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Los rectores de las cinco universidades públicas acudieron este martes a la Sala IV para presentar una acción de inconstitucionalidad contra el recorte de ¢10.000 millones al Fondo de la Educación Superior, que los diputados aprobaron en octubre del 2018.
Los funcionarios consideran que este rebajo en sus ingresos va en contra de lo que establece el artículo 85 de la Constitución Política, que señala que el Estado mantendrá un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal, cuyas rentas “no podrá ser abolidas ni disminuidas” y que la partida correspondiente debe estar ajustada con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.
Para el 2018 el monto del FEES definido por la Comisión de Enlace (integrada por los rectores y los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), se fijó en ¢511.000 millones. Este presupuesto reconocía el 3% como inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.
Sin embargo, los diputados aprobaron una moción para que ese fondo quedara en cerca de ¢500.000 millones.
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En la acción de inconstitucionalidad, los funcionarios alegaron, además, que en el recorte de los ¢10.000 millones hay una intervención “indebida” del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 de la Carta Magna.
Este artículo estipula que: “Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”
Los rectores interpretan, con ese artículo, que la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto a asignar para el FEES, en determinado año, por parte del Poder Ejecutivo.
Los máximos jerarcas universitarios pidieron a la Sala IV que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa incluyan, por medio de un presupuesto extraordinario del año 2019, los fondos necesarios para reincorporar los ¢10.000 millones que les fueron “inconstitucionalmente” rebajados.
Además, solicitaron prevenir, tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, de “abstenerse de realizar acciones u omisiones que impliquen incumplir durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, el monto del FEES que debe ser incluido según los términos señalados por el artículo 85”.
“Consideramos que tenemos argumentos que creo que son fehacientes, muy sólidos. La Asamblea Legislativa ha procedido en contra del texto constitucional y ha violentado los preceptos constitucionales; siendo así las cosas es que nosotros como instituciones de educación superior tenemos que salir a reafirmar los principios que nuestra Constitución establece.
"Con esta acción nosotros salimos en defensa de nuestra Constitución, en defensa de nuestro Estado de derecho y salimos en defensa en última instancia del pueblo costarricense”, dijo el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen.
El presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2018 fue de ¢496.279 millones. Los ¢15.000 millones de más de aumento del fondo, entre 2018 y 2019, provinieron de “sobrantes” de la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La Nación publicó meses atrás que “no existe un criterio técnico que sirva de insumo para definir el monto que necesitan las universidades, ni cómo distribuirlo”.
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Tampoco existe fiscalización del Gobierno para evaluar los resultados del uso del FEES. El 80% de ese fondo se gasta en salarios.
Los diputados de la Asamblea Legislativa crearon el 7 de enero la Comisión Especial sobre el FEES que investiga el uso que se le da al presupuesto universitario. Este martes esa comisión tuvo su primera reunión.
