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El cálculo político generó atrasos de hasta 1.250 días en obras de infraestructura, cuyas órdenes de inicio fueron anunciadas con “bombos y platillos” sin haberse completado fases previas como las expropiaciones o la reubicación de servicios públicos.
Tal situación se evidencia, por ejemplo, en el tramo norte de la carretera de Circunvalación, cuya construcción debió tardar 540 días luego de recibir orden de inicio en setiembre de 2017, durante la administración Solís (2014-2018). La obra acumula un retraso de 1.250 días.
Así lo revela un análisis basado en datos y líneas de tiempo de 30 proyectos de infraestructura, el cual fue divulgado este miércoles por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).
Otro proyecto que mantiene significativos atrasos es la ampliación de la ruta 32 entre el cruce a Río Frío y el centro de Limón, con 886 días de demora.
Dichos trabajos recibieron orden de inicio en noviembre de 2017 y debieron estar concluidos en 1.020 días (para en setiembre del 2020). La obra, sin embargo, ha recibido tres prórrogas; la última fecha de entrega se trasladó al 8 de febrero de 2023.
Entretanto, la ampliación entre Cañas y Limonal, en la Interamericana Norte, acumula 603 días de demora, pues debió estrenarse en setiembre del 2020.
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Por otra parte, el primer lote de las llamadas Obras Impostergables (OBIS) que se realizan en el corredor vial entre San José y San Ramón registran 407 días de rezago.
Este lote comprende el puente sobre el río Ciruelas, otros dos sobre río Alajuela y río Segundo, el paso inferior a la altura de la empresa Firestone, en Belén, y el conector vial Barreal-Castella, en Heredia.
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“Este tipo de atrasos se deben a decisiones políticas; es sencillamente por eso. Es por ese afán de poner primeras piedras de lugares y cortar cintas en vez de permitirse un ciclo ordenado a los trabajos.
“Todo se apura, se fuerza como si por darse una orden de inicio se hiciera la obra”, manifestó Roberto Fiatt, miembro del Comité de Infraestructura de la CCC, al presentar los hallazgos del estudio.
Para la Cámara, en el último año se agravó el incumplimiento de la preingeniería o de las etapas previas a la construcción de infraestructura vial.
De hecho, el estudio muestra que el año pasado hubo un avance general de las obras de solo un 1%, mientras que en el 2021 el progreso de los trabajos rondaba el 3% y en el 2020 era de un 11%.
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La Cámara halló que, según el reporte de los encargados de los proyectos, etapas que el año pasado y antepasado se habían reportado como cumplidas, para este 2022 se reportan como inconclusas. ¿Cuáles? Viabilidad financiera, expropiaciones o reubicación de asentamientos, que repite por segundo año consecutivo en este análisis.
También se destectó parálisis total en otras etapas previas como diseño y estudios, corta de árboles en cauce y obtención de permisos, adjudicación en firme del trabajo y confección de contrato y refrendo.
El análisis de los plazos de ejecución de los proyectos con la preingeniería concluida o casi lista, antes de darse la orden de inicio, demuestra cuán crítica es esta etapa.
Según la CCC, proyectos con su preingeniería concluida o casi terminada sufrieron atrasos de un 8%, lo cual es aceptable para la Cámara. Sin embargo, aquellos sin esa etapa terminada sufren atrasos de hasta un 135% y permanecen sin completar la obtención de permisos, las expropiaciones o la mudanza de servicios.
Fiatt reiteró que los últimos gobiernos fueron ayunos en promover avances en la preingeniería de nueva infraestructura vial porque limitaron su gestión a su periodo específico de gobierno.
Por ejemplo, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) heredó de la administración Solís Rivera tres proyectos con orden de inicio sin la preingeniería concluida. Alvarado Quesada, a su vez, emitió orden de inicio para 13 proyectos, nueve de los cuales no tenían la preingeniería concluida y otros cuatro la tenían casi concluida.
El gobierno pasado logró finalizar la preingeniería de siete proyectos (dos de los cuales venían desde el anterior), pero heredó a la administración de Rodrigo Chaves nueve proyectos con orden de inicio sin las etapas previas terminadas (incluida una obra del gobierno de Solís Rivera).
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“Esta cámara advirtió desde el 2014 al gobierno y a la Asamblea Legislativa que el contrato de la ruta 32 estaba mal. Luis Guillermo Solís dio la orden de inicio y, todo cuanto dijimos, ocurrió.
“Vamos ya por cinco años sin traslado de servicios públicos y expropiaciones. Es como construir una casa, pero sin dinero, lote y un boceto del arquitecto, pero sin permisos y planos y, de todos modos, le pagás al maestro de obras mientras tanto”, ironizó Fiatt.
Metodología
La primera edición del nuevo análisis que divulgó la Cámara este miércoles arrancó en mayo del 2018.
El estudio consiste en un listado de 14 etapas previas a la construcción de un proyecto y a cada una de las cuales se le asigna una ponderación basada en tiempos razonables que se requieren para cumplirlas.
A continuación, se genera un cuestionario con posibilidad única de respuesta “si” o “no”, donde se consulta a los encargados de los proyectos analizados sobre si la etapa de preingeniería está concluida al 100%.
Las etapas estudiadas por la Cámara, con información proveniente de los propios responsables de las obras, incluyen entre otras: el anteproyecto, viabilidad financiera, diseños y estudios, viabilidad ambiental, permisos, reubicación de servicios públicos, expropiaciones, confección de cartel, licitación y apelaciones, adjudicación, confección de contrato, refrendo y orden de inicio.
Todo este proceso suele completarse en condiciones ideales en un plazo de seis años y medio, pero en algunos casos, explicó la CCC, puede tardar tanto que la ejecución completa de un proyecto trasciende varias administraciones.
