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Los oficiales de seguridad de la Universidad de Costa Rica (UCR) podrán perseguir a presuntos responsables de hechos ilícitos incluso fuera de las instalaciones del campus universitario, de acuerdo con un convenido firmado con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el 16 de marzo.
Anteriormente, estos funcionarios no tenían margen de acción a lo externo del centro educativo, por lo que si algún aparente criminal salía de la UCR mientras era perseguido o para esconderse de las autoridades, los oficiales no podían salir para detenerlo, ya que solo los policías de la Fuerza Pública ostentaban esa potestad.
Sin embargo, el nuevo acuerdo les permitirá trabajar en conjunto y coordinar las acciones necesarias para detener la delincuencia que ocurra dentro o en los alrededores de la casa de enseñanza. La Nación tuvo acceso a este documento, el cual fue firmado por el rector Gustavo Gutiérrez y el ministro Michael Soto.
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“El presente convenio tiene por objeto, establecer las condiciones y protocolos para la coordinación entre el MSP y la UCR, en los casos en que se deba prevenir o perseguir a los presuntos responsables de un hecho ilícito, estén dentro de las instalaciones de la Universidad, ingresen o se mantengan en el perímetro inmediato a esta”, señala el convenio R-CONV-009-2022, con plazo de cinco años y prorrogable por dos periodos más.
Según el acuerdo, lo que se busca es dotar a los oficiales de Seguridad y Tránsito de la UCR y de la Fuerza Pública de un instrumento que permita la coordinación entre ambos cuerpos, para mejorar la seguridad y el orden público dentro de la institución y del entorno de la UCR, “de conformidad con el ordenamiento jurídico, la autonomía universitaria y las facultades y potestades otorgadas por el legislador a la Fuerza Pública”.
Los oficiales universitarios actuarán en todo momento y coyuntura en calidad de coadyuvantes de la Fuerza Pública, dentro del marco de las obligaciones y responsabilidades que se les ha asignado por parte de la UCR como patrono, “siendo el vínculo laboral exclusivo con este último”. Por lo tanto, la suscripción del convenio “no implica sujeción laboral” de los policías del MSP con las autoridades del centro educativo.
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El ámbito de acción territorial se circunscribe a las instalaciones físicas y dependencias de la UCR, así como en el perímetro externo inmediato a estas, bajo la dirección del jefe de Seguridad y Tránsito, el director de Servicios Generales, el vicerrector de Administración y el rector de la Universidad. Se actuará “en caso necesario y ante la comisión de algún delito o contravención, o que se tenga noticia de ello, según sea el caso”.
También se harán coordinaciones cuando se presente la comisión de hechos que “atenten contra la seguridad, el orden público y la tranquilidad”, pero deberá ser la Fuerza Pública la que pida el auxilio institucional cuando así lo necesite. Además, la ayuda o colaboración estará sujeta a la capacidad o disponibilidad de la ‘U’, por lo que si el requerimiento excede las herramientas institucionales, así se le hará saber a los efectivos del MSP.
Asimismo, las actuaciones y aprehensiones que realicen los oficiales universitarios estarán bajo el marco jurídico vigente y serán remitidas a la Fuerza Pública o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según sea el caso, para que se continúe con el debido proceso legal.
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“Los funcionarios estarán en la obligación de auxiliar a la Fuerza Pública, informar y coordinar con esta, cuando por la naturaleza del evento, hecho o emergencia, se enfrente una situación que represente un riesgo para la seguridad de los bienes, de las personas, la seguridad común o el orden público, ya sea este un acto delictivo, contravencional o se vincule con la UCR, sus estudiantes y personal, o se esté frente a un caso en flagrancia”.
Fuerza Pública debe coordinar
Por su parte, la Fuerza Pública deberá coordinar con la Sección de Seguridad de la ‘U’ todo lo relacionado con la seguridad ciudadana, ejecución de órdenes judiciales, aprehensión de presuntos responsables de hechos delictivos o contravencionales, restablecimiento del orden público y en todos aquellos hechos vinculados o que guarden relación con la Universidad de Costa Rica, sus estudiantes o funcionarios institucionales.
También deberá colaborar en cualquier evento de índole delictivo reportado por la Seguridad del centro educativo y levantar toda la información relacionada con el suceso, documentarlo y dejar constancia material de ello ante la UCR, “siempre y cuando no se afecte la privacidad de las investigaciones de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal”. Además, coordinar para cada notificación administrativa o judicial.
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Los efectivos de la Fuerza Pública, entretanto, deberán abstenerse de realizar cualquier acto que represente discriminación de cualquier tipo dentro de la Universidad y, en caso de darse alguna acción que resulte presuntamente discriminatoria, tendrán que acatar los procedimientos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra la discriminación.
Por último, el convenio también incluyó una cláusula en la que los policías se comprometen a tener procedimientos efectivos y capacitarse en materia de hostigamiento sexual, por lo que si algún miembro de la comunidad estudiantil los denuncia por este tema, los efectivos deberán asumir el procedimiento en los términos de la ley 7476 e incluso la Universidad podría rescindir del acuerdo por el incumplimiento.
“La responsabilidad que en materia de seguridad comparten el MSP y la UCR, con las personas estudiantes, funcionarios y los que se relacionen con estos, hacen impostergable unir esfuerzos que permitan enfrentar y prevenir el fenómeno criminal, las nuevas formas de comisión de ilícitos y el crecimiento y especialización de la delincuencia en nuestro país, fenómenos que no son ajenos a la dinámica de convivencia universitaria.
“Es imperante la labor conjunta y de manera coordinada entre el MSP y la UCR, con la única finalidad de atacar la delincuencia con la celeridad y oportunidad requerida según las necesidades de la población”, concluye el documento del convenio.
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