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En el papel quedaron las intenciones del Gobierno de ampliar los 2,2 kilómetros de la radial en Lindora, Santa Ana. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) decidió quitarle el proyecto a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por falta de financiamiento y será responsabilidad de la próxima administración definir qué pasará con la obra.
La decisión consta en un oficio enviado el pasado 4 de abril por Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, a Alejandro Rossi, director de UNOPS en Costa Rica. Ese organismo tenía a cargo el proyecto desde 2016 y desde entonces recibió $1,1 millones (¢726 millones al tipo de cambio actual) por salarios de técnicos y burócratas en el país y la región, viáticos, traslados, gastos administrativos, materiales de oficina y estudios previos.
En otras palabras, el país le trasladó cientos de millones a la oficina de la ONU para una nueva carretera y más de seis años después no se ha puesto una sola piedra para la construcción. En ese tiempo, no solo se gastaron esos recursos, sino que el costo total de la ampliación pasó de $8,5 millones a $19 millones.
“Se solicita proceder con el cierre del memorando de acuerdo suscrito de conformidad a la instrucción emitida por el Consejo de Administración”, expresó Méndez Mata a Rossi en su escrito.
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El argumento para congelar la obra es que el Estado no dispone de los $19 millones necesarios para su ejecución.
“No puede quedarse activo un proyecto que no tiene financiamiento, no puede quedarse así por un tiempo indefinido sin saber de dónde van a salir los recursos para ejecutarse (...) Esta es una de las obras que enfrenta daños colaterales por la pandemia, los problemas fiscales hicieron imposible financiarla, eso fue algo imprevisto y, por lo tanto, no se pudo ejecutar. Habrá que financiarla y, en ese sentido, está en trámite un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que esperamos continúe la siguiente administración; es un crédito por $400 millones para varias obras”, declaró el ministro a La Nación.
Problemas viejos
No obstante, los problemas de financiamiento relacionados con la ampliación de la radial en Lindora no nacieron con la pandemia, desde enero de 2020 ya se sabía que faltaba dinero para concretar el proyecto.
Los $1,1 millones transferidos a UNOPS para la administración de la obra fue solo uno de los tropiezos del plan, pues en julio de 2020 la Contraloría General de la República planteó más de 30 dudas sobre la forma en que gestionaba la iniciativa.
Por ejemplo, la Contraloría exigió al Conavi precisar las razones por las que se cambiaron los diseños de construcción originales, por qué contrató a una empresa (RQ Ingeniería de Tránsito) para la modificación de los planos si estaba previsto que esa tarea la realizara UNOPS y si los cambios se deben a omisiones o readecuaciones.
También, solicitó indicar si tenían pendiente la ejecución de expropiaciones, detallar el monto necesario para la restitución de servicios públicos y aclarar si ese rubro estaba incluido en el presupuesto original de $8,5 millones.
Además, la CGR interpeló al Consejo sobre por qué estaba incluido en el costo total de la construcción una partida de $53.000 (¢32 millones) para impartir talleres de perspectiva de género.
Méndez Mata concluyó que la ampliación de la radial en Lindora era “un proyecto enfermo”, que trataron de corregir los defectos en el camino, pero que al final no lograron rescatarlo. “Al final no lo logramos”.
Las autoridades de tránsito estiman que por la radial en Lindora pasan 35.000 vehículos por día.
Alto costo de UNOPS
Según la resolución emitida por la Contraloría, los desembolsos por los servicios de UNOPS para administrar y ejecutar la ampliación se triplicaron entre 2016 y 2020. Una muestra de ello es que los costos directos de personal estaban tasados en el contrato original en $273.000 y hasta $955.000.
De acuerdo con el plan de cierre de UNOPS con respecto a la ampliación de la radial en Lindora, de los $1,1 millones recibidos $372.000 (33%) corresponden a sueldos de personal.
En los últimos años, UNOPS ha sido blanco de múltiples cuestionamientos por el incremento en el precio de la infraestructura pública a su cargo, por negar el acceso a información pública y por rehusar inscribirse como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al ser un organismo internacional.
