlos al fideicomiso de inversión que cree Japdeva.
“La idea es que haya un comité de inversión y ese comité pueda tomar las decisiones en relación a la inversión de los recursos, es algo que se está construyendo”, explicó la secretaria técnica.
La conformación de esa estructura que propone el CNC se concretaría la próxima semana.
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Por su parte, Garrido explicó que el Ministerio de Planificación trabaja en conjunto con Japdeva en la elaboración de un portafolio de proyectos que han sido previamente priorizados.
En una siguiente fase, deberá determinarse si las propuestas son factibles económica, financiera y socialmente, para luego establecer cuánto requerirá del canon, para que sirva de aporte estatal en una eventual alianza público-privada.
Proyectos para Limón
El contrato de concesión con la empresa holandesa APM Terminals la obliga a girar el 7,5% de los ingresos brutos que genere la nueva terminal.
Según las estimaciones de la transnacional, el primer año, ese canon podría sumar unos $20 millones y a lo largo de los 30 años que dure la concesión, Japdeva habrá recibido casi $1.000 millones que deben ser invertidos en el desarrollo de la provincia de Limón.
Uno de los primeros proyectos que utilizará los recursos que la APM empezó a girar desde el pasado 10 de noviembre al Estado, es el tren eléctrico de carga.
La idea, explicó Garrido, es que el canon cubra un porcentaje de la inversión y posteriormente se financie por sí mismo con los recursos que generaría producto del traslado de mercaderías.
“La idea es que pueda servir como en el caso del tren de carga para poder tenerlo y en otros proyectos apalancar la inversión privada y cubrir la parte que corresponde al Estado y hacer un alianza público privada”, dijo Garrido.
La jerarca aseguró que la decisión de tomar las riendas de esas inversiones provino del propio presidente Carlos Alvarado, quien participará en la toma de decisiones en conjunto con Japdeva y el Mideplán, sobre las prioridades de inversión para la provincia.
Esos proyectos, estarían asociados a la generación de empleo y desarrollo de la provincia, así como al desarrollo de soluciones ante la entrada en operación de la TCM.
Por ejemplo, explicó la ministra, tendrían que ver con la mejor gestión de la carga mixta que Japdeva propone para mantener a flote sus operaciones, la remodelación de la terminal de cruceros o una marina.
La intención insistió la ministra, es que sean proyectos que “sean retornadores”, es decir que generen inversión y empleo según el perfil de la fuerza laboral de la provincia.
En el caso de la marina, el Mideplan financiará la etapa de pre-inversión.
Según dijo la ministra, lo que se pretende es que antes de tener un portafolio se pueda garantizar que todos los proyectos que serán financiados por el canon sean factibles, para luego estructurarlos y trabajarlos mediante alianzas público privadas.
Garrido enfatizó en que el dinero del canon no se puede utilizar para el pago de liquidaciones , convenciones colectivas u otros rubros que no generen desarrollo a la provincia.
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Japdeva aún no ha mostrado una postura clara sobre la reubicación de personal que debe realizar o si incluso requerirá el cese de trabajadores, una vez que pierda más de la mitad de sus operaciones.
Tampoco dispone de los recursos para el pago de las liquidaciones, en caso de tener que realizar despidos masivos.
En agosto, el Gobierno emitió un decreto para trasladar de manera horizontal a otras instituciones a los empleados que deje de requerir.
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Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo reporta solo unos 90 empleados que se han enlistado para modalidad, de unos 600 que deberían ser reubicados.
Este miércoles, se intentó conocer la versión del presidente de Japdeva, Greivin Villegas en relación al avance de esas acciones y la creación del fideicomiso pero no atendió las llamadas de este medio.
