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El número de expedientes paralizados en la Sala Constitucional por falta de magistrados suplentes no deja de aumentar. La cifra subió a 135 causas.
Pese al fallo de este tribunal que prorrogó el nombramiento de los anteriores magistrados sustitutos, para garantizar el funcionamiento de la cámara mientras la Asamblea Legislativa no elija a los nuevos, el número de causas detenidas se elevó en 12 adicionales entre junio y julio.
La razón de ello es que la Sala aún no ha convocado magistrados suplentes a resolver casos, en los que haya titulares inhibidos, porque la resolución aún no ha sido redactada en su totalidad y faltan incorporar los votos salvados y las notas.
“No es posible establecer una fecha para su incorporación (de los magistrados suplentes), pues primero debe completarse la resolución n.° 2026-029344, correspondiente al expediente n.° 26-13498-0007-CO, que los habilita para asumir el cargo", explicó la oficina de prensa de ese tribunal.
La parálisis en 135 expedientes se debe a que uno o varios magistrados se inhibieron de conocer esos casos.
Bloqueo del PPSO
El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha impuesto un bloqueo al nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional, dado que no aportaron sus votos a ninguno de los candidatos que la Corte Suprema de Justicia presentó, pese a su obligación constitucional de elegir con esa nómina.
Desde diciembre pasado la Sala se quedó sin suplentes, pues los nombramientos vencieron.
El 30 de julio pasado, con motivo de un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa, una mayoría del propio tribunal Constitucional dictó una sentencia que prorrogó el nombramiento de sus auxiliares hasta que los diputados elijan a los nuevos.
La sentencia también ordenó a Yara Jiménez Fallas, presidenta de la Asamblea Legislativa, que ponga la nómina de candidatos a conocimiento del plenario “en la próxima oportunidad posible, respetando los parámetros establecidos en la resolución”.
De esa forma, los magistrados anularon el acuerdo tomado por la Congreso para devolver la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y solicitar una nueva nómina a la Corte Suprema de Justicia.
El voto fue aprobado con una mayoría de cuatro magistrados frente a tres que salvaron el voto. A favor votaron Fernando Cruz, Paul Rueda (instructor del caso), Jorge Araya e Ingrid Hess Herrera. En contra lo hicieron Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo (presidente de la Sala) y Anamari Garro.
El Congreso devolvió dos veces la nómina. La primera vez ocurrió el 10 de junio, cuando el PPSO aprobó una moción de orden con ese fin. Un mes después, el 15 de julio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, reiteró esa decisión.
Tras la primera devolución, la Corte Plena acordó remitir intacta a los diputados la nómina al argumentar que no se brindó un motivo para rechazar el listado.
La Sala Constitucional corría el riesgo de una parálisis, ya que, si alguno de los siete magistrados propietarios se ausenta por jubilación, enfermedad o vacaciones, o si el Congreso decide no reelegirlo, el tribunal no podría sesionar.
