EscucharEl fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, solicitó al Consejo de Gobierno que certifique el acuerdo mediante el cual se nombró a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como ministra de Planificación Nacional.
La solicitud de información, planteada el 24 de enero, forma parte de una investigación por el delito de “abuso de autoridad y otros en perjuicio de la Autoridad Pública”.
La petición firmada por Díaz consta en el oficio FGR-44-2025 dirigido a Yara Jiménez Fallas, secretaria del Consejo de Gobierno. En el documento, el fiscal general también le pide indicar cuáles son los requisitos para ocupar el cargo de jerarca de Planificación.
El requerimiento debía ser atendido en un plazo de cinco días hábiles.
Díaz no especifica en su comunicación quiénes son los investigados por el presunto abuso de autoridad, no obstante, señala que la causa penal se tramita bajo el expediente 25-000005-0033-PE. La Nación consultó a la oficina de prensa del Ministerio Público sobre este asunto, pero aún no hay respuesta.
Caso de Marta Esquivel
Marta Esquivel fue nombrada como jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) el 8 de enero de 2025, momento para el cual corría el plazo de suspensión del cargo como presidenta ejecutiva de la CCSS dictado por el Juzgado Penal de Hacienda el 10 de octubre, por un plazo de seis meses.
La ahora ministra de Planificación es una de las imputadas en el denominado Caso Barrenador, en el cual se investiga la contratación de cooperativas para la administración de Ebáis con un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales. Fue en relación con este caso que Esquivel fue detenida el 23 de setiembre de 2024 y posteriormente se le dictó la suspensión como medida cautelar.
Contra ella se sigue un proceso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
A pesar de la causa judicial que se le sigue a Esquivel, el presidente Rodrigo Chaves Robles la nombró como ministra de Planificación, posición que le otorga inmunidad, pues la Constitución Política garantiza esa protección a los ministros de gobierno. El artículo 143 de la Carta Magna especifica que ni el presidente de la República ni sus ministros podrán ser arrestados por una causa penal, salvo que el Congreso lo autorice.
Esta nueva circunstancia motivó a que el 15 de enero, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advirtiera de que la designación de Esquivel en ese cargo se convertía en un obstáculo para la investigación por la aparente contratación con sobreprecios.
“Cuando se da la situación que nombran a doña Marta Esquivel de ministra, inmediatamente supe lo que iba a pasar, que se iba a detener toda la investigación a un punto cero”, declaró Zúñiga en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio.
Esquivel, por su parte, rechazó el comentario e incluso dijo que estaría valorando renunciar a su inmunidad. Tales manifestaciones fueron dadas al medio Ameliarueda.com.
“Es una falsedad que simplemente porque entro en un cargo que tiene inmunidad ya nada se va a mover, eso es totalmente falso, la investigación sigue en los mismos términos, y yo más bien desearía que lo que se ha pedido desde hace rato de las pericias técnicas, que avancen, porque yo veo que la Fiscalía no se mueve para ningún lado”, expresó días atrás.
Entretanto, la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas dio a conocer su oposición a la designación de Esquivel en Mideplán, por considerar que no es idónea para ocupar un puesto de naturaleza sensible en materia económica.
“Desde esta Fiscalía expresamos nuestra oposición, desde el punto de vista de idoneidad profesional, al nombramiento de una persona sin formación en ciencias económicas”, expresó la organización en un comunicado del 10 de enero.
Marta Esquivel Rodríguez fue nombrada en este gobierno como ministra de Trabajo, no obstante, en setiembre de 2022 asumió la Presidencia Ejecutiva de la CCSS tras la destitución de Álvaro Ramos Chaves, quien fue separado por diferencias de criterio con el mandatario en relación con el aumento salarial retroactivo para todos los empleados que aprobó la Junta Directiva de esa entidad.
